TULUM.- Por años, Tulum ha sido tierra fértil para el desarrollo turístico y la inversión inmobiliaria. Pero, en lugar de establecer un marco claro, transparente y sostenible, el Ayuntamiento ha optado por un camino mucho más lucrativo —para ellos mismos—: la autofacultación para extorsionar, disfrazada de ordenamiento territorial.
Con la reciente aprobación del Acuerdo de Reforma al Programa de Desarrollo Urbano, el Ayuntamiento no solo amplió de forma discrecional los usos de suelo y densidades en zonas sensibles como Hul-Kin, sino que delegó a la Dirección General de Desarrollo Territorial Urbano y Fiscalización un poder casi absoluto para autorizar, bloquear o condicionar cualquier tipo de proyecto, sin criterios objetivos, sin transparencia y sin mecanismos de rendición de cuentas.
Esto significa que una sola oficina del Ayuntamiento puede decidir si un proyecto avanza o se congela, dependiendo de cuánto esté dispuesto a pagar el desarrollador, constructor, arquitecto o incluso un pequeño comerciante que busque abrir un local.
La Dirección de Fiscalización, históricamente señalada por prácticas corruptas, ha sido blindada y fortalecida por esta reforma. Lo que en teoría debería ser una dependencia técnica encargada de verificar el cumplimiento de normas urbanas, se ha transformado en un instrumento de presión, chantaje y negociación opaca.
Este rediseño institucional parece responder también a un afán deliberado de debilitar a la Dirección de Desarrollo Urbano, que tradicionalmente llevaba la rectoría en materia de ordenamiento y permisos. El Ayuntamiento ha preferido trasladar ese control a una dependencia con menor escrutinio técnico y mayor flexibilidad política: Fiscalización, el brazo perfecto para operar sin reglas claras.
La reforma también faculta a esta Dirección para ampliar sus “inspecciones” a construcciones particulares y comerciales ya existentes, lo que abre la puerta a una nueva ola de recaudación ilegal disfrazada de fiscalización. En pocas palabras, no se trata solo de controlar lo que está por desarrollarse, sino también de exprimir lo que ya está construido.
Todo este andamiaje legal e institucional tiene nombre y apellido: Diego Castañón, actual presidente municipal de Tulum, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es quien encabeza esta transformación del municipio en un aparato de cobro disfrazado de autoridad.
Su administración ha consolidado un modelo donde la planeación urbana, lejos de ser una herramienta para el desarrollo ordenado y sustentable, se ha convertido en una excusa para perseguir, intimidar y recaudar, sin rendición de cuentas ni visión a largo plazo.
Tulum no está siendo planeado ni ordenado: está siendo administrado como un feudo recaudatorio. Quien quiera construir debe pasar por la aduana del miedo: una fiscalización que no busca legalidad, sino oportunidades de cobro.
Mientras tanto, los verdaderos problemas —contaminación de cenotes, pérdida de selva, tráfico vehicular, inseguridad— siguen sin resolverse. Porque el objetivo nunca fue cuidar a Tulum. El objetivo, ahora más evidente que nunca, es sacarle el máximo provecho económico a su desorden.
Fuente: Excélsior