Signos: Rápido y furioso (algunas consideraciones de pasada)

Una:

El Hospital General de Chetumal fue un destino fraudulento de inversión pública borgista.

Cientos de millones fueron hurtados del erario con absoluta impunidad, sobre el pretexto de la modernización de un inmueble convertido finalmente en un bonito cascarón, con las mismas instalaciones inoperantes, y susceptible de un derrumbe a la menor contingencia atmosférica.

Fue uno de los tantos crímenes perpetrados por el ahora exgobernador, pero uno por el que no está preso.Lo está por otro rosario de atracos y malversaciones, pero no por ése,como tampoco nadie ha pagado por los multimillonarios gastos federales y estatales en los recintos hospitalarios públicos cancunenses, ni, en general, por los astronómicos costos de la infraestructura inservible de salud en toda la entidad, de los tiempos privatizadores de la Presidencia salinista y hasta la peñista.

Desde que Eldorado turístico empezó en Cancún a convocar la inmigración y la masividad colonizadora, los Gobiernos federales y locales debieron plantearse la alternativa estructural de armonizar el aporte de las grandes inversiones y la renta fiscal, con la demanda creciente de servicios tan necesarios y tan inmediatos como los de la salud –sin descuidar, claro, los de la seguridad pública, la educación, y la sustentabilidad ambiental en uno de los medios bióticos más frágiles del planeta y más susceptibles a la colonización de la pobreza y a la falta de infraestructuras sanitarias eficientes-.

Pero los mandatos de todos los niveles le llamaron progreso sólo a la capitalización empresarial y a las derramas de sobrevivencia para las mayorías populares, y se olvidaron de su papel regulador de los equilibrios y del diferencial mínimo adecuado de los ingresos para garantizar la cualidad del bienestar y la coexistencia humana. Se olvidaron de unas necesidades básicas que se fueron multiplicando hasta convertirse en rezagos, tan masivos, que en su progresivo y raudo despliegue fueron hablando cada vez más fuerte de la insignificancia gobernante, de su ilegitimidad, y de una perversidad y una irresponsabilidad, tan avasalladoras, que han alcanzado niveles como los de Roberto Borge y sus pares municipales, en lo que son los centros turísticos más importantes del Estado y del país.

Y así, en las ciudades de mayor renta turística y de mayor crecimiento poblacional y de su demanda social en el país y en el mundo entero, la salud pública –con las demás necesidades básicas de la población- fue echada a un lado de las prioridades gobernantes donde primaron los turbios negocios bajo la mesa, las libertinas e ilegales asociaciones público-privadas, y la defensa ciega del interés inversor -así éste sea el más depredador del medio- como el gran artífice del bienestar social, por más que los hospitales públicos sean una vergüenza donde tanto se festina el éxito económico.

Dos:

¿Qué se hizo con los excedentes petroleros y su reparto a los Estados durante las gestiones presidenciales panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, por ejemplo, cuando el barril del crudo alcanzaba los cien dólares y los ingresos adicionales -los excedentes- superaban el medio millón de millones de pesos? ¿Por qué con los mayores presupuestos federales y los mayores dividendos estatales de la historia, no sólo no se hizo obra pública, sino que Quintana Roo contrajo deudas que ahora se han refinanciado -o heredado por los siglos de los siglos a los mandatos venideros, a los que quedará casi nada en cajatras el pago de capital e intereses sobre intereses, de pasivos también refinanciados luego por ellos- para que las administraciones de ahora no se paralicen por completo y les alcance por lo menos para pagar nóminas y cumplir las mínimas labores de intendencia?

Tres:

Y así como en Quintana Roo, en todo el país y en toda la historia reciente de un Estado nacional al servicio de la oligarquía (al servicio de la venta barata de los bienes públicos y del saqueo generalizado), la salud pública fue convertida en una piltrafa a merced de los descomunales ultrajes al gasto público, al tiempo que se disparaba la industria de la medicina privada de hoteles-hospitales de lujo propiedad de algunos de los empresarios instalados por el Gobierno entre los más acaudalados del mundo, mientras millones de sus trabajadores o familiares suyos enfermos se hacinaban en centros hospitalarios desmantelados y saturados por la vileza de la modernizada corrupción neoliberal.

