Signos
Fiscalías, Policías, Tribunales de Justicia, todos estatales, ¿a qué intereses sirven, en primer lugar, si no a los de los grupos del poder político dominante en sus Estados, el de sus Gobernadores?
Es claro que en los territorios donde con mayor impunidad opera el crimen organizado lo hace con la complacencia de esos Gobiernos y con la pertenencia, cada vez mayor, a los grupos del poder político que los gobernantes representan.
Las bandas criminales más poderosas han condicionado en gran medida el proceder de las autoridades locales con las que han intercambiado negocios e intereses a través de Fiscalías, Policías, Tribunales y empresarios afines (o sometidos por la ley de la amenaza y la extorsión). Y los grupos de poder estatales, con sus socios mayores del crimen organizado, han incidido de manera determinante en el control obradorista del Estado nacional y en el financiamiento y el éxito electorales y el control institucional de sus representantes políticos en casi todo el país.
¿A quiénes de los más importantes liderazgos locales y federales de ayer y hoy denunciarían como implicados en sus tramas de intereses los criminales de alto rango procesados en Estados Unidos, como Ovidio Guzmán, el Ratón, con quien los Fiscales que lo acusan en ese país negocian una significativa reducción de cargos y condenas y la protección de casi una veintena de familiares a cambio, se presume, de confesiones sobre sociedades políticas de su cártel en México? ¿Y no estaría, por ejemplo, el Gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, entre los implicados por Ismael ‘el Mayo’ Zambada, enemigo suyo y socio de su principal enemigo político, Héctor Cuén, asesinado con un agente de la Fiscalía estatal y jefe de seguridad del Mayo el mismo día en que el Mayo fue entregado a los estadounidenses por otro de los hijos del Chapo Guzmán, de su mismo nombre, Joaquín, mientras la Policía de Rocha Moya y su Gobierno inventaban un falso asalto contra Cuén en una gasolinería de las inmediaciones del lugar donde fue secuestrado el Mayo?
Si la Presidenta está impedida de renunciar a sus compromisos con Andrés Manuel, a quien le debe todo y cuya ruptura voluntaria con él y con el poder de su popularidad la condenaría al naufragio, y se siente impedida de perseguir a los delincuentes políticos de mayor rango que fueron factores importantes del dominio de su causa -la de la Regeneración Nacional y la renovación moral de la sociedad, tipo la delamadridista ochentera, o la ‘4t’- en veintiocho de las treintaidós Entidades de la República que controla su partido de manera absoluta, ¿no sería bueno para ella y para su país que la Justicia estadounidense, con la eficaz contribución de Omar García Harfuch, el jefe anticrimen del claudismo que en colaboración con los estadounidenses desmantela negocios y células del narcoterror y del vasto tráfico ilegal de hidrocarburos -aunque sin cruzar la frontera de las potenciales complicidades políticas involucradas y sin las cuales no hubiesen podido funcionar- se ocupe de lo que no se ha querido ocupar el Estado mexicano, y con ello la ayude a emanciparse del jefe máximo del obradorismo sin tener que renunciar al bono de su invicta y legada popularidad ni demostrar que no es su decisión sino un compromiso bilateral con la seguridad; un compromiso que, de resultar victorioso, la dotaría, además, de una soberanía política que, libre de delincuentes políticos y del crimen organizado (hoy temerosos de la persecución de Washington y de las órdenes que en su contra y en consecuencia pudiera recibir Harfuch de Claudia) le daría mayor capacidad de maniobra frente a los asedios del entorno internacional y sus derivaciones económicas internas, o mayor autonomía de liderazgo sin tener que traicionar a nadie?
Porque si alguna confluencia con el régimen de Trump existe y le sirve a ella y al país, es en lo que concierne a la seguridad. (¿Se acabaría con la ruina espiritual que condena al vicio y a las adicciones de todo tipo a cada vez más grandes núcleos sociales de la decadente superpotencia, que siempre encontrarán alternativas para autodestruirse o suicidarse? No, por supuesto. Pero en buena medida podrían erradicarse los vicios crecientes del oportunismo criminal que se consolida en el poder del Estado mexicano tras la máscara de la moralización como principio de la transformación nacional.)
La Presidenta puede seguir entonando la rima patriotera de la no subordinación en el combate bilateral contra el narcoterror para mantener su fidelidad y su sintonía retórica con Andrés Manuel. Lo que no debiera es negarse a la evidencia y a la lógica del nexo entre el crimen organizado y la delincuencia política, y mucho menos a la colaboración con el régimen de Trump si sus pesquisas al respecto incluyen objetivos entre los correligionarios del obradorismo y asociados, del más bajo o el más alto perfil que fueren.
Ella sabe que camina sobre el alambre ardiente de una encrucijada. Pero exigir pruebas contra la lógica de la verdad exhibe, si la exigencia no es sólo demagogia, indicios de complicidades. Pareciera que le asusta que los estadounidenses lleguen demasiado lejos (y, más, que sus verdades sean verdaderas) y los peces que atrapen en México sean muy cercanos a ella y sean, también, bastante gordos. Pero debería estrechar lo más posible la coordinación con Washington y aguardar a conocer a fondo la objetividad de las investigaciones (que bien podrían ser mutuas). Y defender la posición del todo por el todo y del caiga quien caiga; la de que aquel que tenga cola se la pisen y el que no defenderlo con todos los pelos de la justicia en la mano.
La moneda de ganar o perder la guerra de la seguridad está en el aire. Y lo primero depende de no sentir ‘pasos en la azotea’ y de jugar el volado con los pies bien puestos sobre la tierra.
En los juegos del poder a menudo se llega a umbrales de definición histórica irrevocables, que lo mismo pueden ser anuncios de fatalidad que de renacimiento.
Si la Presidenta pretende que su liderazgo nacional y su Gobierno se fortalezcan dentro de la causa de la Regeneración Nacional deberá acabar con la fuerza consolidada de la delincuencia política que hace fuerte al crimen organizado, empezando por la de su partido y sus alianzas. De otro modo el país, con ella, seguirá perdiendo.
SM