Signos
La justicia finalmente parece estar alcanzando al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, como elemento de enlace de una vasta trama de corrupción de Estado en la que estarían implicados delincuentes del más alto perfil público, como los expresidentes de la República que lucraron, económica y políticamente, a través de Pemex y por lo menos de dos de sus ahora exdirectores –el propio Lozoya y su sucesor, José Antonio González Anaya, cuñado del expresidente Carlos Salinas-, para obtener fortunas descomunales indebidas y financiar proyectos políticos que protegieran sus intereses a futuro, a costa de destruir –mediante una reforma energética privatizadora y favorable a empresas privadas propias o cercanas a sus particulares proyectos de inversión o de control institucional- a la industria estatal más importante del país y la que había sido, hasta antes de dicho proceso de desintegración en el sexenio salinista (o de ‘modernización’, como le llamaron sus partidarios), una de las empresas petroleras y energéticas más importantes del mundo, y la mayor fuente fiscal de México.
Si bien es cierto que Lozoya fue amparado en el caso Odebrecht contra cargos de financiamiento electoral ilícito y que el delito prescribió en relación con los comicios federales del 2012 –cuando fue electo presidente Enrique Peña Nieto y los legisladores de su partido y de la ‘oposición’ panista, perredista, verde y asociada que aprobaron al año siguiente su reforma energética-, también lo es que la misma jueza que le otorgó esa suspensión se la negó para el financiamiento ilegal de las elecciones federales del 2015, y que dicha causa penal sigue tan abierta como las de las fraudulentas adquisiciones operadas a través de Pemex –como la planta de fertilizantes y el astillero español- y las que se integren por el soborno a los ahora exlegisladores que firmaron la reforma energética con la finalidad de privatizar Petróleos Mexicanos, favorecer a empresas estafadoras como la de Odebrecht, e incrementar el exorbitante patrimonio de Carlos Salinas mediante la entrega, a prestanombres y socios suyos –como en su tiempo él mismo entregó casi 500 de las empresas estatales más rentables del país a una veintena de familias que fueron convertidas, por eso, en algunas de las más ricas del mundo-, nada menos que de la cuenca denominada ‘Black Rock’, recién descubierta y del tamaño de la de Cantarell, que era la más grande de todas (nada menos que un atraco en que todo lo robado y privatizado durante la gestión salinista –de los patrimonios públicos bancarios, a los mineros, alimentarios, de telefonía y de televisión- no representaría ni el uno por ciento de los valores de ‘Black Rock’).
A unos días de haber sido extraditado a México, Lozoya fue vinculado a proceso, primero, por la compra de la inservible Agro Nitrogenados y de un astillero español, y luego por los sobornos que recibió de Odebrecht (no, como ya se ha dicho, para el financiamiento de las campañas de 2012, cuyo delito prescribió y del cual fue amparado, sino de las de 2015).
Sin embargo, más allá de que se compruebe o no su culpabilidad en esos casos, son sus declaraciones –como ‘testigo colaborador’ y por tanto beneficiario del ‘criterio de oportunidad’, lo que podría permitirle librar la cárcel mediante el procesamiento penal de los cómplices de mayor nivel que pudieran ser culpados y sentenciados en lugar de él- las que acaparan toda la atención en este momento.
Porque desde su detención en España ha estado soltando información sobre los exfuncionarios que estarían también involucrados en el esquema de sobornos de la referida empresa brasileña. Nombres como los de los entonces senadores y líderes panistas Ernesto Cordero, Ricardo Anaya y Francisco Javier García Cabeza de Vaca -hoy gobernador de Tamaulipas-, y del exsecretario de Energía y de Hacienda de Calderón, y exsecretario de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y de Hacienda de Peña Nieto, José Antonio Meade Kuribreña –también excandidato presidencial del PRI-, aparecen como algunos de los beneficiario de los 10.5 millones de dólares entregados por Odebrecht para la reforma energética que garantizaría su futuro en México y la participación de Salinas en ‘Black Rock’, teniendo como principales orquestadores al expresidente Enrique Peña Nieto y su exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
¿Habrá lluvia de amparos y desfiles de nuevo reos?…
Hoy día se especula, por lo pronto, que Peña Nieto es vigilado ya por escoltas españoles a solicitud de la Justicia mexicana, y que Carlos Salinas busca salvaguardas internacionales que lo protejan de una posible acción penal, entre las incontables relaciones globales que ha cultivado merced a sus influencias, primero como presidente de la República y luego ‘como jefe de jefes de la mafia del poder’, diría su peor enemigo. Un peligroso jefe de jefes que ha sido y que hoy se sabe perseguido y con más fundamentos jurídicos y morales que nunca para ser capturado, y que busca una madriguera, lo más segura posible, para refugiarse, aunque acaso convencido de que los negocios, negocios son, y que cuando el poder real se pierde, se pierden también los cómplices que prometieran alguna vez ser socios y amigos hasta la muerte.
El padre de Lozoya Austin y en su momento colaborador presidencial de Salinas, Emilio Lozoya Thalmann, conminó a su hijo a denunciar a sus jefes –y a los cómplices de sus jefes- tras acusarlos de dejarlo solo ante la persecución del nuevo Gobierno y la nueva Fiscalía. Ahora su muchacho es “testigo colaborador”, y acaso libre de toda cárcel y de todo complejo de acusar a quienes, se dice, lo acusan a él de delatarlos y traicionarlos, pero a quienes el examigo de Salinas –e incluyendo a Salinas en la primera fila- acusa, a su vez, de traicionar a su hijo, en un juego de ruindades donde lo único justo sería que el resultado fuese favorable a México.
SM