CANCÚN.- Laura Fernández Piña fue inhabilitada del servicio público en Quintana Roo por incurrir en “falta grave” durante su gestión como presidenta municipal de Puerto Morelos.
La resolución de inscripción de inhabilitación fue dictada por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, el 19 de marzo de 2024. Posteriormente, la sanción fue inscrita en el Sistema de Registro de Sanciones S3 de la Contraloría del Estado, el 9 de mayo de ese mismo año.
El asunto se radicó con el número 35302362 en el Juzgado Octavo de Distrito de Cancún, cuya sentencia sobreseyó el reclamo (lo dejó en el mismo estado que comenzó), el 10 de febrero pasado.
Fernández Piña Impugnó legalmente la falta de un par de notificaciones, a pesar de que se enteró del caso cuando se encontraba en trámite, sin que todavía se hubiera dictado la resolución sancionatoria, la cual ocurrió tres meses después.
Igualmente, la negativa de una solicitud de nulidad que equivocó ante la oficina sancionadora municipal cuando debió hacerlo ante el Tribunal competente, y su desechamiento por improcedente, debido a la tardanza del trámite.
En la sentencia se estableció que debió agotar primero los medios de defensa idóneos en la rama administrativa, antes de ir al amparo, y que en su reclamo pasó por alto lo estipulado con “faltas administrativas graves” en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Fernández Piña fue señalada por el gobierno de la actual presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari, de haber dejado al municipio en quiebra técnica por malos manejos financieros.
Se le responsabilizó de otorgar contratos a empresas de la que es prestanombre junto con su esposo. Algunas de las irregularidades ocurrieron mediante asociaciones públicas privadas para el alumbrado público de las localidades de Puerto Morelos, Leona Vicario, Central Vallarta y Delirios, cuyo contrato se pactó originalmente en 42.9 millones de pesos (mdp) pero se modificó a 381.6 mdp con el pago de 240 parcialidades de 1.59 mdp, cada una.
Asimismo, se suscribió otro para la construcción de una unidad de servicios administrativos pactado originalmente en 57.9 mdp, mismo que también se cambió a 336 mdp, con 240 pagos mensuales de 1.4 mdp cada uno.
Fuente: Luces del Siglo