Javier Ramírez
El primer mes de este 2022 está a unos días de terminar y México ya registra tres asesinatos de periodistas, dos de ellos en la misma ciudad. En solo un par de semanas, la cifra fatal casi alcanza a la mitad de la contabilizada el año pasado, cuando siete perdieron la vida.
La muerte de Lourdes Maldonado este 23 de enero, unos días después de haber recibido justicia tras haber sido despedida injustificadamente de una empresa propiedad del hoy exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, caso por el que incluso acudió en 2019 ante el presidente de la República para pedir protección, demostró una vez más el fracaso del programa de Protección para Periodistas
El panorama no puede ser más peligroso para los reporteros, a lo largo y ancho del país.
Embargo de empresa, ¿móvil del crimen?
Las corporaciones de seguridad de Tijuana entraron en alerta la tarde del 23 de enero, cuando recibieron numerosos reportes sobre una persona que había sido acribillada dentro de su automóvil, en una privada del Fraccionamiento Villas de Santa Fe.
Cuando llegaron al lugar, descubrieron que se trataba de Lourdes Maldonado López. Presentaba un disparo en el rostro, por lo que ya no presentaba signos vitales. Como en prácticamente todos los casos, un operativo realizado para tratar de ubicar a los responsables resultó infructuoso.
La ejecución de esta persona habría pasado inadvertida, de no ser porque era una conocida periodista de la localidad, quien en los últimos ocho años se vio envuelta en un juicio en contra de la empresa Primer Sistema de Noticias (PSN) Televisión, propiedad del exmandatario Jaime Bonilla Valdez, luego de que fuera despedida sin finiquito.
Los acosos y amenazas en contra de Lourdes Maldonado tras la denuncia hecha hacia la referida compañía la orillaron a que en marzo de 2019 se presentara en una de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel para pedirle ayuda.
“Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida, porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el laudo a mi favor en la junta federal de conciliación. Sin embargo, hace poco regresaron el expediente y en tres semanas salió en mi contra. Entonces, vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, se trata de su senador con licencia, de su supercoordinador de delegaciones y su próximo candidato a la gubernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla”, dijo en aquel entonces.
El mandatario federal le respondió indicando que daría instrucciones a Jesús Ramírez, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, para la que la escuchara y apoyara y así obtener justicia, sin influyentismo, actuando en el marco de la ley.
El pleito legal continuó hasta que hace apenas unas semanas la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ordenó el embargo mercantil de la empresa Media Sport de México, S.A. de C.V., como resultado de la demanda interpuesto por Lourdes Maldonado contra PSN Televisión, propiedad del ex gobernador morenista Jaime Bonilla.
De acuerdo con el expediente 1359/2013 CA 521/2021, la junta especial 59 de la JFCA instruyó la entrega de las constancias de afiliación del Sistema de Ahorro para el Retiro, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del primero de marzo de 2006 a 2013.
Al carecer de esos documentos exigidos en la resolución laboral para dar cumplimiento del laudo del 2 de julio de 2021, la actuaria de la JFCA procedió al embargo mercantil para garantizar el pago, toda vez que no se pudo hacer el inventario de los bienes y se designó depositaria a Lourdes Maldonado.
En entrevista días antes de su muerte, la comunicadora explicó que con este acto judicial, en cuanto el juez le entregue la posesión del embargo mercantil, ella deberá enterar a la Secretaría de Hacienda sobre los movimientos fiscales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sobre las cuotas obrero patronales y la seguridad social de los trabajadores de Jaime Bonilla Valdez.
Colega de Tijuana, también ejecutado
Seis días antes, el 17 de enero, el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel llegaba a su casa, ubicada en la Colonia Cortez, también de Tijuana, cuando le dispararon cuando estaba a punto de salir de su automóvil.
Martínez Esquivel se destacaba por cubrir la nota roja de la ciudad, principalmente en la Colonia Sánchez Taboada, catalogada como una de las más violentas del país.
