CIUDAD DE MÉXICO.- Diversas organizaciones de la sociedad civil han lanzado una enérgica advertencia ante la inminente ratificación de Héctor Ulises Orduña Hernández como juez de Distrito en Veracruz, pese a que enfrenta una investigación por presunta violencia sexual contra una adolescente.
Colectivos como Alumbra, Reinserta, Te Protejo, Freedom, Guardianes, Conciencia, World Vision y ChildFund México han exigido a las autoridades que detengan el proceso, señalando que permitir su ratificación vulneraría gravemente el acceso a la justicia y pondría en riesgo la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Orduña Hernández, designado como juzgador mixto en el Distrito 2 de Veracruz, se encuentra actualmente detenido. Está acusado de haber agredido sexualmente a su sobrina, incluyendo tocamientos y la exposición forzada a material sexualmente explícito. Además, organizaciones han señalado vínculos con delitos relacionados con material de abuso sexual infantil en Estados Unidos.
Las ONG advierten que ratificar a un juez bajo estos señalamientos sería un mensaje de permisividad institucional hacia la violencia sexual y un golpe a la credibilidad del sistema judicial. Advirtieron que mantener a una persona investigada por estos delitos en funciones contraviene el principio de imparcialidad y desalienta a las víctimas a denunciar.
Pidieron al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral Federal y a la Fiscalía de Veracruz actuar con urgencia, transparencia y bajo los más altos estándares de protección de la infancia. Recordaron que el principio de presunción de inocencia no exime al Estado de su obligación de actuar con máxima diligencia cuando se trata de posibles delitos contra menores.
Las organizaciones insisten en que cualquier funcionario público acusado de violencia sexual debe ser suspendido de manera preventiva hasta que se esclarezcan los hechos.
Finalmente, hicieron un llamado a la sociedad, medios de comunicación y defensores de derechos humanos a unirse en la exigencia de un sistema judicial compuesto por personas íntegras, éticas y comprometidas con la defensa de la niñez.
La Comunidad Alumbra subrayó que garantizar justicia a las víctimas debe ser una prioridad legal, ética y política. La posible ratificación de Orduña Hernández —advirtieron— pone en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones y representa una amenaza directa a los compromisos del Estado mexicano en materia de protección infantil.