El bestiario
Estamos experimentado un fenómeno de alta concentración de poder en el presidente López Obrador. Pero, como se demostró en las elecciones de 2021, la ciudadanía vota en mayor número por opciones políticas de oposición. En junio de este año 2021 México renovó su Cámara de Diputados y fueron electos 30 congresos locales y los alcaldes de 30 entidades federativas, así como 15 gubernaturas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de una coalición electoral, se hizo con la mayoría de la Cámara y ganó 12 de las 15 gubernaturas. De esta forma consolida su liderazgo y su partido se confirma como la primera fuerza política para continuar con un programa de gobierno que introduce profundos cambios en el diseño constitucional, el funcionamiento de las instituciones y los equilibrios de poder en México. No obstante, la mayoría del gobierno y sus aliados en la Cámara de Diputados no se explica directamente por una votación ciudadana mayoritariamente a su favor, sino por la distorsión del sistema de representación y de traducción de votos populares en escaños. De manera relevante, los resultados de los comicios de 2021 permiten identificar que México no vive, como en el pasado, bajo la sombra de un partido hegemónico. Ciro Murayama, Economista y consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, considera que nuestro país tuvo en 2021, en medio de la pandemia del Covid-19, una elección democrática que permitió, una vez más, la renovación pacífica del poder y de la representación popular, en una investigación realizada para el Real Instituto Elcano un ‘think-tank’ de estudios internacionales y estratégicos que analiza el mundo desde una perspectiva española, europea y global, con sede en Madrid, España.
Santiago J. Santamaría Gurtubay
En junio de 2021 México renovó totalmente la Cámara de Diputados y tuvo también elecciones en las 32 entidades federativas (Estados) que componen la república, donde se eligieron 30 congresos locales, las alcaldías de 30 estados y 15 gubernaturas. Fueron las “elecciones intermedias” del mandato de Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder en 2018 identificado como el primer candidato de izquierda en alcanzar la Presidencia. López Obrador es el primer gobernante desde 1997 que cuenta con una mayoría parlamentaria en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. En los primeros tres años de su gobierno ha llevado a cabo importantes cambios que afectan el diseño constitucional, el funcionamiento de las instituciones y los equilibrios de poder. Por ejemplo, decidió interrumpir la principal obra de infraestructura en décadas –el aeropuerto que se construía en Texcoco–, lo que provocó una drástica caída en la confianza del sector privado, optó en seguida por revertir reformas constitucionales en materia de apertura a la inversión privada en energía o de evaluación de la calidad educativa, mientras impulsó cambios legales para militarizar las tareas de seguridad pública. La figura de un mandatario fuerte, sin contrapesos, recuerda a los presidentes todopoderosos de la larga época de partido hegemónico que predominó durante buena parte del siglo XX bajo el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el que, por cierto, López Obrador se formó como político.
No obstante, la sociedad mexicana poco tiene que ver con la de hace 50 años. El sistema político vivió en las últimas tres décadas del siglo XX una transición democrática que permitió asegurar la limpieza en los procesos electorales y, a partir de ello, edificar un sistema plural de partidos que ha dado tres alternancias en la presidencia en las cuatro elecciones realizadas desde 2000. Los resultados de los comicios de 2021 permiten identificar que México no vive, como en el pasado, bajo la sombra de un partido hegemónico y que el número real de partidos y su representación en el Congreso muestran una persistente pluralidad política que no puede ser conjurada. Así, México experimenta, por un lado, un fenómeno de alta concentración de poder en el presidente, pero, por el otro, la ciudadanía vota más por opciones políticas de oposición. Es una paradoja en la que se juega el futuro de la democracia mexicana.
El triunfo de López Obrador en 2018 con 30 millones de votos a su favor significó el 53% de los sufragios
Antes de analizar los resultados de las elecciones de 2021, es preciso un apunte acerca de cómo López Obrador se hizo de la mayoría de las Cámaras a partir de 2018. En un país presidencialista no sólo en el diseño legal de su régimen político sino en su cultura política como lo es México, el triunfo de López Obrador en 2018 con 30 millones de votos a su favor, que significaron el 53% de los sufragios, hizo pensar que ese apoyo también se había producido en la votación parlamentaria, sobre todo porque la coalición ganadora (encabezada por el partido Morena en alianza con los partidos del Trabajo –originariamente de ideología maoista– y Encuentro Social –derecha conservadora en temas como el aborto–) logró obtener la mayoría de los legisladores en ambas Cámaras. Sin embargo, los estudiosos del sistema político mexicano prácticamente no repararon en que esa mayoría de asientos se construyó por deficiencias normativas en la manera de traducir votos en escaños y por estrategias políticas que permitieron vulnerar los límites que la Constitución mexicana impone a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.
