En Quintana Roo, las mujeres víctimas de los criminales sufren también el olvido de las autoridades

En Quintana Roo, las agresiones, violaciones y asesinatos de mujeres se han incrementado en los últimos años de manera alarmante, principalmente en la zona norte, donde la pobreza, el hacinamiento y la inseguridad son mayores. Tan solo en 2021 se reportaron oficialmente 25 feminicidios, aunque, de acuerdo con números de organizaciones civiles, fueron 53 las muertes en todo el Estado. Si bien varios casos están ligados a actividades de la delincuencia organizada, como la trata de blancas y el narcomenudeo, otros son crímenes pasionales, muchas de las veces provocados por sus parejas o conocidos. En los últimos 17 años, en Chetumal han ocurrido varios feminicidios que, en su mayoría, han quedado sin resolver debido a las graves omisiones de las autoridades judiciales, que en su tiempo estuvieran encabezadas por figuras tan opacas como Bello Melchor Rodríguez Carrillo, Francisco Alor Quezada (+) y Gaspar Armando García Torres, quienes estuvieron más tiempo protegiendo los ilícitos de los gobernadores priistas de turno que haciendo justicia a las familias de Jazmín, Adriana, Lorena, Karla, Yureidi, Lidia, María, Addisbel, Dana, Érika y, lamentablemente, muchas otras más, que tuvieron que sufrir no sólo la muerte, sino también la indolencia de las autoridades.

Javier Ramírez

De acuerdo con cifras del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), coordinado por la Secretaría de Gobernación (Segob), hasta marzo de este año se han registrado en Quintana Roo 132 mil 158 casos de violencia contra las mujeres, 91 mil 201 más que la cifra que se tenía en 2020, siendo la violencia psicológica las más denunciada, seguida de la física y la económica, que sufrieron a manos de 107 mil 355 hombres y 4 mil 068 mujeres.

La Fiscalía General del Estado reportó que en 2021 hubo 25 feminicidios, 18 de los cuales fueron resueltos, mientras que sólo siete continuaban siendo investigados.

Sin embargo, estos números contrastan por completo con los otorgados por los grupos feministas. En el informe denominado “Sombra de Feminicidio en Quintana Roo”, elaborado por el colectivo Siempre Unidas Muchuuk Balo’on, A.C., se dio a conocer que en realidad fueron 53 las muertes de mujeres ocurridas el año pasado, de las cuales 26 sucedieron en el Municipio de Benito Juárez, 10 en Solidaridad, 5 en Tulum, 4 en Othón P. Blanco, 2 en Felipe Carrillo Puerto y en Isla Mujeres y una en Bacalar, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.

Las víctimas, de entre 5 y 60 años de edad, eran tanto mexicanas como cubanas, estadounidenses, salvadoreñas, guatemaltecas, hondureñas y alemanas, y en total dejaron 19 menores huérfanos. El 30 por ciento de ellas fueron asesinadas en sus viviendas, siendo el 28 por ciento de los agresores sus parejas y exparejas.

Cuestionadas acerca de la diferencia que existe entre las cifras dadas por las autoridades estatales y las que los colectivos tienen, las activistas revelaron que casos como el de Rocío M., muerta el 25 de mayo en el Municipio de Othón P. Blanco, no fueron documentados, lo que resulta preocupante, puesto que puede haber muchos más casos sin identificar. Ellas, indicaron, tuvieron que hacer sus propias investigaciones, obteniendo información con amigos y familiares de las víctimas.

Especialistas aseguran que desde que se decretó en 2017 la alerta de género en la entidad, las autoridades de los tres niveles de Gobierno no han atendido de manera adecuada los casos, que no han hecho más que crecer y quedar impunes.

Son varios los casos que han conmocionado a la población en los últimos 15 años, principalmente en la zona sur del Estado, que ha sufrido menos la llegada masiva de inmigrantes y donde los cinturones de miseria son prácticamente nulos, a diferencia de lo que se vive en Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

Lamentablemente, conforme pasan los años y los crímenes y la impunidad continúan, los casos parecen hacerse más comunes y, lo que es peor, sufren la censura de los medios oficiales, que para evitar las críticas y daños a la imagen de los polos turísticos y sus autoridades, los minimizan por completo.

