CHETUMAL.- Más de 300 carpetas de investigación relacionadas con posibles actos de corrupción prescribieron durante la administración anterior, algunas de ellas vinculadas directamente con el exgobernador Roberto Borge Angulo, reveló el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Edgar Ramírez Morales, durante su informe ante la XVIII Legislatura.
El funcionario explicó que esta situación derivó en la notificación formal al Órgano Interno de Control y a la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), con el fin de deslindar responsabilidades administrativas y legales por la pérdida de estos expedientes.
Al presentar su primer informe de labores —correspondiente del 16 de septiembre de 2024 al 31 de diciembre de 2025—, Ramírez Morales confirmó que su antecesora, Rosaura Villanueva Arzapalo, dejó caducar diversas carpetas, lo que impidió ejercer acción penal en casos considerados clave.
“Cuando hacemos la entrega formal encontramos una serie de carpetas de investigación relacionadas con Borge Angulo que ya habían prescrito, mientras otras se encuentran en proceso de revisión por encontrarse en medio de amparos y otras suspensiones”, declaró el Fiscal Anticorrupción.
De acuerdo con el informe, de las 407 carpetas concluidas en este periodo, en 328 se determinó el no ejercicio de la acción penal, principalmente por estas negligencias procesales, lo que evidencia el impacto del rezago acumulado entre 2016 y 2022.
El titular de la Fiscalía detalló que, de un total de mil carpetas recibidas al inicio de su gestión, se ha logrado abatir entre el 70 y 75 por ciento del rezago; sin embargo, reconoció que la recuperación de recursos ha sido limitada, ya que únicamente se han logrado reintegrar cinco millones de pesos.
Entre las causas de cierre de expedientes también se encuentran 26 declaraciones de incompetencia, cuatro abstenciones de investigar y algunos casos de sobreseimiento por fallecimiento de los imputados.
Finalmente, informó que en el periodo reportado se registraron 331 nuevas denuncias, predominando delitos como abuso de autoridad, con 288 casos, seguido por aprovechamiento ilícito del poder, cohecho y peculado.
Ramírez Morales enfatizó que, una vez concluidos los procesos legales en curso y emitidos los dictámenes correspondientes, se entregará un informe detallado al Congreso del Estado sobre las omisiones detectadas que permitieron la impunidad en casos de alto perfil político.