Los partidos que respaldaron a López Obrador no lograron en 2018 la mayoría del voto popular a la Cámara de Diputados ni al Senado y, no obstante, consiguieron la mayoría de asientos en ambas durante la LXIV legislatura que concluyó en agosto de 2021. La mayoría de votos populares se convirtió en minoría legislativa y viceversa, los partidos que tuvieron menos de la mitad de los sufragios en las urnas acabaron contando con más de la mitad de los asientos en las dos Cámaras del parlamento mexicano. En 2021 no se renovó el Senado, porque la Constitución prevé que se elija cada seis años coincidiendo con la votación a la presidencia de la república, mientras que la Cámara de Diputados se renueva cada trienio.
La Cámara de Diputados la integran 500 legisladores, de los que 300 se eligen en distritos uninominales de mayoría relativa (el candidato más votado obtiene la diputación) y 200 de representación proporcional en cinco circunscripciones de 40 diputaciones cada una (los partidos que logren a nivel nacional el 3% de los votos conservan su registro y, en consecuencia, participan en la distribución de la representación proporcional).
La oficialista Morena formó una coalición parcial con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, ex socios del PRI
Diez partidos políticos nacionales compitieron en las elecciones mexicanas de 2021. La oficialista Morena formó una coalición parcial –no presentó las mismas candidaturas en los 300 distritos– con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista –que entre 2006 y 2018 se había coaligado con el PRI–. También hubo otra coalición parcial sin precedentes entre los tres partidos que protagonizaron la transición a la democracia en México: el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD). De forma individual se presentó Movimiento Ciudadano –que en 2018 había hecho coalición con el PAN y el PRD– y tres nuevos partidos, que obtuvieron su registro en 2020 y tuvieron que competir en solitario porque así lo dispone la ley: Partido Encuentro Solidario (PES), Fuerza Social por México (FXM) y Redes Sociales Progresistas (RSP).
Las alianzas políticas en México se explican básicamente por la voluntad pragmática de obtener la mayor cantidad de triunfos posibles y no por afinidades programáticas o ideológicas. En 2021 se emitieron a nivel nacional 47,4 millones de votos válidos, sin contar los nulos y por candidatos no registrados. El partido más votado fue Morena, con 16,76 millones de votos, el 35,3% del apoyo ciudadano, lo que le coloca como la principal fuerza política del país con la preferencia de un poco más de un tercio de los electores. Sin embargo, se trata de un apoyo muy distante del que, todavía en los años 90 del siglo pasado, obtenía el PRI cuando se erosionaba su carácter de partido hegemónico. Tomando en cuenta los votos del Partido Verde (2,67 millones, el 5,6% del total) y del Trabajo (1,59 millones de sufragios, 3,4%), que formaron una coalición electoral parcial con Morena, el bloque político gubernamental alcanzó 21 millones de votos válidos, el 44,3% del respaldo popular.
PAN, PRI, PRD y MC lograron 22.9 millones de votos en 2021, 1.9 millones de sufragios ciudadanos más que la coalición de gobierno
Los cuatro partidos de oposición que conservan su registro (PAN, PRI, PRD y MC) en conjunto lograron 22.9 millones de votos (el 48.3%), es decir, 1.9 millones de sufragios ciudadanos más que la coalición del gobierno. Las tres opciones que compitieron por vez primera (Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México) no alcanzaron el 3% de la votación para permanecer como partidos políticos nacionales. En consecuencia, como no habrá nuevos partidos hasta 2026 porque la legislación mexicana permite la creación de partidos sólo en el ciclo que se abre tras una elección de presidente, solo siete partidos protagonizarán en 2024 la elección presidencial y la renovación de ambas Cámaras del Congreso de la Unión. A partir de la elección de 2021 el presidente López Obrador podrá mantener la mayoría en la Cámara de Diputados si los partidos que formaron su coalición permanecen unidos, pues como se desprende de los datos en conjunto obtuvieron 278 diputaciones (198 de Morena, 43 del PVEM y 37 del PT), el 55.6% del total. El gobierno de López Obrador quedó lejos de la mayoría calificada de dos terceras partes (333 asientos) de la Cámara de Diputados, requeridos para hacer cambios constitucionales o, por ejemplo, para designar los consejeros del Instituto Nacional Electoral.
