CHETUMAL.- La disputa limítrofe entre Quintana Roo, Yucatán y Campeche volvió a encender las alarmas en comunidades ubicadas en la franja en litigio, donde el principal temor no es quedar fuera del mapa, sino perder servicios, derechos y presencia institucional. Ese riesgo, advierten habitantes y representantes legales, ya comenzó a materializarse.
Andrés Blanco Cruz, abogado de pobladores de la zona, denunció que la nueva cartografía aplicada por el Instituto Nacional Electoral (INE) reconoce únicamente 33 de las 78 comunidades bajo controversia con Campeche. Como consecuencia, miles de ciudadanos han sido rechazados al intentar tramitar su credencial para votar como quintanarroenses, aun cuando históricamente han pertenecido a ese territorio.
“El INE solo permite el trámite en las comunidades que reconoce como parte de Quintana Roo. En más de 38 localidades no es posible solicitar la credencial, porque el instituto las ubica en Campeche en su cartografía nacional, pese a que el litigio sigue abierto ante la Suprema Corte”, explicó.
De acuerdo con Blanco Cruz, al menos 9 mil habitantes de 45 localidades, entre ellas Carmen II, 5 de Mayo y Niños Héroes, quedaron sin posibilidad de obtener la identificación oficial que requieren para realizar trámites ante cualquier nivel de gobierno.
El abogado acusó al INE de emplear una cartografía distinta a la fijada en la Constitución, donde se establecen los territorios de cada entidad federativa. “Se está vulnerando el derecho humano a votar y ser votado. Negar una credencial para votar es negar una identificación indispensable para acceder a programas, realizar gestiones y ejercer derechos básicos”, dijo.
Recordó que el organismo electoral no tiene facultades para definir límites territoriales, por lo que sus decisiones no deberían afectar a comunidades cuyo estatus se mantiene en juicio ante la Suprema Corte.
Blanco Cruz adelantó que se evalúan acciones legales en defensa de los habitantes afectados, quienes —afirma— están quedando en un limbo administrativo provocado por una interpretación unilateral del INE.