Cuatro:

Y así como el Hospital General de Chetumal fue convertido por el ahora presidiario Roberto Borge en uno de sus tantos nichos para el lavado de dinero extraído del erario, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social fue usado por él mismo para lavar otros 150 millones de pesos, y por el Gobierno federal del priista Peña Nieto para hacerlo con casi mil millones de pesos más -de la ‘estafa maestra’-, cuando ese ‘organismo de Estado’ -usado desde su creación como un aparato de propaganda del Gobierno estatal en turno y que además sólo produce pena- apenas tiene para pagar sus plantillas laborales y para mantener sus anacrónicos insumos de ‘producción’, mientras su edificio sede sigue siendo el mismo cubo de cartón piedra que fue edificado con tres pesos y de la peor manera, y es vulnerable a todos los aguaceros tropicales. (El del SQCS en la capital del Estado, por cierto, fue el mismo tipo de obra de la Biblioteca Javier Rojo Gómez, vecina suya, que ha sido demolida por inservible y donde también se robaron el presupuesto, durante el Gobierno estatal de Pedro Joaquín Coldwell, como no podía ser de otra manera.)

Cinco:

El Hospital General de Chetumal y el SQCS son dos modelos de cómo se ha tratado a la salud pública y a la comunicación social de Estado en la historia de la privatización nacional. Y por eso los pulpos hospitalarios y mediáticos privados crecieron como una plaga, y la salud pública y la comunicación alternativa y de interés social son la miseria de ‘elefantes blancos’ que se exhiben en nuestros días.

Seis:

Y lo mismo se hizo con el sector energético: se desmanteló a Pemex y se optó por importar gasolinas baratas. Y también se hizo con el maíz y otros granos básicos durante el salinismo proditorio: se les quitó el subsidio o ‘precio de garantía’, y se compraron donde el Estado sí los subsidiaba -y por eso eran más baratos-, como en Estados Unidos, y se entregó el mercado a otro empresario y socio del Gobierno de entonces -Roberto González Barrera, ‘Don Maseco’-, quien, al cabo, se hizo también banquero y uno de los ricos más ricos del mundo.

Siete:

Y ahora, los herederos de ese tipo de empresarios y sus coros quieren que no se invierta más en Pemex porque el petróleo y las gasolinas no son rentables. ¿Y qué pasaría cuando se abra el consumo y suba el mercado, como cuando subió el precio del maíz importado tras haberse hundido su producción en México y el precio de la tortilla se fue a las nubes?

Desmantelaron la medicina social, la producción petrolera, el sistema alimentario y de abasto popular, la posibilidad de la comunicación social alternativa, y casi todos los patrimonios públicos de primera necesidad.

Ocho:

Endeudarse ha sido siempre la alternativa pública y oligárquica en las crisis.

Durante el populismo, algunos empresarios quebraban sus negocios, el Gobierno se endeudaba y los financiaba, los empresarios se llevaban el dinero al extranjero, y el Gobierno nacionalizaba las empresas quebradas, seguía pagando la deuda externa -a intereses alzados, en dólares y a valores triplicados o quintuplicados por los pesos devaluados-, manteniendo a las mafias y a los gangsters sindicales, y pagando a los trabajadores.

¿Y durante el neoliberalismo?: El Gobierno regalaba las empresas nacionalizadas, los empresarios exigían financiamientos ‘blandos’ -a tasa cero o a fondo perdido- para ‘levantarlas’ y poder operarlas (le hacían un favor a México), simplificaban al límite sus nóminas y sus salarios, con lo que crecía el desempleo, el ‘changarreo’, la delincuencia y la emigración hacia Estados Unidos (desde donde salvaba, sin embargo, más que el Estado y los grandes empresarios, a las familias pobres mexicanas).

Luego, ante las crisis cíclicas, provocadas por la especulación bursátil y la inversión de ‘portafolio’ –no la de capitales fijos y empleadores de mano de obra, sino la que se va con la primera duda de inestabilidad, como en el 94, cuando el ‘error de diciembre’ hizo volar miles de millones de divisas en una sola noche, por la infidencia traicionera del secretario Serra, de ese entonces, que alertó a los grandes inversores y obligó a endosarle a Washington las facturas petroleras a cambio de un humillante rescate de 50 mil millones de dólares para los bancos-, se imponían las medidas contracíclicas del ortodoxo librito financiero: más deuda; y como era en dólares y el peso se devaluaba, la deuda se multiplicaba y la inflación se desbocaba. Y el Gobierno ‘solidario’ asumía las deudas de todos ‘para salvar a los ahorradores y a los trabajadores’ -eufemismos clientelares de banqueros y organizaciones gremiales del partido de Estado, ‘charras’, como se les denominaba-.