No debe pasar desapercibido que la mayoría parlamentaria del gobierno no es fruto de una mayoría en el voto popular. Las oposiciones tendrán 222 diputados, aunque con más sufragios ciudadanos que los partidos que respaldan al presidente. Esta peculiar situación –que la minoría de votos se vuelva mayoría de escaños y que la mayoría de sufragios acabe siendo minoría parlamentaria– se explica por tres razones fundamentales. Una, la existencia de un sistema mixto de integración de la Cámara con 300 diputados de mayoría relativa (en cada distrito el partido o coalición más votado se lleva el 100% de la representación, anulando así la expresión de las minorías, lo que siempre implica sobre- y subrepresentación). Dos, los 200 diputados de representación proporcional no se asignan para corregir la distorsión de la mayoría relativa. Y, tres, la figura de las coaliciones en la legislación electoral mexicana permite asignar triunfos de mayoría relativa a partidos que no necesariamente son los más votados en cada distrito.
El fenómeno de los partidos “nodriza” ocurrió en Juntos Hacemos Historia y también en Va por México
Esto último implica la existencia de una suerte de “partidos nodriza” para disfrazar triunfos uninominales del partido A (el más votado) como victorias de B (el socio menor de la coalición). El partido mayoritario de una coalición puede aprovechar a sus aliados para sumar triunfos distritales sin que sean contabilizados al partido que en efecto recibió la mayor cantidad de votos, no a la hora de asignar curules de representación proporcional, sino al que establece ex ante a través de un convenio de coalición. El rédito de esta jugada es que como el partido A aparenta tener menos triunfos distritales podrá recibir más diputados plurinominales. La coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y PVEM) participó con los mismos candidatos en 183 de los 300 distritos electorales uninominales y triunfó en 118. Morena fue el partido más votado en 115 y el PVEM sólo en tres. No obstante, por el convenio de coalición se le atribuyen los triunfos a 30 candidatos del PT, a pesar de que no ganó un solo distrito ni fue el más votado de la coalición en ningún distrito electoral. Son 30 triunfos trasladados de Morena al PT por acuerdo previo entre ellos, no por voluntad de los electores. Asimismo, el PVEM recibió la constancia de 27 triunfos de mayoría relativa en distritos donde en realidad el partido más votado fue Morena. Así que Morena obtuvo 58 triunfos que sí se le reconocen directamente y otros 57 que trasladó a sus dos socios minoritarios.
Lo anterior también explica importantes distorsiones en la representación, como que el PVEM terminara obteniendo por ambas vías, mayoría relativa y representación proporcional, 43 diputados. Esto es, 20 legisladores más que Movimiento Ciudadano a pesar de que este último obtuvo 779.000 votos más que el Partido Verde. La distorsión se muestra también en el caso del PT que, siendo el partido con menos apoyo ciudadano de los que llegan a la Cámara, obtiene 39 diputados, más que el MC (23) y el PRD (15), con un caudal mayor de voto ciudadano. Este fenómeno de los partidos “nodriza” ocurrió también en menor medida en el caso de la coalición Va por México (PAN, PRI y PRD), que ganó en conjunto 65 distritos. El PAN fue el más votado en 38, pero trasladó tres al PRD y cuatro al PRI. El PRD obtuvo la mayor votación de los coaligados en dos distritos, pero los candidatos registrados correspondieron al PAN y al PRI. El PRI fue el más votado de la coalición en 25 distritos, de los que trasladó siete al PAN y tres al PRD.
Morena gobierna en 11 de 15 gobiernos, el PAN conservó Chihuahua y Querétaro, mientras el Movimiento Ciudadano ganó Nuevo León
En las 15 gubernaturas en disputa en 2021, Morena se hizo con el triunfo en 11 (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas), y su aliado el PVEM en San Luis Potosí. El PAN conservó Chihuahua y Querétaro, mientras que Movimiento Ciudadano ganó Nuevo León. En la renovación de los 30 Congresos locales, Morena logró hacerse con la mayoría absoluta en 18 estados. En 11 la mayoría la tendrán distintas coaliciones formadas por partidos de oposición y en un caso hay empate entre los partidos del gobierno federal y sus competidores. Puede decirse, en suma, que el ganador de las elecciones fue Morena, pues de las 15 gubernaturas en juego sólo gobernaba en una entidad –Baja California–, que mantuvo, y ganó por vez primera 10 estados más en donde fueron derrotados el PAN, el PRI y el PRD.
