Por Francisco Hernández
CHETUMAL.- El Consejo Ciudadano y Científico Pro Restauración y Preservación de Bacalar denunció que se están realizando nuevas acciones de relleno ilegal en el Estero de Chac, en las cercanías de Huay-Pix, a 10 kilómetros, poniendo en riesgo el flujo del agua y el equilibrio ecológico en el canal natural que conecta a la Laguna de los Siete Colores con el Río Hondo.
En el llamado de atención, que se dirige a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Ayuntamiento de Othón P. Blanco y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se muestra que este vertido de material pétreo en el cuerpo de agua se realiza junto a un terreno presunto particular, que es aledaño al depósito de asfaltos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT), al sur del puente sobre el Estero de Chac y de la curva previa a la entrada a Huay-Pix desde Bacalar, en una zona que se encuentra dentro del ejido Juan Sarabia, en su colindancia con el ejido Santa Elena.
La publicación volvió a poner de relieve los problemas y amenazas que enfrenta el Estero de Chac, a las que se dio atención sobre todo a partir la construcción de rieles del Tren Maya que, aunque se realizó sobre pasos elevados, para la introducción de la maquinaria pesada para la obra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó rellenos de terraplenes en la zona.
Asimismo, la sociedad ha estado muy pendiente del enturbiamiento del agua del arroyo, por el cual fluyen de salida hacia el río los excedentes de agua de la región de Bacalar.
Sobre el asunto, la especialista ambiental María Luisa Villarreal Sonora advirtió que, además de los rellenos ilegales que se realizan en el área, el problema real del Estero de Chac es que ya venía colapsando por un proceso natural que se llama agradación, que significa que se está llenando de sedimento.
Encima de esta sedimentación natural los propietarios de terrenos en sus orillas, encima, “lo están rellenando a mano”, advierte, y el resultado es que un sistema entero de más de 18 mil hectáreas, que debería funcionar como zona de amortiguamiento del agua, está colapsando.
“Toda el agua que escurre desde Bacalar —incluyendo manantiales, lluvia y canales naturales—, debería pasar por ahí, atravesar hacia el arroyo de Chac y de ahí al Río Hondo…Pero no.
Esa salida natural hoy es un embudo de apenas cuatro o cinco metros, ¡para sacar el agua de toda una cuenca! Y aun así, hay quienes están rellenando justo ahí. Porque pueden. Porque tienen terrenos. Y porque las autoridades no hacen nada”, lamenta la especialista.
Asimismo, otro especialista en la materia hizo llegar una opinión sobre el tema, aunque con solicitud del anonimato, que se reproduce a continuación, por su interés y el reflejo de una la preocupación genuina de quien ha vivido, trabajado y defendido por años los ecosistemas de Quintana Roo.
“Lo que se está denunciando en esa zona —el relleno ilegal de un canal natural—, no es un hecho menor ni un simple caso más de mal manejo ambiental. Se trata, con toda claridad, de una agresión directa a la dinámica hídrica de los humedales del sur del estado, que amenaza con alterar de forma irreversible el equilibrio de un sistema ecológico vital, no sólo para las especies que ahí habitan, sino para las propias comunidades humanas como Huay-Pix, que podrían sufrir inundaciones a causa de esta intervención.
El arroyo de Chac cumple una función crítica: es el canal de salida natural del agua excedente que fluye desde los humedales hacia el Río Hondo. Es, en términos técnicos, un corredor de desagüe, un embudo natural que permite la regulación del nivel freático y de los cuerpos de agua interconectados en la región. Rellenarlo —como aparentemente se está haciendo con maquinaria pesada y materiales pétreos—, no solo rompe ese flujo: pone en riesgo a toda la cuenca baja, acelera procesos de anegamiento, avejentamiento acelerado de los cuerpos de agua y compromete la seguridad de quienes viven en las zonas más vulnerables.
Como especialista, me preocupa profundamente que esta obra se esté ejecutando sin que haya registro de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni de una autorización de cambio de uso de suelo, etc. El simple hecho de que se intervenga una zona de humedal, con vegetación asociada y flujos de agua superficiales y subterráneos, ya exige por ley la revisión de Semarnat y de Conagua. Sin embargo, todo indica que estas acciones están ocurriendo sin el menor sustento legal ni técnico.
Más allá del acto en sí, lo que más indigna es la ausencia de coordinación institucional. ¿Dónde está Profepa? ¿Por qué no hay un procedimiento administrativo abierto? ¿Qué dice el municipio? ¿La SEMA ya verificó? Cada nivel de gobierno parece actuar como isla, y mientras tanto, los ecosistemas se modifican y los daños se acumulan. Esto no es una falla del sistema: es la consecuencia de una política ambiental que ha sido desplazada por la improvisación y los intereses económicos particulares.
En el discurso, se habla del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo. Se insiste en que el medio ambiente es prioridad, que estamos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero la realidad nos está diciendo otra cosa. Lo que está ocurriendo en Chac refleja una incoherencia profunda entre lo que se promete desde la administración pública y lo que realmente se cuida en el territorio.
Y como ocurre en muchos otros casos, hay beneficiarios detrás del silencio. No es difícil imaginar que este relleno busca apropiarse de tierra, expandir propiedades privadas o preparar el terreno para futuros desarrollos inmobiliarios o turísticos. Se trata de ganar terreno al agua y a la naturaleza, sin respetar el ordenamiento ecológico ni los servicios ambientales que esos espacios brindan.
Lo más grave es que esto sucede en una zona ya reconocida como prioritaria por la Conabio y donde existen corredores biológicos, zonas de recarga de acuíferos y presencia de flora y fauna protegida. Al destruir estos entornos, no solo se afecta el paisaje: se reduce la capacidad del ecosistema para retener agua, se altera la temperatura local, se pierde biodiversidad y se pone en riesgo la salud y seguridad de las comunidades.
Por eso, lo que se requiere hoy no es solo indignación, sino acción decidida y articulada. Es urgente que Profepa clausure la obra, que Semarnat verifique la falta de MIA, que el municipio transparente lo que sabe y que se impongan sanciones reales, ejemplares, que envíen un mensaje claro: no se puede seguir destruyendo el territorio impunemente.
También se debe restituir el ecosistema: retirar el material de relleno, restaurar el flujo natural del arroyo, y establecer una mesa técnica con participación ciudadana para vigilar futuras intervenciones. Es tiempo de demostrar que la gobernanza ambiental no es solo un ideal, sino una realidad construida desde el territorio, con legalidad, ciencia y voluntad política.
Y lo digo con total convicción: defender el arroyo de Chac no es un capricho técnico ni un berrinche de ambientalistas. Es defender la lógica natural de un sistema que por siglos ha protegido a la población y ha sostenido la vida. Si permitimos que lo tapen, lo bloqueen o lo conviertan en fraccionamiento, no solo perdemos agua: perdemos futuro”.