Por Francisco Hernández
CHETUMAL.- La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un aparatoso operativo en la Costa Maya para desalojar a los ocupantes de un predio en Punta Tam, ubicado sobre el camino costero de Mahahual, al sur de la localidad, en medio de una millonaria controversia por la propiedad que involucra a una conocida invasora de terrenos, empresarios de Chetumal y empresarios de Nuevo León.
Aunque el aparatoso operativo pareciera que daría solución a un pleito que data de hace 13 años, documentos a los que tuvo acceso el Diario Cambio 22 muestran que la intervención de la FGE sería sólo un capítulo más de la controversia inmobiliaria, puesto que no fue recuperado para ser entregado a los que aparecen como actuales propietarios del inmueble, sino a otros con los que hizo negocio la promotora del desalojo, Judith Alpuche, quien ocupó el terrero hasta el 2012, antes de ser desalojada por el gobierno del estado.
Desde tempranas horas de este jueves, se verificó la llegada masiva de unas 22 unidades de seguridad a Mahahual, generando sorpresa y preocupación entre los pobladores de la Costa Maya de Quintana Roo.
Los elementos y las unidades desplegadas en la zona son de diversas corporaciones federales y estatales, principalmente de la Fiscalía General del Estado (FGE) e incluyendo a la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Policía Estatal Preventiva (PEP).
El grupo se dirigió a un predio ubicado en Punta Tam, punto localizado al sur de la localidad de Majahual, para desalojar a los actuales ocupantes del predio, acusados de haberlo invadido.
Extraoficialmente se supo que este desalojo deriva de una demanda por despojo que interpuso Judith Alpuche, quien acusó penalmente al extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE) de haberla despojado del predio en el 2012 y haberlo vendido indebidamente.
En este caso, la FGE recuperó el predio para entregarlo al representante de unos empresarios inmobiliarios de Nuevo León con los que Judith Alpuche arregló la venta del terreno, mientras continuaba la demanda penal.
Sin embargo, el desalojo está envuelto en más controversia, puesto que este representante de los empresarios regiomontanos tenía hasta hace poco un poder notarial para actos de dominio sobre el mismo predio, otorgado por el particular que compró el predio al IPAE en el 2012, pero le fue revocado apenas en febrero pasado, por lo que todo indica que hizo tratos con Judith Alpuche antes o después de la revocación de dicho poder notarial.
El ciudadano que compró el predio en el 2012 es Agustín Jaime Villanueva Souza, de Chetumal, y el representante legal mencionado es Adrián Martínez Garza, al que le dio en 2021 poder legal para ejercer actos de administración y dominio sobre el terreno, pero se lo revocó en febrero de este año.
La revocación de este poder notarial al abogado regiomontano es muestra de que existieron graves diferencias entre ambos con relación al predio, sobre el que probablemente estaba de fondo una operación económica para los empresarios de Nuevo León de los que es socio, aparentemente en la empresa inmobiliaria MGT Land Capital.
Y lo anterior se refuerza porque en abril pasado Villanueva Souza vendió el predio de Punta Tam a una empresa de Chetumal denominada Roe Capital, representada por Enrique Arturo Perex Contreras y Miguel Augusto Peón Mier y Terán, originarios de Yucatán y residentes de Chetumal, empresa que tiene como socia al taller mecánico Starcom y que dijo tener domicilio en los terrenos de los que sería el parque industrial del Grupo Domos, a espaldas del centro comercial Capital Plaza.
Esta operación se realizó en la notaría pública 109 de Chetumal, de Manuel Chejín Pulido, por 10 millones 950 mil pesos, y está dada de alta en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Judith Alpuche es hermana de Benjamín Alpuche, ya fallecido, un exfuncionario público que hizo ventas fraudulentas de terrenos nacionales en las costas del estado, incluyendo entre ellos terrenos de playa que el gobierno del estado donó a la Universidad de Quintana Roo (Uqroo) en Tulum.
Muchas de las operaciones de venta irregular realizadas por Benjamín Alpuche se realizaron en la Costa Maya cuando el gobierno federal cedió terrenos nacionales al Gobierno del Estado, en la administración de Mario Villanueva Madrid, y su hermana Judith fue partícipe y heredó el “negocio” cuando falleció su hermano, envuelto en varios procesos por despojo y fraude.
No obstante, en el caso también resalta que la empresa chetumaleña que compró al terreno en abril está vinculada a otra que aparece en registros de proveedores como un taller mecánico, pero al parecer no tiene un domicilio activo o lo comparte con una recicladora de residuos sólidos.
Por lo pronto, todavía la FGE emite información oficial sobre las razones del operativo de desalojo y a quienes beneficia, pero seguramente el asunto seguirá dando más de qué hablar.