CHETUMAL.- Por primera vez, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un permiso ambiental para una obra en Quintana Roo que, a pesar de ello, está prácticamente concluida. La dependencia determinó que el Ejército taló 4.55 hectáreas y avanzó casi por completo en la construcción antes de iniciar cualquier trámite, lo que derivó en la negativa.
El proyecto consiste en un conjunto de edificios ubicados en la entrada de Chetumal, a un costado del nuevo aeropuerto internacional, administrado desde 2023 por el Grupo Mundo Maya, empresa del propio Ejército. El nombre oficial es: “Equipamiento y Obra Pública del Cuerpo de Policía Militar… (Frente 10)”, destinado a instalaciones operativas y de soporte para la Policía Militar y compañías de la Guardia Nacional.
Aunque la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) no está disponible públicamente, el resolutivo de Semarnat describe que el complejo incluiría espacios funcionales, áreas de descanso, infraestructura para mantenimiento y bodegas de equipo. El proyecto ocupa dos predios que suman 74,322 m², de los cuales 45,531 m² requerían cambio de uso de suelo forestal en selva mediana subperennifolia.
La magnitud del avance quedó al descubierto desde junio de 2025, cuando un coronel informó en rueda de prensa —un mes antes de solicitar el permiso ambiental— que la obra llevaba 75 % de progreso y que concluiría en octubre. Medios locales detallaron que se trataba de 28 viviendas y 7 edificios de cuatro niveles, con una inversión de 79 millones de pesos.
Iniciar obras sin permisos de Semarnat ha sido una constante en varios proyectos de la Sedena en la península de Yucatán, como el Tren Maya, los hoteles “Mundo Maya”, el aeropuerto de Tulum y la excavación de bancos de material pétreo. En todos esos casos, la autorización llegó cuando las obras ya estaban avanzadas. Pero en el proyecto de Chetumal, la Semarnat optó por actuar de manera distinta.
“El permiso debe solicitarse antes, es un principio básico del derecho ambiental”, explica una abogada de la organización Territorios Diversos para la Vida (Terravida), quien recordó que el artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico faculta a la dependencia a negar la autorización cuando se violan normas o procedimientos. Calificó la decisión como “alentadora” para las causas ambientales y como un mensaje directo a la Sedena.
Terravida espera que este precedente influya también en la evaluación del megaproyecto Puerta al Mar, que el Ejército construye dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.
En el resolutivo del 13 de agosto, Semarnat detalla que ya se había removido la vegetación y avanzado significativamente la construcción. También señala que la Sedena no pagó la totalidad de los derechos ambientales, ya que cubrió solo 46,574 pesos y omitió otros 93,150 pesos correspondientes al trámite completo de la MIA-P.
La dependencia instruyó a la Sedena a acudir ante Profepa, responsable de determinar sanciones por iniciar obras sin autorización. Entre sus facultades está clausurar instalaciones e imponer medidas para la restauración de daños.
“Profepa debe establecer sanciones y medidas de reparación para que el ecosistema pueda regenerarse”, señaló Irma Morales Cruz, abogada de la asociación DMAS, quien afirmó que organizaciones ambientales mantendrán la vigilancia sobre la actuación de la autoridad.
Con información de Animal Político