Trabajaba de manera independiente, pero compartía sus notas y fotografías a medios como el Semanario Zeta, Punto Norte y la edición local de La Jornada.
El hoy occiso nunca informó sobre alguna amenaza en su contra, pero la Comisión de los Derechos Humanos de Baja California exigió a las autoridades investigar el caso y capturar a los responsables.
Primer caso de 2022
El primer periodista asesinado este año fue José Luis Gamboa Arenas, director del medio digital Inforegio. El 15 de enero, fue atacado a puñaladas durante un presunto asalto en el Fraccionamiento Floresta, en el puerto de Veracruz. Fue trasladado de emergencia al hospital, pero más tarde se registró su fallecimiento.
Días antes de su muerte habría publicado en redes sociales que las autoridades municipales del puerto permitían el aparente cobro de piso en colonias de la ciudad, identificando con nombre y apellido a los grupos de la delincuencia encargados de ello. La Fiscalía de Veracruz explicó que investigaba el caso con el protocolo de atención de los delitos cometidos contra periodistas por su profesión.
Gamboa Arenas incursionó años antes en la política local, al haber sido dirigente municipal del Frente Juvenil Revolucionario (FJR) del Partido Revolucionario Institucional.
Con su muerte, ya son cinco los periodistas asesinados durante la actual administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Sin justicia para los muertos
De acuerdo con informes de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), siete periodistas fueron asesinados en México el año. México ocupa el puesto 143 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de RSF.
Lo peor es que debido a los altos niveles de impunidad de los responsables de estos asesinatos (sólo un sospechoso fue detenido en los siete casos del año pasado) y el hecho de que el Gobierno federal haya decidido detener los fondos asignados para el cumplimiento de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDHP), México es considerado el país más peligroso del mundo para los periodistas.
Antes del asesinato de Lourdes Maldonado, la ONU-DH condenó los casos de Gamboa Arenas y Martínez Esquivel, considerándolos precisamente como un “doloroso recordatorio de la alarmante violencia dirigida contra la prensa en México”.
Tras la muerte de Lourdes Maldonado, los medios esperaban conocer la reacción del presidente de la República. En este sentido, lamentó su muerte y se comprometió a que se haga justicia, pero también pidió que no se vincule “automáticamente” al exmandatario Jaime Bonilla con el crimen.
“Es muy lamentable lo que sucedió con la compañera, nuestro pésame a los familiares primero, duele mucho lo que sucedió en Tijuana. Vamos a llevar a cabo la investigación. Ella estuvo aquí en efecto a principios del 19, los primeros meses, para hacer una denuncia por un asunto laboral por la empresa de radio y TV vinculada a Jaime Bonilla.
“Se le ayudó y garantizó de que su demanda fuese atendida, incluso había ganado ya su demanda, hablaba aquí periódicamente y se le ayudaba, entonces lamentablemente sucedió esto, la asesinan. Hay que ver el móvil, si hay vinculación de tipo laboral… hay que verla con mucha responsabilidad, quiénes fueron, si hay autores intelectuales, quiénes fueron los autores materiales (…)
No es responsable adelantar ningún juicio, hay que esperar… no dejar de considerar lo político, porque siempre hay una confrontación, siempre hay diferencias y se busca perjudicar a adversarios, entonces, se tiene que hacer una investigación”, expresó.
El mandatario aseguró que las muertes de comunicadores son producto de “la herencia” de corrupción y descomposición social que dejó el neoliberalismo.
En lo que va de su administración, 50 periodistas han sido asesinados en el país, sin que se tengan avances en la mayoría de los casos y sin que se haya dado alguna respuesta a las peticiones que han hecho organismos internacionales para resolver y detener esta situación.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación de noviembre pasado, los Estados donde más crímenes se cometen en contra de los comunicadores son: Sonora (8), Guerrero (5), Veracruz (5), Michoacán (4), Estado de México (3) y Oaxaca (3).
Y durante las dos anteriores presidencias de Felipe Calderón y Enrique Peña se cometieron en total 102 asesinatos y 14 desapariciones forzadas de periodistas.