CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una nueva política que contempla la intervención de líneas telefónicas, el congelamiento de cuentas bancarias y la investigación de casos cometidos desde centros penitenciarios, con el fin de desmantelar las redes criminales vinculadas a este delito.
“Esta Estrategia es posible gracias a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que fortalece nuestras facultades de investigación”, explicó García Harfuch.
El plan se aplicará de forma prioritaria en ocho Estados del país, donde se concentra el mayor número de casos de extorsión: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Objetivos y acciones clave
La Estrategia Nacional establece los siguientes ejes de acción:
- Investigación e inteligencia para generar detenciones.
- Coordinación con fiscalías estatales a través de sus unidades antiextorsión.
- Capacitación a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación.
- Aplicación del protocolo nacional de atención a víctimas.
- Campaña nacional de prevención a través de medios de comunicación.
García Harfuch subrayó que la operación en los estados será multidisciplinaria y con equipos especializados, en coordinación estrecha con los gobiernos estatales.
Participación de Fuerzas Armadas y UIF
En el anuncio participaron también los titulares de la SEDENA, SEMAR, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR). La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, reforzará la estrategia con el congelamiento de cuentas bancarias identificadas como receptoras de pagos de extorsión.
Además, se solicitarán órdenes judiciales para bloquear líneas y equipos celulares usados en llamadas extorsivas, así como mayores operativos en cárceles para decomisar teléfonos móviles utilizados por internos.
“Vamos a incrementar operativos en centros de reinserción social y asegurar los teléfonos con los que se cometen estas extorsiones”, detalló García Harfuch.
Delitos del fuero común: la FGR apoyará con denuncias
Por su parte, el fiscal general Alejandro Gertz Manero reconoció que, aunque la extorsión y el “cobro de derecho de piso” son delitos del fuero común, la FGR coordinará esfuerzos con la SSPC y las Fuerzas Armadas para identificar los centros penitenciarios donde ocurren estos crímenes y promover las denuncias correspondientes.
“Presentaremos las denuncias necesarias, incluso si se trata de autoridades coludidas, y vamos a actuar contra quienes participen en estas redes criminales”, afirmó Gertz.
Con esta estrategia, el Gobierno federal busca romper la impunidad en torno al delito de extorsión, que ha crecido en distintas modalidades, desde llamadas telefónicas hasta el control territorial de negocios por parte del crimen organizado.