Con lo antes expuesto, conviene preguntar si los resultados de 2021 y la integración de la Cámara de Diputados hablan de un sistema de partidos en México más o menos competitivo que en el pasado. Valga para ello emplear dos instrumentos usuales en ciencia política: el número efectivo de partidos (con respecto a la votación y a los asientos parlamentarios); y el índice de proporcionalidad de Gallagher. Por un lado, con base en el número efectivo de partidos en términos de votos y de representación, se aprecia la existencia de un sistema político de mayor pluralismo que el existente en los años 90 y en la primera década del siglo. Los votantes no están configurando un sistema de partido hegemónico ni incluso uno de tipo bipartidista. Si bien la dispersión del voto no llegó al máximo nivel registrado en 2015, la evidencia constata un arraigado pluralismo político en la sociedad mexicana. La votación identifica un índice de 4,81 partidos y el de representación incluye a 4,1 partidos, un número superior al registrado durante la transición democrática entre 1977 y 1997. La segunda conclusión relevante es que en 2021 disminuyó el índice de Gallagher, que muestra la distorsión entre votos y escaños. Si bien sigue siendo muy alta (7,21), es menor que la registrada en otras cinco integraciones de la Cámara de Diputados (1991, 2006, 2012, 2015 y 2018).
México vive así entre un presidente con pretensión de reconcentración de poder y un persistente pluralismo
Para lograr que el pluralismo político, la característica electoral más marcada de la sociedad mexicana, se exprese sin alteraciones artificiales en el órgano de la representación popular por excelencia, la Cámara de Diputados, serían necesarias reformas desde el Legislativo para permitir que la vía plurinominal corrija la distorsión de la mayoría relativa y para evitar la artimaña de los partidos nodriza. Si se “escuchara” la voz del pueblo, o mejor dicho de la pluralidad del pueblo, emitida en las urnas, habría que avanzar precisamente hacia una mejor representación de la diversidad política, en lugar de castigarla y desvanecerla mediante reformas para disminuir o, peor, eliminar los legisladores plurinominales como propuso el presidente López Obrador tras los comicios de 2021.
“México tuvo en 2021, en medio de la pandemia del covid-19, una elección democrática que permitió, una vez más, la renovación pacífica del poder y de la representación popular. Quizá es la mejor noticia para la sociedad tras años de una anormalidad alimentada por la combinación de crisis en materia de salud, de economía y de inseguridad. El mandato de las urnas, al no conceder a ninguna fuerza o coalición la mayoría calificada en la Cámara y con ello la posibilidad de reformar la Carta Magna, es justamente un voto de apoyo al sistema constitucional vigente, incluida en él la división de poderes, el federalismo y la existencia de organismos autónomos como el INE y el Banco de México. México vive así entre un presidente con pretensión de reconcentración de poder y un persistente pluralismo que, sin embargo, no se traduce de manera fiel en los espacios formales de representación política. La manera en que esta tensión se resuelva en el corto y mediano plazo determinará si México continúa siendo una democracia en esta era de resurgimiento de diversos autoritarismos”, recalca Ciro Murayama.
Paradojas de México: entre el desafío de la violencia y el ejercicio de la responsabilidad global
Alicia Sorroza Blanco, investigadora del Real Instituto Elcano ha hecho una serie de comentarios estos días sobre el desafío de la violencia ante la IV Transformación de AMLO de Morena. “México es un país de contrastes, con grandes oportunidades a la par que desafíos. Hay un acuerdo casi unánime en marcar las diferencias entre lo que México es y lo que podría llegar a ser. En determinados momentos, ya sea por la conjunción de factores coyunturales como por el aprovechamiento adecuado de factores estructurales, tanto internos como externos, se abren ventanas de oportunidad que pueden significar un salto cualitativo en la realidad y en la percepción exterior que otros países y actores internacionales tengan sobre la misma. México está (¿estaba?) atravesando uno de esos momentos. Pero los últimos acontecimientos que han sacudido el país, por la desaparición de 43 estudiantes de magisterio del Estado de Guerrero en confusas circunstancias que parecen apuntar a la connivencia entre las fuerzas de seguridad locales con grupos del crimen organizado y la complicidad de los responsables políticos locales, esa ventana de oportunidad se hubiera podido cerrar más rápidamente de lo deseado y previsto originalmente por el anterior presidente, Enrique Peña Nieto…”. La pelota la mandaron al tejado del nuevo presidente López Obrador.