Hoy día se le exige al Gobierno federal una mejor distribución de los ingresos fiscales; justo ahora, en medio de la mayor crisis sanitaria de todos los tiempos y de la peor amenaza de hundimiento económico también de todos los tiempos.

Y los demandantes de la oposición que exigen esa justicia fiscal justo ahora, enseñan el cobre de la indigencia moral mostrada por todos los ganapanes que se han beneficiado de las crisis nacionales de todos los tiempos.

Nueve:

¿Qué hicieron los gobernadores de los tiempos inaugurales de la democracia con los caudales de la bonanza petrolera que les fueron entregados entre el 2000 y el 2012, y qué hicieron los Gobiernos federales de la alternancia partidista que se los entregaron?

A cambio de participaciones infladas, los presidentes corrompieron a los emisarios legislativos de los gobernadores priistas -ya de la oposición y sin patriarca presidencialista unigénito al cual obedecer- para que aprobaran sus mamarrachos presupuestarios y sus negocios privados (carreteras carísimas y mal hechas por contratistas inventados, como el foxista Cosme Mares, por ejemplo, iniciador del proyecto carretero de Chetumal a Carrillo Puerto que terminara la Presidencia de Peña Nieto, y donde, además de la pésima obra en restauración permanente, se desfalcaron cientos de millones); y como se habían desmantelado las refinerías y se compraba gasolina estadounidense, cuando subió su precio se operó una de las contradicciones más absurdas y ofensivas del neoliberalismo mexicano: parte de los vastos excedentes petroleros derivados de las exportaciones de Pemex se destinaron a la compra subsidiada de gasolinas caras (se dejaban de producir en México, y, parte de lo que se ganaba del petróleo crudo se gastaba en comprar las refinadas, un patético y punible círculo vicioso). Y gobernadores y presidentes dispusieron, además, del saldo de la bonanza fiscal de Pemex, para financiar a sus partidos y sus candidatos políticos particulares, como Félix González Canto fue inventado por Hendricks a su imagen y semejanza, y González Canto creó, a su vez, una banda de mequetrefes parlamentarios y se hizo de un sucesor tan voraz y tan escandalosamente imbécil como el caligulesco Roberto Borge Angulo.

De modo que en la época de mayor bonanza petrolera de México ocurrieron algunos de los más destructivos endeudamientos de los Gobiernos locales. Y ahora, cuando las mayores crisis sanitaria y económica se ciernen sobre el país y los ingresos petroleros no existen, se pide mayor justicia fiscal y nuevos endeudamientos externos contracíclicos, como los del populismo de los setenta y del neoliberalismo de los noventa -y cuando la caída del consumo y de la producción de ahora no procede de una quiebra financiera, sino sanitaria-.

Diez:

Muchos más exgobernadores, que los que hoy están presos, deberían estar tras las rejas por haber saqueado tanto a sus entidades y haberlas endeudado para siempre y sin posibilidades de recuperación económica (lo que demuestra, además, el dispendio, el fracaso y la simulación de las masivas y costosas burocracias de la institucionalidad autónoma para la transparencia y la rendición de cuentas, inventadas al mismo tiempo en que se despenalizaba la corrupción como delito grave; es decir: como una coartada de los liderazgos políticos en turno para salvarse de toda posible persecución contra sus atropellos, detrás de esa pantalla constitucional de combatir el mayor de los crímenes de Estado, a través de instituciones ciudadanizadas y especializadas de vigilancia, pero declarándolo inexistente, lo que, de no ser tan bizarro y alarmante en una democracia, sería ridículo).

Y más que por ese endeudamiento, por la ruina genocida de la salud pública, a costa de la que se hicieron tantas fortunas y por la que ha muerto tanta gente de enfermedades y males curables, es que algunos expresidentes de la República debían acompañar en el presidio, como delincuentes mayores, a esos gobernadores.

SM