>La Sedetus y los Ayuntamientos deberán publicar las acciones urbanísticas que se realizan sin autorización, para prevenir que los ciudadanos y sus familias sean víctimas de fraudes inmobiliarios o incurran en delitos contra el desarrollo urbano, por reforma a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado
>Hasta finales del 2024 había 403 asentamientos irregulares en la entidad, y a principios del 2025 se detectaron lotificaciones ilegales en 11 ejidos
Por Francisco Javier Hernández
CHETUMAL.- Apenas un día después de que ambientalistas del movimiento Once por Cuatro presentaron cuatro iniciativas para frenar los daños al ecosistema por el desorden inmobiliario en Quintana Roo, la XVIII Legislatura del Estado aprobó en su sesión de este miércoles una reforma a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para obligar al Gobierno del Estado y los Ayuntamientos a tomar medidas para prevenir el fomento de asentamientos humanos irregulares.
Entre las medidas, destaca que la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del estado (Sedetus) y los municipios deberán publicar en sus portales digitales oficiales listas de los asentamientos humanos o fraccionamientos irregulares.
Lo anterior quedó plasmado en una adición al artículo 127 de la ley, donde se establece que, “de acuerdo con sus facultades, publicarán en medios digitales oficiales de la Secretaría y de los Municipios, las acciones urbanísticas no autorizadas”.
Se indica que los datos contenidos en las publicaciones se ajustarán a lo establecido en la legislación en materia de protección de datos personales, pero formarán parte de la medidas necesarias que a partir de ahora las autoridades estatales y municipales deberán adoptar, “para prevenir y evitar que tengan lugar, así como para corregir los que ilegalmente ocurran y sancionar a los responsables de ello”.
Resalta que la iniciativa presentada en octubre del 2024 por el diputado del Partido del Trabajo Hugo Alday Nieto proponía que el estado y los municipios publicaran listas de los desarrollos y fraccionamientos habitacionales que si cuentan con autorización, de manera anual, para el conocimiento de la población.
Sin embargo, al realizar su revisión, la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, que preside el mismo diputado petista, consideró que es mejor publicar una lista de lo contrario, de los desarrollos inmobiliarios que no tienen permisos.
En este sentido, el dictamen aprobado por el pleno de la XVIII Legislatura hoy considera valioso que la Sedetus y los ayuntamientos publiquen de manera regular la lista de los desarrollos inmobiliarios que carezcan de los permisos necesarios para la comercialización de predios o inmuebles, porque considera que con ello se previenen delitos en contra del patrimonio de las personas y del desarrollo urbano. Indican que, como parte de una política de prevención, el proveer de información a la sociedad para la toma de sus decisiones a la hora de invertir en su patrimonio es fundamental, en dos sentidos: en primer lugar, obtienen la certeza jurídica de los predios o inmuebles que pretendan adquirir; y en segundo lugar, se evita la comisión de delitos en contra del patrimonio y desarrollo urbano, sancionados por la ley en materia de asentamientos humanos, así como en el Código Penal del Estado, lo que brinda tranquilidad y certidumbre a las personas. La reforma también estipula que las acciones en materia de crecimiento, mejoramiento y conservación de los centros de población deben realizarse con perspectiva de prevención y vigilancia, mediante la utilización de una metodología orientada al análisis territorial para la resolución de problemas, que permita identificar y ponderar las fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas reveladas por la información obtenida del contexto, con el objetivo de disminuir la proliferación de los asentamientos humanos irregulares y resolver la problemática que su presencia genera en la sociedad.
Pero también establece la obligación de reducir y abatir los procesos de ocupación irregular, principalmente en zonas de riesgo, “mediante la oferta de tierra que atienda, preferentemente, las necesidades de los grupos de bajos ingresos, proveyéndoles de información oportuna para prevenir sean víctimas de quien se aproveche de su estado de necesidad y les induzca a realizar conductas prohibidas por la ley”.
Cabe mencionar que, según el último informe de la Sedetus en comparecencia ante el Congreso del Estado, en octubre del 2024 se contaban 403 asentamientos irregulares en todo el Estado, muchos de ellos producto de invasiones, repartidos en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum y Othón P. Blanco.
Además, a inicios de año la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado (PPA) indicó que en al menos 11 ejidos se habían detectado intentos de lotificaciones sin permisos, por lo cual se procedió a clausurar los predios y presentar las denuncias penales correspondientes.