La cosa pública
Por José Hugo Trejo Figueroa
Cuando se recurre a empresas privadas para la realización de estudios y proyectos que bien podrían ser ejecutados por instituciones públicas con capacidad técnica comprobada, recursos humanos especializados y amplia experiencia, surge inevitablemente la sospecha de que detrás de esa decisión se oculta un negocio poco transparente. La opacidad en la contratación de consultorías externas suele alimentar la percepción de conflictos de interés, desvío de recursos o corrupción.
El director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) anunció recientemente que, junto con una empresa privada, se encuentra elaborando un estudio técnico para atender las recurrentes inundaciones en la ciudad de Chetumal. Y aunque a primera vista puede parecer una acción responsable, lo cierto es que el anuncio deja un sabor amargo: no se informan los costos del estudio, no se conoce el contrato ni se explica por qué una institución con personal especializado y experiencia probada necesita ahora de una consultoría externa para entender un problema que ha enfrentado durante décadas.
La CAPA es una institución con raíces profundas en el sistema hidráulico del Estado. Sus ingenieros, técnicos y operativos conocen como pocos las dinámicas del subsuelo chetumaleño, las deficiencias del drenaje pluvial, las capacidades del alcantarillado y las zonas vulnerables. ¿Por qué entonces acudir a una empresa externa sin que medie justificación pública, ni técnica, ni económica?
Este patrón de privatizar estudios técnicos que deberían realizar las propias instituciones públicas no es nuevo. Apenas en 2023, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) contrató por más de 12 millones de pesos a la empresa Movecro Consultores S.C. para realizar un estudio integral de movilidad en la entidad. El resultado fue duramente criticado por su escasa utilidad práctica: ni en Cancún, ni en Playa del Carmen, ni en Chetumal se ha logrado mejorar la movilidad urbana, a pesar de que el estudio ya se pagó y entregó. El documento quedó archivado; los problemas de tráfico, inseguridad vial y deficiencia del transporte público siguen intactos.
Ahora, en el caso de CAPA, el director anunció que la empresa Servicios de Ingeniería Hidráulica y Ambiental, S.A. de C.V., está a cargo del nuevo estudio. Sin embargo, no se han hecho públicos los términos del contrato, ni el costo total, ni las obligaciones específicas de la empresa. Mucho menos se ha explicado por qué no se utilizó la capacidad técnica interna de CAPA. La opacidad en estos procesos sólo abona a la percepción de que se trata de estudios con nombre y apellido, adjudicados de manera discrecional, y diseñados no tanto para resolver problemas públicos como para beneficiar a ciertos intereses privados.
Este modelo de gobierno —el de “tercerizar” la función pública bajo el disfraz de modernización o especialización— tiene consecuencias graves: se debilita la estructura técnica del Estado, se simula el trabajo institucional, se gasta sin resultados y, al final, los ciudadanos siguen padeciendo los mismos problemas.
Chetumal no necesita más estudios. Necesita soluciones. Y los organismos como CAPA tienen la obligación de ofrecerlas desde su propia capacidad, no a través de contratos opacos que huelen más a negocio que a servicio público.