CANCÚN.- El Observatorio Legislativo denunció la falta de transparencia con la que funciona la recién creada Secretaria del Bienestar del Gobierno del Estado de Quintana Roo respecto al monto de recursos destinados a los programas sociales, la contratación de servicios y el uso de colores partidistas.
Consideraron en un comunicado que especialmente preocupan los antecedentes de su titular, Pablo Bustamante Bernal, quien ha sido dirigente del PVEM y señalado de estar involucrado en el expediente FGE//QR/FEEC/CAN/162/04/2021 en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que hasta el momento no muestra avances en la investigación “a pesar que se ha pedido se determinen las responsabilidades de quienes participaron en el llamado Cártel del Despojo”.
El Observatorio Legislativo señaló que la Secretaría del Bienestar ejerce uno de los mayores presupuestos de los últimos años por la cantidad de 973 millones 838 mil 770 pesos, de los cuales 63 por ciento estaría destinado a tan solo un programa que ha sido cuestionado.
Expuso el organismo que el programa Caravanas del Bienestar se implementará en todos los municipios, aunque se desconoce si se firmaron convenios de colaboración con los ayuntamientos, ya que solo se menciona que serán avisados del día y la hora de su aplicación.
En el caso del programa Mujer es Vida, la Secretaría del Bienestar contempla beneficiar a 50 mil personas con un apoyo económico de mil pesos y/o una despensa y su implementación representa aplicar un 63 por ciento del presupuesto autorizado.
La asociación civil puso en tela de duda la transparencia en el proceso de selección de beneficiarias, ya que una semana después de cerrada la convocatoria, comenzaron a entregar tarjetas en el municipio de Benito Juárez, lo que consideraron que causa la sospecha de que de que quizá el padrón seleccionado ya estaba previsto antes del cierre de la convocatoria, así como el uso de colores partidas en las tarjetas distribuidas.
También hizo hincapié que los procesos de la Secretaría del Bienestar no se apegan a la normatividad, ya que no ha publicado sus programas, montos y alcances antes de iniciarlos; ha sido omisa en la publicación de los montos a ejercer en cada programa; no ha publicado los padrones de beneficiarias de cada programa y su correlación con las ubicaciones de la declaratoria de zonas de atención prioritaria, para verificar y evaluar si están llegando a los ciudadanos que requieren estos apoyos y no a militantes de partidos políticos; no publica la información de compras y adquisiciones de los elementos y equipos considerados en los programas y tampoco con la integración del Comite Estatal, el Subcomité Sectorial y la Comisión de Evaluación para coordinar la evaluación de la política social del Estado y de los programas para que se cumplan con los objetivos establecidos de atención a los grupos más desprotegidos y el uso efectivo de los recursos presupuestados.
En este sentido, la asociación civil advirtió que la nueva política social que impulsa la gobernadora Mara Lezama no debe convertirse en una política electoral para beneficio de un grupo y que desproteja a los marginados y pobres.
Fuente: Cambio 22