CHETUMAL.- En plena temporada alta y bajo temperaturas extremas, ciudadanos, empresarios y ambientalistas han alzado la voz ante la crisis de agua potable, saneamiento y alcantarillado que afecta a varios puntos clave de Quintana Roo, con especial énfasis en destinos turísticos como Holbox y Chiquilá, en el Municipio de Lázaro Cárdenas.
En redes sociales y medios locales, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) ha sido blanco de severas críticas por su presunta ineficiencia operativa y corrupción interna, señalada como una de las principales causas del deterioro del sistema.
En Holbox, uno de los principales destinos turísticos de la entidad, el sistema de drenaje sanitario, originalmente diseñado para una población de 800 personas, se encuentra desbordado por una carga poblacional de más de 6 mil habitantes y turistas, lo que representa un incremento del 750% sobre su capacidad. Como consecuencia, se han registrado rebosamientos de aguas negras en zonas urbanas y hoteleras, con serias implicaciones sanitarias y ambientales.
A esto se suman constantes cortes de energía eléctrica en la zona norte, debido a un déficit energético de hasta 1,600 MW en la Península, lo que agrava la operación de bombas y redes de distribución de agua en Holbox y Chiquilá.
Hoteleros y empresarios locales denuncian que la falta de agua ha derivado en cancelaciones de reservaciones y salidas anticipadas de visitantes, lo que ya genera pérdidas económicas importantes en plena temporada vacacional.
En localidades como Chemuyil y Kantunilkín, los habitantes reportan agua contaminada, afectaciones a la salud y aumentos de hasta 600% en los recibos tras la instalación de nuevos medidores por parte de CAPA.
La crisis cobra un nuevo matiz con la investigación en curso contra Hugo Garza Sáenz, titular de CAPA, por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, quien estaría involucrado en el presunto desvío de más de 22 millones de pesos, supuestamente invertidos en criptomonedas. Hasta el momento, cuatro funcionarias han sido separadas de sus cargos por este caso.
Como respuesta a la presión pública, el gobierno estatal anunció una inversión de 210 millones de pesos para ampliar la infraestructura hidráulica en Cozumel, con un horizonte de ejecución a 2026. Sin embargo, especialistas consideran que la medida es tardía e insuficiente ante el colapso progresivo del sistema, el crecimiento urbano descontrolado y la expansión turística sin regulación efectiva.