Por ello, se vuelve necesario recordar a la sociedad que cientos de familias aún imploran por justicia. Estos son algunos de esos casos.

Adriana

El caso de Adriana Méndez Delgado, acontecido en 2006 en la capital del Estado, fue el primero en sacar a la luz la ineficacia y corrupción de las autoridades policiacas.

El 19 marzo de ese año, la joven fue vista por última vez afuera de una discoteca. Luego de tres días de intensa búsqueda por parte de sus familiares, su cuerpo fue encontrado maniatado y decapitado en un predio de la comunidad de Cocoyol, en la Ribera del Río Hondo.

En ese entonces el principal sospechoso de las autoridades fue Eduardo Aguillón Moreno, exnovio de Adriana, pero no pudieron comprobarle nada ni mucho menos asegurarlo. A los pocos días el sujeto se mató arrojándose de la azotea de su casa.

El entonces procurador de Justicia del Estado, Bello Melchor Rodríguez Carrillo, anunció meses después la detención del presunto asesino, Rafael A.D., alias ‘el Chiquis’, pero el juez penal no encontró elementos en su contra y fue absuelto en 2009.

Su familia nunca volvió a tener avances del caso ni mucho menos pudo localizar la extremidad de Adriana, pues aunque en diciembre de 2018 fue localizado un cráneo en un predio baldío del Boulevard Bahía y se especuló que pudiera tratarse del de ella (al ser el único caso de esta índole ocurrido en Chetumal), no se pudo saber determinar su origen.

Jazmín

La tarde del 22 de noviembre de 2008, Jazmín Iridián Jiménez Ramos, de 10 años de edad, fue enviada por su madre a comprar a una tienda cercana a su casa, en la colonia Proterritorio de Chetumal, pero nunca más regresó. Al día siguiente su cuerpo semidesnudo fue encontrado en un terreno baldío del Fraccionamiento Arboledas, a unas cuantas cuadras de su hogar. Había sido violada y acuchillada hasta morir. Junto al cuerpo habían encontrado una camiseta del equipo Chivas, una botella de licor y el arma homicida.

Las autoridades establecieron un fuerte operativo policiaco basándose en la descripción que testigos dieron sobre un presunto sospechoso, el cual, vestido con una playera del referido equipo de fútbol y a bordo de una bicicleta, había contactado a la pequeña cuando estaba en la calle.

Cinco días después, el 28 de noviembre, la Procuraduría encabezada por Bello Melchor Rodríguez anunció con bombo y platillo la detención del presunto asesino, Aníbal M.M., de 34 años de edad, vecino del Fraccionamiento Arboledas.

De acuerdo con la versión de las autoridades dada a conocer en esa fecha, fue su esposa, Minelia P.K., quien había denunciado que estaba escondido en el Ejido Chichonal, en Tabasco. Además, se dijo que un niño lo identificó como el sujeto que habló esa tarde con Jazmín.

Sin embargo, el presunto negó en todo momento las acusaciones, asegurando que cuando ocurrió el hecho estaba trabajando y que después había acudido a una tienda a comprar adornos navideños.

Lo peor fue que debido a la negligencia con la que operaron los peritos de la entonces Procuraduría, las huellas dactilares del asesino no fueron encontradas en las prendas de la niña ni en el cuchillo con el que la ultimaron. Además, la ropa interior de la pequeña, en la que habían quedado fluidos del asesino, fue mal procesada y terminó siendo destruida al quedar contaminada.

Las autoridades tampoco pudieron -ni quisieron- pagar la prueba de ADN para probar el crimen de Aníbal, por lo que al final de cuentas salió en libertad dos años y ocho meses después.

La culpabilidad de Aníbal nunca fue probada y quedó como un ‘chivo expiatorio’ debido a un pésimo trabajo de las autoridades.

