Signos
Estado de excepción en El Salvador. Y ahora en Ecuador. (Como cuando el golpismo militar se hizo moda sangrienta. Sólo que ahora, a diferencia del pasado, el civilismo es el que se impone porque los gorilatos no son populares.) En el primero se declara la guerra a las pandillas. Y en el segundo a las bandas del narcoterror. El incendio delictivo arrasa en las democracias del lumpen. Los Estados de excepción son Estados fallidos en guerra contra el caos, pero sin recursos políticos ni jurisdiccionales ni culturales. Se impone el poder presidencial por la fuerza, porque la inoperancia institucional de todos los Poderes constitucionales estimula la impunidad y con ella la ingobernabilidad, la violencia, el crimen y la inseguridad. En Colombia, la alternativa al Estado fallido y al explosivo dominio del narcoterror fue la apertura plena a las fuerzas armadas de élite, de Inteligencia y antidrogas de los Estados Unidos, que en colaboración con sus similares colombianos pacificaron el país y restablecieron el Estado de derecho. En México el Presidente asegura que la violencia sicaria no ha lastimado el Estado de derecho. Y dice preferir la defensa absoluta de la soberanía, el fortalecimiento de los organismos de Seguridad y de Justicia que nunca han funcionado, y el combate a la pobreza, que es la culpable de la multiplicación de los homicidas del ‘narco’ y de su invencible crueldad y capacidad de organización y control territorial con armamento de alto poder. Su segura sucesora por decisión suya sólo añade como alternativa una mejor coordinación entre las autoridades responsables de Seguridad y de Justicia en todos los niveles. El Estado de excepción, plagado de efectivos y tropas analfabetos, pacifica a sangre y fuego pero deja enormes saldos de víctimas inocentes y la noción de que sólo la mano dura y discrecional del poder absoluto funciona contra la delincuencia y la burocracia inútil. El intervencionismo yanqui es vergonzoso pero, en efecto, eficaz, aunque deja la noción real de la dependencia colonialista de los intereses nacionales por la vía -a menudo convertida en excusa- de la desarticulación de las redes internacionales del narcotráfico, que desestabilizan el entorno regional prioritario para la seguridad nacional ‘americana’ y abastecen de drogas prohibidas y sin dividendos fiscales el incurable consumo de la sociedad más poderosa y adicta del mundo. ¿Hay algo esperanzador en las iniciativas presidenciales mexicanas en curso y por venir? ¿Incrementará México la lista latinoamericana de los Estados fallidos y necesariamente convertidos en autoritarios cuando sus recetas ‘humanitaristas’ y tolerantes con el ‘narco’ -de una izquierda que no quiere líos ni mala imagen ni condenas de los sacros defensores de los derechos humanos- fracasen y termine consumido en sus llamas mientras la milicia multitudinaria se mantiene cruzada de brazos en sus cuarteles? ¿Optará por el intervencionismo? ¿No debería, quizá, acordar de manera franca y sin vueltas medidas constitucionales bien definidas de cooperación bilateral antinarco, constitucionalizar sin prejuicios timoratos el uso más amplio y efectivo de las Fuerzas Armadas en funciones de Seguridad, limpiar la basura de las complicidades locales de la autoridad política y policial con el hampa, y reformar a fondo, en efecto, todas las Fiscalías y el Poder Judicial en todos los niveles, para que dejen de ser la cloaca de privilegios e ineficiencias que mantienen la impunidad procesal mexicana en casi un cien por ciento absoluto, lo que garantiza el éxito, también, de la criminalidad y la inseguridad en ese mismo grado absoluto? Porque en el orden de la seguridad México es un Estado fallido y está al borde de las únicas opciones conocidas -Estado de excepción o intervencionismo imperialista- si insiste en no asumir esa tercera vía: fuerte colaboración bilateral antinarco de consenso, amplitud de la participación castrense en funciones de Seguridad, profunda campaña anticorrupción en las autoridades políticas y policiales locales (que los define como narcoGobiernos), y renovación integral de las Fiscalías y el Poder Judicial en todos los ámbitos republicanos. Porque la inoperancia judicial, legislativa y política; la dispersión y corrupción de Poderes y autoridades nacionales y locales; el ’empoderamiento’, el contubernio, el desencuentro o el enfrentamiento de unos y otros atrincherados en sus fueros y facultades e investiduras inalienables y en sus privilegios constitucionalizados de manera dolosa y falsamente justa y de interés público; la polarización plena de las decisiones de los partidos y los grupos representativos de la ‘voluntad popular’, y esas veleidades atroces convertidas en fuerzas soberanas para la defensa facciosa de intereses de poder en nombre de toda la pluralidad social, eso, es lo que se llama un Estado fallido capaz de derivar en un Estado de excepción, que no es otra cosa que fascismo con amplia base social, como milagro salvador de una nación ante el tormento de la violencia y la ingobernabilidad.
SM