CIUDAD DE MÉXICO.- La propuesta de reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum provocó tensiones al interior de Morena en el Senado, debido al choque entre los senadores Adán Augusto López y Javier Corral Jurado sobre cómo debe llevarse a cabo su discusión.
Por un lado, el coordinador de Morena en el Senado dejó claro que la bancada no contempla la realización de un parlamento abierto e indicó que lo primero será discutir la iniciativa en comisiones y después en el Pleno.
“No va a haber parlamento abierto, nunca ha habido de parte de nosotros una propuesta de parlamento abierto. Nosotros vamos, primero en comisiones y después en el Pleno, a analizar la iniciativa propuesta y en su momento a votarla”, dijo tajante el también exgobernador de Tabasco.
Las declaraciones de López Hernández contrastan con las de miembros de su propia bancada, como Javier Corral, quien anteriormente propuso que la reforma a la Ley de Amparo sea discutida con especialistas y abierta a la participación de la sociedad civil.
Corral insistió en la posibilidad de que pueda crearse un mecanismo de consulta especializado y adelantó que, de ser necesario, consultará la idea con la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy.
“Yo lo que digo es que debe haber un mecanismo de consulta (…) y yo creo que lo podemos convenir con la Junta de Coordinación Política. Nosotros lo vamos a impulsar, pero yo soy (solo) una voz en el grupo parlamentario de Morena”, expresó el senador.
Otros senadores de Morena, como Guadalupe Chavira y Óscar Cantón Zetina, también respaldaron la idea de abrir la discusión a una consulta externa. Proponen convocar a un foro con especialistas y consideran necesario escuchar todas las voces, aunque sin recurrir necesariamente a la realización de un parlamento abierto.
En entrevista con medios, Adán Augusto López adelantó que la reforma a la Ley de Amparo podría discutirse en comisiones la próxima semana y estimó que su aprobación ocurrirá entre la última semana de septiembre y la primera de octubre. “Lo más importante es que se analice y se vote ya”, sostuvo.
La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca reformar de fondo la Ley de Amparo, una herramienta legal clave para la defensa de los derechos humanos frente a actos de autoridad.
La propuesta plantea endurecer requisitos para presentar amparos, limitar las suspensiones provisionales y acortar los plazos de resolución judicial, lo que ha generado inquietudes entre especialistas y organizaciones civiles.
Uno de los principales cambios es la redefinición del concepto de “interés legítimo”, que ahora deberá ser una afectación “real, actual y diferenciada” del resto de las personas.
En otras palabras, ya no bastará con demostrar que una norma afecta a la colectividad; el quejoso deberá probar que su caso es particular y directo. Esto podría complicar que colectivos o activistas presenten amparos contra leyes que violan derechos humanos de forma generalizada.
Además, la iniciativa plantea restringir las suspensiones provisionales, mecanismo que permite detener temporalmente actos de autoridad mientras se resuelve el juicio. Con la reforma, los jueces deberán evaluar más estrictamente si conceden estas suspensiones, dando prioridad al “interés público” y al “orden social”.
Otro punto relevante es que, si una autoridad argumenta que no puede cumplir una sentencia por causas materiales o legales, podría quedar exenta de sanciones, lo que ha encendido alarmas sobre una posible puerta a la impunidad.
Fuente: El Financiero