Lorena

El 15 de agosto de 2012 fue detenido Noé Loeza Galera, acusado de la muerte de quien fuera su jefa y pareja sentimental, Lorena Esther Cauich Uicab, quien había sido reportada como desaparecida en noviembre de 2010.

De acuerdo con una declaración de Loeza Galera en video, que fue entregada a los medios de comunicación por parte de la Procuraduría General del Estado -en ese entonces encabezada por Gaspar Armando García Torres-, Lorena sostenía una relación extramarital con él, con quien trabajaba en la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Chetumal.

Una tarde de noviembre, cuando estaban en la casa de Noé, ambos discutieron y pasaron a los golpes. Noé no habría medido su fuerza y provocó que la joven se golpeara con el marco de una puerta, perdiendo la vida instantáneamente.

Al no poder reanimarla, Loeza planeó desaparecer el cuerpo utilizando un fogón con el que su madre preparaba tamales. Así, luego de tomar las llaves de su carro y llevarlo al estacionamiento de la referida dependencia (hecho que supuestamente había sido grabado por la cámara de seguridad del lugar), quemó el cadáver utilizando 20 litros de gasolina. Luego de esto arrojó los restos en una zona baldía cercana a su casa.

Posteriormente el joven aseguró haber sido torturado por los elementos judiciales para dar una declaración falsa, amenazando incluso con matar a su madre y a su familia.

Noé continúa preso en el Cereso de Chetumal, pese a que las autoridades no habrían podido comprobar que en verdad los restos que hallaron eran de Lorena, ni tampoco supieron explicar cómo Noé pudo quemar el cuerpo por completo dentro de su casa, ni cómo pudo llevar el carro de la hoy occisa hasta el referido estacionamiento, si ni siquiera sabía conducir.

Karla, Yureidi, Lidia y María

Entre los pocos casos que no quedaron inconclusos o en los que aparentemente no se cometieron errores judiciales, están los de cuatro mujeres que fueron violadas y asesinadas por quien sería considerado el primer asesino serial de Chetumal, Jorge Alberto Rosales Piña, alias ‘el Chacal’.

En 2012, las autoridades ya habían recibido el reporte de la desaparición de dos mujeres, Karla Sofía Gutiérrez Pascual y Yureidi Aguilar Sáenz.  Luego de una serie de investigaciones, descubrieron que ambas tenían en común a Rosales Piña. Tras conseguir una orden de cateo a su vivienda ubicada en la colonia Solidaridad de Chetumal, encontraron los cuerpos de las dos jóvenes dentro de la fosa séptica. El sujeto fue detenido, pero faltaba lo peor.

Tras confesar los crímenes, relató a las autoridades que había una tercera víctima dentro de la referida fosa. Los peritos regresaron al siguiente día y ubicaron el cuerpo de María Esther Taleno Segovia, quien también había sido reportada como desaparecida.

Además, el criminal dio el nombre de una cuarta mujer, Lidia Stracy Rincón Torres, quien había sido encontrada muerta cerca de la escuela CBTA 11. Las cuatro habían sido estranguladas.

‘El Chacal’ fue condenado a varios años de prisión.

Ataques, también a extranjeras

Muchos otros casos han quedando impunes, tanto en la zona sur como en la zona norte. Basta recordar la agresión que sufrió la joven cubana Addisbel P. a manos de quien fuera su jefe, el empresario Rolando Castro Santeliz, alias ‘el Rolo’, en la colonia Primera Legislatura de Chetumal, en diciembre de 2018. El ataque fue tan brutal, que perdió 29 dientes y sufrió fractura de quijada y pérdida de los globos oculares. El presunto, quien fue liberado esa misma noche debido a una mala actuación de policías municipales, continúa prófugo.

Las agresiones contra jóvenes extranjeras, en su mayoría turistas, también se han vuelto una constante en la zona norte del Estado.

Uno de los primeros en haber trascendido y que incluso contó con el apoyo internacional, fue el de Dana Rishpy, joven perteneciente a una de las familias más prominentes de Israel, quien en la primavera de 2007 había llegado a Quintana Roo para vacacionar. Sin embargo, se le perdió la pista cuando llegó a Tulum.

