Por Francisco Hernández
CHETUMAL.- Con la presencia única de dos diputados de Morena y uno del PVEM, la Comisión de Movilidad de la XVIII Legislatura de Quintana Roo inició el análisis de la iniciativa del diputado José Luis Pech Várguez para derogar la denominada “Ley Chaleco” y mandó su continuación a una reunión posterior en fecha sin determinar.
Sin embargo, el personal técnico que apoya a la comisión en materia jurídica dejó patente que la iniciativa será rechazada, pues defendió la “Ley Chaleco” como una medida que ya se adoptó en otras entidades federativas antes que en Quintana Roo.
La atención a la iniciativa de derogación de la “Ley Chaleco” fue realizada luego de que el diputado José Luis Pech Várguez, del partido Movimiento Ciudadano (MC), exhibió en tribuna al presidente de la Comisión de Movilidad, el morenista Wilberth Alberto Batún Chulim, por bloquear la propuesta y mentir sobre los oficios que recibió con peticiones para que diera paso al análisis del documento, que fue presentado hace un año.
La reunión de la comisión se programó para el martes a las 2 de la tarde, pero sin motivos explicados se pospuso hasta las 6 de la tarde y sólo se presentaron tres de sus cinco integrantes, pues faltaron la diputada de Morena Euterpe Gutiérrez Valasis y la del PAN Reyna Tamayo Carballo, quien no ha asumido el papel de oposición que le corresponde a pesar del partido político que representa y rehúye a los temas incómodos para el gobierno del estado.
En el análisis de la iniciativa que pide derogar el artículo 218 Bis de la Ley de Movilidad del Estado, coloquialmente llamada “Ley Chaleco”, el personal jurídico fue el encargado de exponerla y hacerle observaciones, puesto que los diputados de la comisión presentes, Alberto Batún Chulim y José María Chacón Chablé, de Morena, y Jorge Armando Cabrera Tinajero, del PVEM, no dijeron una sola palabra sobre ella.
El diputado promovente, José Luis Pech Várguez, acudió a la reunión y tomó la palabra para defender su propuesta.
El personal jurídico expuso que el objetivo de esta iniciativa es derogar el artículo 218 Bis de la Ley de Movilidad, para eliminar la disposición que impone la obligación a las personas conductoras de una motocicleta y sus acompañantes a usar casco de seguridad y un chaleco reflejante, ambos con el número de placa impreso.
El argumento es que esta medida resulta desproporcionada, ya que no guarda relación directa o indirecta con la inseguridad de los motociclistas, sus pasajeros y los transitantes en general ante riesgos de accidentes, pues los usuarios de motocicletas transitan en vehículos respecto de los cuales la ley impone la obligación de cumplir características de luminosidad, señalamiento, dimensión, emplacamiento, identificación y registros suficientemente aptos para otorgar seguridad jurídica a la sociedad en su uso.
El personal jurídico realizó enseguida sus observaciones, en las que indicó que en otros estados de la República se ha adoptado el uso del chaleco y el casco con el número de las placas, citando los casos de Chiapas, Puebla y Guanajuato, y que en la Ciudad de México está en proceso de análisis y discusión la iniciativa.
Por su parte, el diputado José Luis Pech Várguez consideró que la “Ley Chaleco” no cumple con el argumento de reducir las acciones delictivas y proteger la vida de las personas conductoras de motocicletas y, al contrario, lesiona severamente facultades municipales y derechos fundamentales de la ciudadanía quintanarroense.
Como una de las razones para derogarla expuso la imposibilidad jurídica y técnica para cumplir la ley tal como está establecida, porque obliga a usar cascos que cumplan con las normas oficiales vigentes y la última Norma Oficial Mexicana que regulaba los aditamentos y cascos para los conductores de motocicletas, la NOM 206 SCFI-SSA2-2018, fue cancelada el 1 de junio de 2023.
“Si esta comisión vota en contra de esta iniciativa, estará obligando al ciudadano a cumplir una ley cuyo cumplimiento es imposible, porque no existen cascos que cumplan esa norma, la norma ha sido derogada. Es decir, se estaría violando el principio de seguridad jurídica de los ciudadanos. Esto no quiere decir que los motociclistas no deban usar cascos. Esto no se discute. Esto es necesario para su protección. Lo que se discute es que se haga conforme a lo que lo establece, a como lo está estableciendo el artículo 218 Bis”, precisó.
Otra razón es que la medida es “estigmatizante, discriminante y monopolizante”, porque parte de la premisa falsa “de que todo motociclista es un delincuente potencial”, sólo se aplica a los motociclistas y sólo la autoridad estatal otorgará los chalecos, por lo que seguramente se tendrá que cobrar por ello y convierte al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) en comerciante monopolista y la medida, en un negocio para el organismo.
También consideró que la norma es lesiva para las personas que menos tienen y carece de fundamentación legal y motivación, pues no se tienen estudios e investigaciones que demuestren que la medida mencionada haya reducido las actividades delictivas.
“Yo no niego que algunos gobiernos con fines recaudatorios hayan implementado esto en algunos lados. Pero, por ejemplo, en Colombia, país donde se inició y luego se suspendió esta medida, no hay investigación que demuestre que haya reducido el uso de las motocicletas para cometer actos delictivos.
La única investigación con resultados positivos arroja que si tienen números reflejantes ayuda a que tengan menos accidentes, nada más, pero no que se resuelvan los temas delictivos”, dijo.
“La norma actual penaliza al ciudadano honesto, al albañil, al repartidor, al mesero, al estudiante que usa la motocicleta por necesidad económica y que, si aplicaran esta norma, serían multados o extorsionados en cada retén de Tránsito cuando no hubieran comprado el casco y el chaleco al monopolio que representaría el Imoveroo”, agregó.
“Adicionalmente, la delincuencia no se inhibe con el uso de chalecos o cascos señalizados. El crimen organizado no respeta leyes de tránsito ni de movilidad. El delincuente usará un vehículo robado, un chaleco clonado o una placa falsa que desechará después de cometer el acto ilícito. Ni siquiera la videograbación de las cámaras actuales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que arrojan imágenes bien visibles para visualizar las placas de los vehículos en que se cometan los delitos, han permitido detener a los delincuentes que han levantado o asesinado a personas en lugares concurridos en plena luz del día, en la mayoría de los casos”, criticó.
Luego de esta intervención, ningún diputado de la Comisión de Movilidad tomó la palabra y su presidente, Wilberth Alberto Batún Chulim, mandó que se dé “continuidad al estudio y análisis de esta iniciativa en una próxima reunión”, sin establecer una fecha para esa continuación.