CIUDAD DE MÉXICO.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que existen querellas por un monto de 16 mil millones de pesos relacionadas con la red de corrupción del llamado huachicol fiscal; sin embargo, negó que el perjuicio al erario público por contrabando de combustibles ascienda a 600 mil millones de pesos, como se difundió recientemente.
La mandataria aclaró que esta cifra no proviene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sino de declaraciones hechas por un legislador, según le informó la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, quien compareció el pasado 3 de octubre ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
“No hay un dato de Hacienda sobre cuánto recurso significa el contrabando de combustible. No existe a la fecha, porque todavía se está cuadrando la información”, explicó Sheinbaum durante su conferencia matutina.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, confirmó que las querellas presentadas por 16 mil millones de pesos corresponden al saldo histórico de los casos denunciados, no solo al del buque asegurado en Altamira, Tamaulipas, como se había especulado.
“Sí, efectivamente son querellas específicas integradas por diversas áreas del gobierno y presentadas ante la Fiscalía y los tribunales. Ese es el monto total de los expedientes”, detalló el funcionario.
Crean grupo interinstitucional para rastrear el contrabando
Para hacer frente a esta red de corrupción, la presidenta informó la creación de un grupo de trabajo interinstitucional que reunirá a las secretarías de Energía, Hacienda, Seguridad y Protección Ciudadana, Pemex, Aduanas, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Profeco, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
El objetivo, explicó, es unificar las bases de datos y establecer una plataforma única que permita conocer en tiempo real cuánto combustible se importa, se produce y se vende en el país.
“Queremos una sola fuente de información dentro del gobierno federal para rastrear el flujo de combustibles y evitar el contrabando y la evasión fiscal asociada”, precisó Sheinbaum.