CIUDAD DE MÉXICO.- En tanto el Poder Judicial entra en una nueva era tras la primera elección de jueces en la historia del país, el nuevo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, afirma que una de sus prioridades será garantizar la imparcialidad en todos los ámbitos, incluido el cálculo de los impuestos que deben pagar las empresas.
Hugo Aguilar Ortiz, defensor de los derechos indígenas que presidirá el máximo tribunal tras obtener la mayoría de votos en las elecciones, se compromete a acercar a los jueces a los ciudadanos de a pie y a los grupos marginados, y a alejarse de un sistema en el que, según él, la justicia es un privilegio de unos pocos.
Añadió que hay diputas que son de carácter matemático, como los casos de evasión de impuestos, a diferencia de casos más complejos de derechos humanos.
Aunque declinó hablar de casos concretos, afirmó que este tipo de casos no deberían ser difíciles de resolver, ya que, en esencia, se refieren a la aplicación de una norma técnica de carácter matemático.
“Dos más dos son cuatro, es muy técnico,” dijo en una entrevista en su oficina de la Ciudad de México. “No hay mucho margen para para valorar o tener una opinión subjetiva”.
Sin nombrar directamente casos populares, el Gobierno mexicano ha señalado una deuda de 74 mil millones de pesos (4 mil millones de dólares) en impuestos.
Los tribunales mexicanos dejaron de trabajar con normalidad en abril, cuando comenzó el proceso de elección de jueces, y desde entonces solo se han admitido casos considerados urgentes. Aguilar señaló que, en el pasado, los abogados y las autoridades solían confabularse para retrasar la resolución de casos como este, pero señaló que los requisitos de la reciente reforma judicial del Congreso, que establece que los casos deben resolverse en un plazo de seis meses.
Aguilar añadió que uno de los principales retos a los que se enfrenta el nuevo tribunal será resolver el gran volumen de casos que se acumularon durante la pausa. Afirmó que son de su especial interés los casos relacionados con territorios de grupos indígenas, el acceso a los recursos naturales y las víctimas de casos penales.
Fuente: El Financiero