CHETUMAL.- La XVIII Legislatura de Quintana Roo dio entrada a una serie de iniciativas, entre ellas una propuesta que, bajo el argumento de proteger el derecho al honor, plantea establecer sanciones por el uso “no autorizado o abusivo” de la imagen de las personas en redes sociales, plataformas digitales o medios de comunicación, lo que podría abrir la puerta a reclamos legales e indemnizaciones que algunos sectores consideran cercanos a un mecanismo de censura.
La reforma al Código Civil del Estado fue presentada por la diputada María José Osorio Rosas, del PVEM; el diputado Hugo Alday Nieto, del PT; y el diputado Ricardo Velazco Rodríguez, de Morena. La iniciativa busca reconocer expresamente la protección de la imagen propia como parte del derecho al honor y establecer mecanismos para reclamar el cese de publicaciones y la reparación del daño moral.
En tribuna, Osorio Rosas aseguró que la intención no es limitar la libertad de información ni censurar a los medios de comunicación. Argumentó que, aunque cualquier persona puede utilizar una imagen, lo que se publica “en un instante puede afectar de manera permanente”, por lo que se requiere una regulación que permita a las personas decidir sobre la difusión de su imagen.
La legisladora sostuvo que la propuesta está dirigida a combatir imágenes “modificadas maliciosamente con Inteligencia Artificial”. Sin embargo, la exposición de motivos de la iniciativa plantea un alcance más amplio y ambiguo, al referirse a sancionar el “uso no autorizado o abusivo” de la imagen en general, sin acotarlo exclusivamente a contenidos alterados con tecnología.
El documento señala que la reforma pretende llenar un vacío normativo que hoy dificulta la defensa de las personas frente a la captura, reproducción o difusión de imágenes sin control en entornos digitales, las cuales pueden ser manipuladas, explotadas comercialmente o utilizadas para acoso y difamación, afectando la dignidad, reputación y privacidad.
No obstante, el carácter genérico de conceptos como “uso no autorizado” podría generar interpretaciones extensivas y litigios para frenar publicaciones, exigir indemnizaciones o retirar contenidos, lo que ha despertado cuestionamientos sobre su posible impacto en la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
En la misma sesión, también se dio entrada a una iniciativa del grupo parlamentario de Morena para reformar la Ley de los Municipios y obligar a alcaldesas y alcaldes a realizar al menos una audiencia pública semanal, fuera de las oficinas municipales, con el fin de escuchar y atender de manera directa las solicitudes ciudadanas.
Además, se turnaron a comisiones propuestas para incorporar el tema de Inteligencia Artificial a los trabajos legislativos de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología; reformar la Ley de Salud para incluir la atención a la salud mental de personas con VIH/SIDA; y se aprobaron modificaciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado para reconocer como día de descanso el 1 de octubre de cada seis años, con motivo de la toma de posesión presidencial.