CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó posibles daños a la hacienda pública por 509.5 millones de pesos en 35 Universidades Públicas Estatales (Upes) del país, de acuerdo con el informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2023. Entre las principales irregularidades detectadas destacan deficiencias en transparencia, problemas de control interno y uso indebido de recursos federales.
De acuerdo con el informe, de los 509.5 millones de pesos observados, 501.1 millones aún están pendientes de aclaración y sólo 8.5 millones han sido recuperados.
Entre las principales anomalías destacan recursos no ejercidos sin reintegrar a la Tesorería (133.5 millones de pesos), recargos y actualizaciones por pagos tardíos (124.8 millones) y falta de documentación justificativa del gasto (94.2 millones). Otras observaciones incluyen pagos indebidos a trabajadores después de su baja, erogaciones por plazas no autorizadas y omisiones en la comprobación de recursos.
También, el organismo destacó deficiencias significativas en transparencia y control interno dentro de estas instituciones. En el ciclo escolar 2022-2023, las Upes atendieron a más de 1.3 millones de estudiantes, con un gasto promedio de 80,736 pesos por alumno. Además, contaban con una plantilla laboral de 289,720 trabajadores, a quienes se asignó en promedio 368,501 pesos por persona.
En el caso de la UANL, se identificaron pagos fuera de norma por 149.2 millones de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. Mientras tanto, en la Universidad de San Luis Potosí, se realizaron pagos indebidos a 13 trabajadores dados de baja en 2023.
Por otro lado, la Universidad Autónoma de Zacatecas transfirió 70 millones de pesos a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado sin acreditar su destino. Además, realizó pagos improcedentes a empleados con licencia sin goce de sueldo y a personas fallecidas.
Otro hallazgo relevante fue el incumplimiento de las universidades en la publicación de reportes sobre el ejercicio de los recursos transferidos. Se detectó que muchas instituciones enviaron información con inconsistencias o datos de baja calidad, lo que impide un adecuado seguimiento del uso del dinero público.
Además, tres universidades –la Autónoma de Nayarit, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca– obtuvieron una baja calificación en su control interno, lo que genera riesgos en el manejo de los recursos públicos.
Por su parte, la Universidad Autónoma de Oaxaca realizó reintegros de recursos de forma extemporánea y presentó irregularidades en la nómina, detectándose pagos indebidos a 10 trabajadores, de los cuales 8 ya habían fallecido.