CIUDAD DE MÉXICO.- La transmisión de anuncios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) durante partidos de fútbol de la Liga MX —en los que se advierte a “criminales extranjeros” que no crucen la frontera— terminó por concretar una transformación de fondo: una nueva ley que concentra las funciones regulatorias en telecomunicaciones y radiodifusión en una entidad subordinada al Ejecutivo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
La iniciativa de Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada por la Presidencia al Senado, establece que “la Secretaría de Gobernación ejercerá las facultades correspondientes a la administración de los tiempos de Estado […] así como vigilar que las transmisiones de radiodifusión y contenidos audiovisuales se apeguen a lo establecido en la ley, debiendo sancionar su incumplimiento”.
Además, el proyecto prevé penalizaciones económicas a medios nacionales que emitan mensajes de gobiernos extranjeros: “Se impondrán multas de hasta el cinco por ciento de los ingresos anuales a los concesionarios que transmitan propaganda de gobiernos extranjeros, con excepción de la promoción turística o cultural y otros casos determinados por la Agencia”.
Este nuevo marco normativo elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano constitucional autónomo, y transfiere sus funciones a la Agencia creada en noviembre pasado y encabezada por José Antonio Peña Merino.
“Conforme a la citada reforma Constitucional, (las atribuciones del IFT serán asumidas) por el Poder Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de formular y dirigir las políticas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, se lee en la exposición de motivos.
La Agencia tendrá la responsabilidad de administrar el espectro radioeléctrico, regular la radiodifusión, supervisar servicios, otorgar concesiones y aplicar sanciones. “La administración del espectro radioeléctrico se ejercerá por la Agencia (…) lo que incluye la elaboración y aprobación de planes y programas de uso, el establecimiento de condiciones para la atribución de bandas de frecuencia, el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y constancias de registro, la supervisión de las emisiones radioeléctricas, la aplicación del régimen de sanciones, y cualquier otra acción necesaria”, indica el documento.
El texto argumenta que la reforma busca “reducir la brecha digital” y atender “zonas de muy difícil acceso”, pero también señala que la Agencia garantizará “la disponibilidad de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico o capacidad de redes para el Ejecutivo Federal con fines de seguridad nacional, seguridad pública, conectividad de sitios públicos, cobertura social y demás necesidades, funciones, fines y objetivos a su cargo”.
El nuevo regulador tendrá también facultades para emitir “disposiciones administrativas, así como ordenamientos técnicos en materia de radiocomunicaciones espaciales, plataformas de gran altitud y servicios satelitales”, además de “llevar a cabo pruebas destinadas a la investigación y el desarrollo tecnológico […] utilizando cualquier banda de frecuencias disponible, para cualquier servicio de radiocomunicaciones”.
Respecto a las concesiones sociales, se establece que “estas concesiones tienen como objetivo, fortalecer la comunicación permitiendo que las radios sociales y comunitarias desempeñen un papel clave en la difusión de contenidos de interés público”, aunque también advierte que “la solicitud y el otorgamiento de concesiones podrían derivar en la acumulación de este recurso, limitando su disponibilidad para otros actores”.
La iniciativa otorga al Ejecutivo Federal control total sobre las asignaciones, regulaciones y supervisiones sin requerir, como antes, la intervención de un órgano independiente como el IFT. “El Gobierno Federal contará con las concesiones, autorizaciones y asignaciones en radiodifusión y telecomunicaciones, necesarias para el ejercicio de sus funciones”.
Fuente: El Sol de México