La llegada al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras 12 años de gobierno del Partido de Acción Nacional (PAN, de centro-derecha) provocó grandes expectativas tanto dentro como fuera del país, algunas positivas y otras no tanto. El presidente Peña Nieto fue consciente de que la vuelta al poder del PRI podía ser interpretada nacional e internacionalmente como una vuelta al viejo sistema político mexicano, asociado a las prácticas poco transparentes y cerradas de los gobiernos priístas del siglo pasado, a la par que con un compromiso reducido en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. Por ello, se comenzó con una campaña de comunicación preventiva en la prensa extranjera, con la que se pretendía proyectar una imagen de mandatario moderno, de cambio generacional, de compromiso con los valores democráticos, de mayor transparencia, de rendición de cuentas, lucha contra la corrupción y, también, de compromiso en la lucha contra la criminalidad, aunque con marcadas diferencias respecto a su antecesor. Se buscaba quitar el reflector de los problemas de seguridad para que la economía y las reformas fueran la nueva imagen de México en el exterior, apoyando un proyecto de desarrollo en el que las inversiones extranjeras y la agenda exportadora son elementos claves.
Peña Nieto anunció ante la ONU que México volvería a participar en las misiones de mantenimiento de la paz, ¿y en su propio país?
El activismo internacional para relanzar la imagen internacional de México y presentarlo como actor global responsable, tiene muchas dimensiones, desde la presidencia de la iniciativa multilateral de la Alianza para el Gobierno Abierto hasta la presidencia pro-tempore de la Cumbre Iberoamericana, que en los primeros días de diciembre se desarrolla en la ciudad mexicana de Veracruz. Un corolario fue el anuncio del presidente Peña Nieto de que México volvería a participar en las misiones de mantenimiento de la paz, anuncio realizado en su discurso frente a la Asamblea de Naciones Unidas. Las repercusiones internas fueron variadas. El PAN vio con buenos ojos la decisión del ejecutivo, y algunos sectores del Partido Revolucionario Democrático (PRD) también, mientras otros no tanto. Los últimos sondeos de la opinión pública mostraban que la decisión de Peña Nieto era valorada positivamente por el 49% de los encuestados, porque el país ayudaría en el mantenimiento de la paz mundial y a evitar guerras.
En cambio, para el 45% era una iniciativa no adecuada porque el país debe resolver primero su propia problemática (un 6% NS/NC). Según la encuesta realizada por Beltrán, Juárez y Asociados (en septiembre de 2014), se avalaba ampliamente que México colaborara en esas misiones si éstas se reducen a tareas de asistencia humanitaria (79%) y de reconstrucción (74%). Sin embargo, el apoyo se reduce en cuanto hay mayor protagonismo de las fuerzas de seguridad. Asimismo, para el 69%, México debe mantener una participación global poco comprometedora. Por otro lado, hay cierta coincidencia entre parte de la opinión publica (un 55%) y un sector de las fuerzas políticas, que consideran que con la participación en este tipo de operaciones se puede ver menoscabado el principio de no intervención, eje vertebrador de la diplomacia mexicana de los últimas décadas.
La OCDE pone a México en el último lugar ante la seguridad, con una tasa de 22.9 homicidios por cada 100,000 habitantes
Desde la Secretaría de Relaciones Internacionales se dejó claro que participar en operaciones de paz no afecta la vigencia de los principios de la política exterior mexicana. Por el contrario, se considera congruente con el principio de la lucha por la paz, la seguridad internacional, la protección de los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. En el debate que se ha promovido (a posteriori, lo que ha generado algunas críticas al respecto) sobre las operaciones de mantenimiento de la paz (OPM) y la necesidad de actualizar la política exterior de México, uno de los principales argumentos esgrimidos es que ha llegado la hora de que México asuma su undécima posición en el ranking de mayores economías del mundo –según las previsiones del PIB del FMI– quedando por encima de países como Canadá, Italia y España y solo un puesto por debajo del Reino Unido.
