CANCÚN.- El Gobierno del Estado de Quintana Roo mantiene firme su postura en el litigio contra la empresa Aguakan, tras múltiples denuncias sobre deficiencias en el servicio de agua y presuntas irregularidades en la prórroga de la concesión.
La administración estatal destacó que su objetivo es garantizar un suministro eficiente y de calidad para la ciudadanía.
Desde el inicio del actual Gobierno, se han llevado a cabo auditorías técnicas y financieras que han evidenciado diversas anomalías en la gestión de Aguakan, incluyendo la falta de suministro de agua en varias regiones, cobros indebidos y deficiencias en el drenaje sanitario, presencia de contaminantes en el agua potable por encima de los límites permitidos, lo que representa un riesgo para la salud y aguas residuales con altos niveles de coliformes fecales y E. coli, afectando el medio ambiente.
Ante estos hechos, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, lo que derivó en la emisión de órdenes de aprehensión contra directivos de la empresa por delitos como lavado de dinero y promoción de conductas ilícitas de servidores públicos.
Por su parte, la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)-Aguakan denunció que el Gobierno de Quintana Roo ha iniciado una ofensiva legal en su contra, al presentar una denuncia penal relacionada con hechos ocurridos hace más de una década, cuando la empresa fue concesionada para brindar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad.
La empresa sostiene que todas las acciones relacionadas con dicho acuerdo fueron realizadas con transparencia y apego a la ley, contando con la aprobación del Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), los cabildos municipales y el Congreso del Estado. Como parte del proceso, Aguakan pagó una contraprestación de mil 55 millones de pesos a CAPA.
DHC-Aguakan destaca su compromiso con Quintana Roo, señalando que ha invertido más de 8,223 millones de pesos en infraestructura hidráulica en la entidad, incluyendo la conexión de más de 3,250 kilómetros de tuberías.
El Gobierno de Quintana Roo subrayó que, pese a intentos de negociación por parte de la concesionaria, su postura es clara: la concesión de Aguakan debe concluir, aclarando que las acciones emprendidas no buscan afectar la inversión privada ni las Afores, sino garantizar que el servicio se brinde con transparencia y eficiencia.
Asimismo, la administración estatal reiteró que el agua es un derecho humano y no debe ser utilizada como un medio de enriquecimiento. Por ello, seguirá defendiendo los intereses del pueblo de Quintana Roo, asegurando que el servicio de agua cumpla con los estándares de calidad y accesibilidad que la población merece.
Fuente: Radio Fórmula