CANCÚN.- El Instituto Federal de Defensoría Jurídica (IFDP) reportó un incremento notable en la demanda de asesorías legales por parte de ciudadanos cubanos que han llegado recientemente a Cancún, en su mayoría tras ser deportados desde Estados Unidos y con la intención de regularizar su situación migratoria o solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en México.
El delegado del IFDP, Roberto Agundis, informó que tan sólo durante 2025 se atendieron alrededor de 600 solicitudes de refugio, cifra que refleja un aumento considerable en la carga de trabajo de la defensoría y que está directamente vinculada a las políticas de deportación aplicadas por autoridades estadounidenses. Esta situación ha dejado a decenas de migrantes cubanos varados en territorio mexicano, particularmente en el norte de Quintana Roo, donde buscan alternativas legales para permanecer de manera regular.
Agundis explicó que uno de los principales obstáculos que enfrentan estas personas es su compleja situación jurídica, ya que en muchos casos no cuentan con reconocimiento formal por parte de sus representaciones diplomáticas, lo que los coloca en una condición de apatridia y dificulta los trámites migratorios convencionales.
Ante este escenario, los migrantes se ven obligados a recurrir a mecanismos de protección internacional, como la solicitud de refugio, proceso en el que el IFDP brinda orientación jurídica, información sobre derechos humanos y acompañamiento en los trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), además de asesoría para regularizar su estancia mientras se resuelve su situación.
El funcionario subrayó que la defensoría federal tiene como prioridad garantizar el acceso a la justicia, especialmente para personas en condición de vulnerabilidad, y reconoció que el aumento de migrantes cubanos en Cancún representa un reto adicional para las instituciones encargadas de la atención migratoria y la protección de derechos humanos.
Reconoció que la llegada de migrantes cubanos a Cancún representa un reto adicional para las instituciones encargadas de la atención migratoria y de derechos humanos, debido al aumento en la demanda de servicios legales, administrativos y de asistencia social. No obstante, aseguró que el Instituto mantiene su compromiso de atender cada caso conforme a la ley y con un enfoque de respeto a los derechos humanos.