CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a más de dos mil 300 funcionarios de la propia institución por su presunta responsabilidad diversos delitos como permitir la fuga de posibles delincuentes, abuso de autoridad, tortura, alteraciones en dictámenes periciales.
La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) de la FGR dio trámite a mil 476 vistas penales entre 2019 y mayo de 2025, en las que se encuentran involucrados dos mil 378 servidores públicos, entre agentes del ministerio público, policías federales ministeriales, fiscales en jefe, delegados, peritos, y funcionarios administrativos.
Según la FGR una vista se refiere a los documentos que se generan como producto de las visitas o de los expedientes de investigación, cuando en dichos procesos se detectan irregularidades de los servidores públicos sujetos de la fiscalización de la FEAI, es decir, acciones u omisiones que pueden generar una responsabilidad de carácter administrativo o penal.
En caso de que la falta sea grave, apunta la FEAI, la sanción puede llegar hasta la destitución. No obstante, la dependencia no tiene registros públicos sobre las sanciones impuestas derivado de las vistas tramitadas.
En los primeros dos meses de este año, de acuerdo con reportes de FEAI, únicamente se han judicializado 10 carpetas de investigación por conductas penales de servidores públicos que lo ameriten. Esto a pesar de que durante este periodo han elaborado 61 vistas penales.
Dichas vistas, explica la FGR, son detectadas mediante la práctica de evaluaciones técnico-jurídicas y visitas de supervisión e inspección realizadas por parte del personal de la FEAI.
La situación ha afectado, entre otros entes, a los abogados penalistas, quienes junto a sus representados resienten las omisiones o faltas de ministerios públicos, por citar un ejemplo.
Owen Landeros, abogado penalista, apunta que las faltas de servidores de la FGR “definitivamente son una práctica, no me gustaría decir común, pero sí constante”. Dijo que también se debe un poco a la debilidad que existe en el sistema de justicia penal actual en donde parece ser que hay una carga bastante considerable a favor del Ministerio Público como la persona que tiene la exclusividad para darle forma, inicio y conclusión a las investigaciones.
Fuente: El Sol de México