Aguakan pide arbitraje internacional contra la revocación de la ampliación de su concesión

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Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- La empresa Aguakan dio a conocer que interpuso una demanda ante la Cámara de Comercio Internacional para que intervenga mediante procedimiento de arbitraje en el conflicto jurídico que tiene por la cancelación de la ampliación de su concesión del servicio de agua potable por 30 años más.

El corporativo Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V. (DHC), propietario de Aguakan, dio a conocer este procedimiento al público en general e inversionistas participantes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde cotiza acciones y bonos.

En su comunicado, Aguakan informa que el 8 de julio presentó Memorial de Demanda Arbitral contra el gobierno del estado de Quintana Roo, los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Solidaridad (hoy Playa del Carmen), y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado (CAPA), con la finalidad de dirimir los “diferendos asociados con la prestación de los servicios concesionados a DHC”.

El referido memorial fue presentado por DHC ante la Cámara de Comercio Internacional bajo el número de caso 28518/AJP, precisa el comunicado.

“Como ha venido aconteciendo, DHC informará oportuna y diligentemente cualquier situación relevante que como emisora deba comunicar al público en general y seguirá brindando, sin afectación o interrupción alguna, los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, en el estado de Quintana Roo”, afirma la empresa.

Cabe mencionar que esta petición de arbitraje internacional es una estrategia adicional de Aguakan al recurso de revisión que interpuso contra la sentencia del juicio de amparo que le negó la cancelación del decreto que canceló la ampliación de su concesión.

Asimismo, con estas medidas busca mantener el mayor tiempo posible la operación de los servicios de agua potable y drenaje en los municipios del norte de la entidad, en lo que logra obtener el compromiso del gobierno del estado de que le pague una indemnización por los daños y perjuicios de la cancelación de su concesión ampliada.

De hecho, un mes antes, Aguakan emitió otro comunicado donde expresó que reiteraba su “compromiso con la búsqueda de soluciones institucionales que permitan garantizar la continuidad y calidad en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen”.

“Agradecemos la disposición que han mostrado tanto el gobierno federal, como el gobierno del estado de Quintana Roo para mantener canales de diálogo abiertos, con miras a construir alternativas en beneficio de todas las partes relacionadas”, agregó.

“Aguakan manifiesta su voluntad de colaborar en cualquier proceso de solución con responsabilidad, transparencia y en estricto apego a la ley, con el único propósito de contribuir al fortalecimiento del servicio público de agua en beneficio de la ciudadanía”, concluyó entonces.

Por otra parte, desde que dio a conocer la sentencia que le fue desfavorable y que la impugnaría, Aguakan informó que en paralelo existe una suspensión definitiva contra los efectos del Decreto 195 concedida a Grupo Mexicano de Desarrollo S.A.B. y CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple, en sus condiciones de socio de DHC y fiduciario, respectivamente, del fideicomiso irrevocable F/1491, emisora de los certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo de la empresa en la Bolsa de Valores

Además, también dijo que desde entonces ya tenía un primer procedimiento de arbitraje comercial en contra del gobierno del estado de Quintana Roo, los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, así como en contra de la CAPA, en el que les reclama el cumplimiento forzoso del título de concesión y la indemnización por daños y perjuicios.

Asimismo, cabe recordar que Aguakan sigue un arbitraje por sanciones que la CAPA le puso desde el 2022 por incumplimiento de inversiones en infraestructura hidráulica.

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