CANCÚN.- Se presentó de manera oficial el proyecto Aldea Nizuc, en la tercera sección de la zona hotelera, cuya inversión asciende en su primera etapa a los 150 millones de dólares.
La inversión corre a cargo de Pulso Inmobiliario, poseedora del predio de 100,000 metros cuadrados sobre el que se desarrollará un wellness center, una aldea comercial y un auditorio para conciertos con capacidad para 9,500 espectadores.
Se ubica a 70 metros de la laguna Nichupté, dentro del área natural Manglares de Nichupté, según reconocen el propio inversionista Carlos Kamkhaji, presidente y fundador de Pulso Inmobiliario y presidente de Aldea Nizuc.
El inversionista señaló que además de todas las amenidades con las que contará el complejo, actualmente se encuentra en construcción la primera torre de 16 niveles, de 121 habitaciones, con un diseño de lujo, categoría cinco estrellas y concepto familiar en plan europeo. El plan original contempla un total de cinco torres de estas mismas características.
El precio cuenta con autorización federal de impacto ambiental para 2,000 habitaciones hoteleras, según se lee en la manifestación de impacto ambiental.
Araceli Domínguez, presidenta de Grupo Ecologista del Mayab, recordó que ella promovió diversos recursos contra la autorización de impacto ambiental entregada en 2006 a este polémico desarrollo ubicado dentro de una reserva natural, por los riesgos que supone para este hábitat, independientemente de las argucias legales para lograr que las 10 hectáreas que conforman todo el proyecto quedaran fuera de la poligonal que abarca Manglares de Nichupté.
La activista asegura que fue a través de modificaciones a los programas urbanos de desarrollo (PDU), aprobadas por distintas administraciones municipales, que se logró que dicho terreno quedase fuera de la reserva natural, sin considerar el impacto que tendrá en el frágil entorno tanto por el tema de drenaje y tratamiento de aguas negras, así como por la saturación de las vialidades de la zona hotelera de Cancún, saturada desde hace más de 10 años.
Fuente: El Economista