CHETUMAL.- En la conferencia de prensa de la Mesa de Seguridad, el fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, reconoció que durante los cateos del sábado en Chetumal —donde se denunciaron abusos de policías ministeriales— se aseguraron y destruyeron cámaras de videovigilancia de los establecimientos inspeccionados, y aseguró que la medida fue autorizada por un juez de Control.
Los tres inmuebles cateados, un minisúper y los centros nocturnos Karaoke Cats y Prestige, presuntamente pertenecen a Joaquín Noh Mayo, presidente de la Unión de Propietarios de Bares, Restaurantes y Similares (Uprobar).
De acuerdo con el Fiscal, los operativos respondieron a denuncias ciudadanas que señalaban presunta venta de drogas al menudeo, explotación de personas y expendio clandestino de bebidas alcohólicas, incluso a menores de edad. En la intervención, dijo, se aseguraron estupefacientes, equipos electrónicos y 29 cámaras de videovigilancia, además de que se detuvo a dos personas y se “rescató” a nueve mujeres como presuntas víctimas de trata.
Sin embargo, en videos difundidos en redes sociales se observa a los agentes rompiendo cámaras de seguridad, lo que generó acusaciones de abuso policial. Ante ello, López Salazar respondió que el juez de Control ordenó el aseguramiento de los equipos como parte de las investigaciones, aunque admitió que en los hechos fueron destruidos.
“Estamos en ese proceso en la integración de la carpeta de investigación… No vamos a permitir abusos de los servidores públicos, pero tampoco que se disfracen negocios como tiendas de abarrotes cuando realmente venden droga. Y eso lo sabe la gente”, declaró.
Pese a los señalamientos, la FGE no presentó durante la conferencia evidencias concretas de venta de alcohol a menores, cantidades de droga asegurada ni pruebas sobre los delitos imputados.
El operativo ha generado suspicacias, pues los negocios cateados pertenecen al líder de los bares de Chetumal y a empresarios que recientemente participaron en una manifestación contra las acciones de la FGE, lo que algunos consideran un acto de represalia y hostigamiento. Además, hasta el momento, ninguna de las mujeres presuntamente “rescatadas” se ha reconocido como víctima de trata de personas ni ha presentado denuncia.