Signos
Como protagonista voluntaria en los procesos penales contra criminales mexicanos en los Estados Unidos, la Presidenta Sheinbaum seguirá perdiendo el pulso.
Si se mide con cualquier personaje estadounidense que acuse a los dirigentes políticos mexicanos de corruptos y cómplices del crimen organizado, saldrá perdiendo.
Por partida doble.
No es su papel de estadista.
Sus debates deben ser del nivel de su investidura.
Y la defensa redundante de la soberanía nacional huele más a demagogia obradorista que a dignidad juarista.
Porque la peor amenaza contra el país está dentro del país.
La delincuencia política y la corrupción pública en todos los niveles del Estado lo destruyen ahora más que nunca.
Esa delincuencia -ahora en gran medida disfrazada de militante de la revolución ética y defensora del proselitismo electorero tras los estandartes de ‘no mentir, no robar, no traicionar’- ha sido y sigue siendo la verdadera culpable de los negocios, la violencia, la perversión institucional y el control que ejerce el crimen organizado en todos los Municipios, Entidades Federativas y regiones de México, infiltrados -delincuentes políticos y jefes del crimen organizado- en unos y otros partidos y condicionando la composición y los objetivos de los grupos gobernantes a su imagen y semejanza, y en la antípoda histórica de la propaganda de la renovación moral, del Movimiento de Regeneración Nacional y de la llamada ‘cuarta transformación’.
La peor amenaza contra el país es no reconocer que la delincuencia política se ha generalizado y que domina el Estado nacional.
Es no reconocer que los Gobernadores y las autoridades donde opera el crimen organizado, por ejemplo, son tan responsables de la criminalidad en sus territorios como las bandas y liderazgos del hampa de todos los giros que se despliegan al amparo de la impunidad que les prodigan.
Es negar que la amenaza de intervencionismo estadounidense contra la que se eleva la denuncia obradorista de la defensa soberana del país ha crecido en la misma medida en que el Estado mexicano ha permitido la proliferación del crimen organizado y de la delincuencia política asociada o cómplice del mismo.
Es renunciar a la verdad incontrovertible de que mientras más sonora es la voz presidencial en defensa de la soberanía y en contra de la amenaza injerencista, más se advierte en favor y en defensa de los delincuentes políticos y de los grupos de poder que más promueven las actividades del crimen organizado.
Y es oponerse a la evidencia de que si no hubiese sido por la presión del nuevo Gobierno estadounidense no se habría movilizado en México una nueva estrategia nacional anticrimen de las dimensiones de las que lidera el jefe de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y que, sin embargo, no va más allá de los importantes y numerosos éxitos obtenidos en el terreno, justo por la protección que, a través de la Presidenta -y de su discurso patriotero-, sigue brindando el obradorismo a los grandes truhanes del poder político afiliados a su causa.
SM