No obstante, este debate ha quedado eclipsado, tanto dentro como fuera de México, por la constatación de que la violencia, el crimen organizado, la corrupción y la ausencia de un imperio de la ley siguen siendo desafíos cotidianos para gran parte de la sociedad mexicana, aunque no estuviera recibiendo la misma cobertura informativa, tanto nacional como internacional, como antaño sucedía en plena guerra contra el narcotráfico durante el sexenio del panista Felipe Calderón. La (in)seguridad no ha dejado de ser un tema de preocupación de los mexicanos a pesar de las muchas detenciones de capos y máximos líderes del narcotráfico que se han sucedido en los últimos meses y años que han escenificado victorias para la política de seguridad. Pero la inseguridad no es solo en zonas fronterizas y los casos de Iguala y Tlatlaya, que han horrorizado a la opinión pública mexicana y global, ponen el foco en una situación de violencia que tiene una fenomenología mucho más extendida que estos casos extremos. Para ello basta ver algunos datos: recientemente, la OCDE pone a México en el último lugar de la lista en términos de seguridad, con una tasa de 22,9 homicidios por cada 100,000 habitantes, más de cinco veces el promedio de la OCDE.
22 millones de ciudadanos han sufrido durante el último lustro, delitos del fuero común, sin medir el narcotráfico y el crimen organizado
Pero entrando algo más en detalle, y viendo algunos datos de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública elaborada por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México), esto es aún más evidente, ya que se considera que más de 22 millones de personas han sufrido, durante el último lustro, algún delito del fuero común (no se miden delitos como narcotráfico o crimen organizado). Y esta cifra no es la más preocupante. Llama mucho la atención, que el nivel de delitos no denunciados y que no figuran en ninguna estadística sea del 93.8%. Según esta misma encuesta, entre los motivos que aducen las víctimas de un delito a no denunciarlo están las circunstancias atribuibles a la autoridad pública (65,6%), ya que consideran que la denuncia es una pérdida de tiempo o por que desconfían de las autoridades correspondientes. Además, estas cifras muestran un incremento con respecto al año anterior, atribuible a los delitos como el robo y el asalto en la calle o en el transporte público, y la extorsión. Esta misma encuesta revela que el tema de la inseguridad es el principal tema de preocupación entre los encuestados (58.1%), seguido del desempleo (46.1%).
En otro ámbito, como la corrupción, el desempeño de México en algunos índices tales como el Corruption Perception Index (2013) es preocupante, encontrándose en el puesto 106 de 177. Considerando que la corrupción es un elemento muy relevante para la construcción de la reputación de un país (CountryRepTrak del Reputation Institute), México se encuentra entre los países con reputación más débil, en el puesto 38, muy por debajo de países como Brasil (puesto 21) y por debajo de Venezuela (37). Cuando se analiza en este mismo informe la percepción como país ético con un alto nivel de transparencia y baja corrupción, México se encuentra en la posición 48 de 55. Estas son algunas de las razones que permiten explicar el escepticismo de gran parte de la sociedad mexicana sobre el desarrollo futuro del país. Se percibe que problemas tan importantes como la corrupción, la inseguridad y la discriminación han sido tratados de soslayo hasta el momento. No ocupan la agenda política hasta que acontecimientos tan graves como los de Tlatlaya y Ayotzinapa atraen los titulares de los medios de comunicación. El intento por mejorar el prestigio y el liderazgo regional y global de México se ha encontrado con el duro muro de la realidad interna mexicana.
El súper presidente mexicano López Obrador, se lanza contra la COP26: “Ya basta de hipocresía y de modas”
AMLO minimiza su ausencia de la cumbre climática y asegura que el nuevo plan mundial contra la deforestación está inspirado en ‘Sembrando Vida’, uno de sus programas de Gobierno. Demasiadas promesas y pocas acciones concretas. Así ha justificado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su ausencia de la COP26, la más reciente cumbre del clima que se celebra en Glasgow, en Escocia. El mandatario ha menospreciado el alcance de estos encuentros para combatir la emergencia climática, al insinuar que son demasiado frívolos y protocolarios. “Ya basta de hipocresía y de modas, lo que hay que hacer es combatir es la desigualdad monstruosa que hay en el mundo”, ha dicho en su conferencia de prensa de este pasado miércoles. El presidente ha asegurado que existe un doble discurso entres los jefes de Estado y de Gobierno que sí acudieron al encuentro global. “Al mismo tiempo que se están llevando a cabo estas cumbres para la protección del medio ambiente y enfrentar el cambio climático, los países más poderosos están aumentando la producción y extracción del petróleo”, ha agregado López Obrador. “Y luego llegan todos en aviones particulares (…) Europa estaba llena de aviones de puros mandatarios y jefes de Estado”, ha lamentado.
