CANCÚN.- Más de 10 mil metros cuadrados de terrenos ubicados en los municipios de Bacalar y Benito Juárez fueron declarados propiedad de la Nación por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), mediante dos resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En conjunto, las declaratorias comprenden una superficie de 10 mil 516.11 metros cuadrados, equivalente a poco más de una hectárea.
La mayor extensión se localiza en Bacalar, donde la dependencia federal reconoció como terreno nacional el predio identificado como polígono 6ETV-006, con una superficie de 9 mil 669.93 metros cuadrados, equivalente a aproximadamente 0.97 hectáreas.
Este predio concentra alrededor del 92 por ciento de toda la superficie considerada en las dos resoluciones.
Seis polígonos en Benito Juárez
En Benito Juárez, la Sedatu declaró terrenos nacionales seis polígonos que, en conjunto, abarcan 846.18 metros cuadrados.
Las superficies fueron identificadas como T5-ETV-033, T5-ETV-034, T5-ETV-035, T5-ETV-036, T5-ETV-037 y T5-ETV-038.
A diferencia del caso de Bacalar, la resolución no corresponde a un solo predio continuo, sino a seis polígonos que suman aproximadamente 0.085 hectáreas.
Las declaratorias fueron resultado de procedimientos administrativos realizados para determinar la situación jurídica de las superficies y establecer formalmente su carácter de terrenos nacionales.
Declaratoria no implica expropiación
La figura de terreno nacional no debe confundirse con una expropiación. Conforme a la legislación agraria, corresponde a superficies que reúnen las condiciones legales para ser reconocidas como propiedad de la Nación, condición que debe determinarse mediante el procedimiento administrativo correspondiente.
La publicación de las resoluciones en el DOF constituye el acto mediante el cual la autoridad federal reconoce formalmente esa situación jurídica.
Asimismo, la declaratoria no significa por sí misma que los terrenos hayan sido entregados a particulares, destinados a proyectos inmobiliarios o incorporados automáticamente a programas de regularización.