CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó cancelar candidaturas sospechosas o de riesgo a la elección del Poder Judicial de la Federación en plena campaña, debido a que carece de las atribuciones legales para hacerlo, ya que los registros los realizaron los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Unión.
“No podemos cancelar lo que no registramos”, es la frase con la que el INE marcó su postura ante la supuesta irregularidad en 26 candidaturas del proceso para elegir jueces y magistrados, sobre las cuales el Senado de la República ha anunciado que pedirá la cancelación.
Sin embargo, las reformas constitucionales recientes distribuyeron las funciones de selección entre tres comités, uno por cada poder de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los titulares de cada uno de estos poderes nombraron a los candidatos, dejando al organismo electoral fuera del proceso de registro.
Por lo anterior, el INE no tuvo injerencia directa ni en la evaluación ni en la inscripción de aspirantes.
“No podemos cancelar registros que no hicimos”, enfatizó Norma de la Cruz, consejera del INE, con la consecuencia inmediata de la imposibilidad legal de cancelar candidaturas, incluso cuando existen señalamientos graves.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, alertó sobre 26 posibles candidaturas irregulares, sospechosas o de riesgo, de un total de 3 mil 414 personas inscritas.
Se trata de casos en los que presuntamente no se cumplen requisitos legales o constitucionales, como la 8 de 8 contra la violencia de género, que impide contender a personas con sentencias por delitos graves o faltas a la justicia familiar, o por haber defendido narcotraficantes, aparecer ligado a actividades delictivas o inclusive por tener carpetas de investigación.
Sin embargo, aunque el Senado ha hecho llegar estos nombres al INE, no tiene facultades para exigir su cancelación inmediata, pues el procedimiento legal está diseñado para actuar después de la elección, en lo que el INE llama un “segundo momento procesal”, cuando se revisa que los ganadores de las votaciones cumplan los requisitos de elegibilidad para recibir sus constancias.
Según esto, el INE podrá intervenir solo después de la jornada electoral, una vez que se tengan los resultados del cómputo y antes de entregar constancias de mayoría.
En ese punto, revisará: cumplimiento de los requisitos constitucionales, paridad de género, la regla de “8 de 8 contra la violencia”, causales adicionales como deudores alimentarios o prófugos de la justicia.
Pensando en ese momento, desde la semana pasada y hasta el 15 de junio, el INE habilitó un micrositio para que la ciudadanía y organizaciones civiles envíen documentos o pruebas que respalden posibles irregularidades.
No obstante, también podrían suceder impugnaciones por parte de ciudadanos u organizaciones civiles, o revisión de candidaturas ganadoras por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).