López Obrador también comparó la cumbre del clima con Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), donde las élites económicas y políticas de Occidente analizan cada año la situación del sistema financiero internacional. “Ahora ya no es Davos, ahora son estas cumbres”, ha dicho. López Obrador usó el símil de Davos para esgrimir el argumento del “neoliberalismo”, un cajón de sastre recurrente en sus discursos, lo mismo para responder a las críticas contra su Gobierno que para menospreciar el movimiento feminista o, como ahora, la cumbre del clima. El Gobierno mexicano llegó al encuentro de Glasgow en medio de críticas por promover una reforma eléctrica que bloquea la generación a partir de fuentes renovables, mayormente en manos de privados, para devolver la rectoría del sector a la estatal Comisión Federal de Electricidad. Antes, la Administración de López Obrador había estado en el centro de la polémica por impulsar la construcción de la refinería de Dos Bocas como una de sus prioridades. Las autoridades enarbolan el discurso de la soberanía energética, mientras que los activistas medioambientales se exasperan por las apuestas gubernamentales por los combustibles fósiles. El país latinoamericano exigió en el G20 que los países más ricos dieran más dinero para combatir el cambio climático, al tiempo que desapareció su propio fideicomiso nacional para atender el problema el año pasado.
“En la próxima visita a Naciones Unidas no voy a llevar el avión presidencial”, ha dicho en tono de broma AMLO
El medio ambiente ha sido uno de los talones de Aquiles de la agenda del presidente e, incluso, ha provocado protestas por el papel protagónico de los megaproyectos en los discursos del Gobierno. Pero López Obrador no cree que las críticas estén justificadas. El presidente ha dicho que el acuerdo mundial contra la deforestación, que se firmó el martes y al que México se adhirió in extremis, está “inspirado” en ‘Sembrando Vida’, un programa de su Administración que reparte subsidios a cambio de plantar árboles y plantas en parcelas abandonadas o en desuso. “No van a reconocerlo, pero ¿qué fue lo más significativo de ese encuentro? Fue la firma para sembrar árboles”, dijo el presidente. “¿De dónde creen que salió eso? De Sembrando Vida”, ha agregado en una seguidilla de preguntas retóricas, que remató al decir que se trata del “programa de reforestación más importante del mundo”.
El programa ha cubierto más de un millón de hectáreas plantadas en tres años de implementación y ha recibido un presupuesto de 70,000 millones de pesos, unos 3.500 millones de dólares. Pero la necesidad de recibir los subsidios también ha provocado una pérdida de cubiertas forestales en el 11% de las parcelas del programa, según el World Resources Institute (WRI). “Es cierto que no se conoce otra experiencia de este tamaño en un plazo tan corto. Pero precisamente los problemas están llegando por la velocidad en la implantación y la necesidad de recursos y técnica de un proyecto de esta envergadura”, apuntó José Iván Zúñiga, investigador de WRI, en una entrevista la semana pasada. México ha insistido a Estados Unidos para que financie la implementación de Sembrando Vida en Centroamérica para combatir las causas estructurales de la migración, pero los acercamientos con la Casa Blanca no se han concretado. John Kerry, el encargado de Washington para el cambio climático, ha aplaudido el liderazgo de sus vecinos en la promoción de campañas de reforestación, pero hasta ahora todo ha quedado en elogios. López Obrador recordó el intercambio de halagos durante la visita de Kerry hace dos semanas, pero EE UU aún no está convencido de financiar el programa. Las organizaciones también tienen dudas: no existen monitoreos medioambientales e indicadores contundentes del programa.
López Obrador, un presidente reacio a salir del país y poco entusiasta de las instancias multilaterales, ha adelantado que este será el tono que adoptará en su visita a Naciones Unidas la próxima semana. “No voy a llevar el avión presidencial”, ha dicho en tono de broma para sellar el tema.
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