BACALAR.- El pasado 4 de noviembre, el juez Primero de Distrito en Chetumal, Darío Alejandro Villa Arnaiz, negó la suspensión definitiva solicitada por 23 niñas, niños y adolescentes de Bacalar para detener la construcción de una casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a orillas de la laguna.
De acuerdo con el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), el juez argumentó que los menores no tienen interés legítimo para defender su derecho a un medioambiente sano ni sus derechos socioculturales, al considerar que la obra no les afecta de manera directa.
La decisión se sustenta en la reforma a la Ley de Amparo, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada el 14 de octubre, que endurece los requisitos para acreditar el interés legítimo. Para ambientalistas y abogados, dicha reforma restringe el acceso al amparo en casos de protección ambiental y defensa de derechos colectivos.
Inicialmente, el anterior juez del caso, David Pacheco Monroy, quien se retiró anticipadamente tras oponerse a la reforma judicial, sí había reconocido el interés jurídico de los menores y les concedió la suspensión provisional. Sin embargo, su sustituto, Villa Arnaiz —electo en el proceso cuestionado por el uso de “acordeones”— revocó ese criterio al considerar que los menores no sufren un daño directo.
“El juez no advirtió que las obras estuvieran generando un impacto ambiental, ni siquiera de manera indiciaria”, señaló el abogado Daud Rincón, del IFDP. Añadió que la resolución desconoce que los menores son habitantes de Bacalar y pasa por alto los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos ambientales y colectivos.
La inspección judicial realizada el 30 de octubre mostró que el área fue rellenada con material pétreo de metro y medio de altura, que ya se construyó una alberca a cinco metros de la laguna y la cimentación del edificio. También se documentaron afectaciones socioculturales: la militarización del área impidió que niñas y niños siguieran usando espacios donde solían jugar.
Las organizaciones DMAS y Proyecto Justicia Social, que mantenían otra suspensión dentro del juicio de amparo 271/2025, también perdieron la protección luego de que el Primer Tribunal Colegiado de Quintana Roo revocara la suspensión definitiva, alegando falta de interés jurídico porque sus integrantes no residen en Bacalar. La decisión fue tomada por mayoría de magistrados elegidos en el mismo proceso señalado por uso de acordeones: Liba Victoria Bolio Pasos y Aarón Alberto Pereira Lizama.
En total, tres suspensiones buscaban frenar la obra militar. La única definitiva, promovida por pobladores de Bacalar, no logró detener los trabajos a tiempo y posteriormente fue sobreseída fuera de audiencia; su revisión sigue en curso, aunque con pocas probabilidades de éxito bajo los nuevos criterios judiciales.
Mientras Sedena reanuda la construcción —que podría levantar un edificio de dos o tres niveles que bloquearía la vista desde el Fuerte de San Felipe— las madres y padres de los menores anuncian protestas. “Es una tristeza que no escuchen a la ciudadanía”, dijo uno de ellos, quien pidió anonimato por temor a represalias.
El IFDP anunció que interpondrá recurso de revisión contra la negativa de suspensión, aunque reconoce que, con la reforma a la Ley de Amparo y la conformación actual de los tribunales, lo más probable es que sea declarado improcedente.
Fuente: Proceso