CHETUMAL.- Un juez federal de Quintana Roo impuso este martes 22 de abril una segunda suspensión provisional para frenar de inmediato las obras que militares realizaban en la Laguna de Bacalar, en donde pretendían desarrollar un proyecto de casas para los elementos castrenses.
De acuerdo con la suspensión, promovida por el Proyecto Justicia Común (PROJUC) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A. C. (DMAS), las autoridades deben suspender los actos que ponen en riesgo el ambiente y el patrimonio cultural de Bacalar.
De acuerdo con el expediente 271/2025 de amparo indirecto que resuelve el Juzgado Primero de Distrito de Chetumal, también demandaron la falta de supervisión que deben ejercer dependencias de los tres niveles de gobierno, entre ellas la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) porque la edificación se ubica a escasos metros del Fuerte de San Felipe de Bacalar, obra arquitectónica del siglo XVIII.
El principal efecto de suspensión es contra: “la construcción de la casa de descanso denominada “Casa Bacalar” que sobre la costera de Bacalar, proyecto ubicado frente al histórico Fuerte de San Felipe y al pie de la Laguna”(sic).
“Esta medida impide que continúen las obras de manera provisional. El 28 de abril está fijada la celebración de la audiencia incidental, en la cual se analizará si se concede la suspensión definitiva, lo cual implica que se paralicen las obras hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto”, detallaron los colectivos que promovieron el amparo ante los reclamos ciudadanos.
A inicios de marzo, habitantes de Bacalar se manifestaron pacíficamente contra la construcción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la zona federal de la Laguna de Bacalar, justo frente al Fuerte de San Felipe, patrimonio histórico del Estado.
La obra, identificada como un proyecto hotelero, arrancó sin contar con los permisos ambientales necesarios —como el caso de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)— ni con un proceso de consulta pública a la comunidad.
Los colectivos agregaron que el fallo judicial provisional es un logro importante para la defensa del ambiente.
“Este fallo representa un logro importante para la defensa ambiental, la participación ciudadana y la justicia ecológica en México, y sienta una clave precedente para evitar que proyectos gubernamentales avancen sin respetar la legalidad y los derechos de las comunidades”, agregaron los colectivos en el comunicado.
Señalaron actos de perforación del suelo y dragado de la laguna, la cual recientemente recibió impacto de las obras del Tren Maya tramo 6, también ejecutadas por el instituto armado.
El 1 de abril la Semarnat informó mediante un comunicado que exentó a la Sedena del trámite de MIA debido a que las obras no representan: “desequilibrio ecológico o transgrede la normatividad aplicable en materia ambiental”. Inmediatamente creció la inconformidad.
Un primer grupo de ciudadanos presentó una demanda de amparo en Chetumal. El juez federal otorgó la suspensión provisional dentro del expediente 241/2025.
Fuente: Proceso/El Financiero