La búsqueda de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno contó con la ayuda del Mossad israelí y el FBI estadounidense, pero nunca fue encontrada.

Las investigaciones habían arrojado que al llegar a Tulum el 31 de marzo conoció a un turista alemán, a quien le pidió que guardase su equipaje. Esa noche Dana desapareció de una fiesta celebrada en el hotel Mezzannine, donde había conocido al estadounidense Mathew Ryan Walshin, quien a la semana llamó a la familia de Dana para decirle que no la había visto en día y tenía su mochila.

La Procuraduría del Estado, cuyo titular era Bello Melchor Rodríguez, había hecho un desastre en la averiguación, al grado de asegurar que la turista había viajado a Guatemala.

Ryan se convirtió en el principal sospechoso, luego de que regresara a Estados Unidos y trascendiera que años antes había sido acusado de drogar a una joven de la Universidad de Santa Cruz para violarla.

En marzo de 2008 fue detenido en Cancún un ciudadano húngaro narcomenudista, por su presunta participación en la desaparición. También en abril de 2009 las autoridades federales informaron sobre la detención de una mujer, amiga personal de Ryan. Ambos fueron trasladados a la Ciudad de México para ser interrogados, pero no se volvió a saber de ellos. El caso continúa abierto.

En octubre de 2019, fue confirmado el asesinato de Érika Sánchez Basaldúa, de 25 de edad, originaria de Querétaro, y quien trabajaba en el hotel Azulik, de Tulum. Había sido vista por última vez el 15 de junio de ese mismo año, cuando salió de trabajar. Su familia y amigos iniciaron una intensa campaña para tratar de localizarla.

Su cuerpo fue encontrado descuartizado, en el interior de una maleta, la madrugada del 21 de agosto, en el Fraccionamiento Misión de las Flores, en Playa del Carmen. Y el principal sospecho fue su exnovio, quien desde entonces está prófugo.

2021, otro año triste para las mujeres

El año pasado un caso tomó relevancia internacional, no sólo porque la víctima fue una extranjera, sino porque fue a manos de las autoridades policiacas.

El 28 de marzo, una patrulla con cuatro agentes acudió a una tienda de conveniencia de la cabecera municipal de Tulum, al recibir el reporte de una persona que se comportaba agresiva con empleados y transeúntes. Se trataba de Victoria Salazar, de 36 años de edad, quien intoxicada por el alcohol puso resistencia al verse rodeada por los policías.

Una agente la sometió en el suelo con la fuerza suficiente para fracturarle varias vértebras, lo que le provocó la muerte. El hecho fue grabado en video por varias personas, lo que demostró la nula capacidad de los policías para inmovilizar a la hoy occisa, así como para prestarle atención cuando comenzaba a convulsionar.

Victoria, quien tenía visa humanitaria, dejó a dos jóvenes huérfanas. Sus cuatro victimarios fueron detenidos. Su caso fue comparado con el de estadounidense George Floyd, ocurrido en mayo de 2020, quien también fue víctima de la brutalidad policiaca.

El 25 de agosto, Lucely J., de 26 años, acudió a una entrevista de trabajo en las instalaciones del hotel Bahía Príncipe, en Tulum. Cuatro días después fue hallada muerta en medio de la selva. Las cámaras de seguridad del C5 ayudaron a identificar al asesino, Fredy Francisco M.T., quien también había ido al referido hotel a buscar empleo. El sujeto la convenció para conocer un cenote. Cuando la joven quiso escapar, la asesinó a golpes y abusó de ella. Finalmente enterró el cuerpo y robó sus pertenencias.

A finales de noviembre, Dayami Lozada, de 44 años de edad, conocida como  “La Barbie de la salsa”, fue asesinada de cinco disparos por su pareja, en el interior de su vivienda en la Supermanzana 201 de Cancún, cuando sus dos hijos estaban en un cuarto. Dos sujetos fueron detenidos como presuntos responsables, pero una línea de investigación indica que pudo haber sido mandada a asesinar, por dar información del narcotráfico a las autoridades.

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