Ni el homicidio del chofer y escolta del director de Ordenamiento Ambiental, Urbano y Cambio Climático de Tulum, Jorge Portilla Manica, parece haber encendido los focos rojos en el Ayuntamiento que encabeza Víctor Mas Tah, quien en los últimos dos años ha ignorado por completo las estadísticas que sitúan a su Municipio como uno de los más violentos del país, asegurando que su administración trabaja en contra del crimen. El mismo Portilla Manica salió a explicar rápidamente que el ataque no había sido directo contra él o su colaborador, sino que se trató de una confusión. Sin embargo, las denuncias y hasta amenazas de muerte que ha recibido en los últimos años confirmarían que está en la mira de personas que habrían visto dañados sus intereses por la corrupción que ejerció como titular de la desaparecida Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), principalmente en el tema de la adjudicación de obras a allegados o a sus empresas, desviando recursos públicos para beneficiar a varios de sus proyectos inmobiliarios, entre estos el denominado Riviera Tulum. Pero las acusaciones en contra del fallido candidato a la Presidencia Municipal de esa demarcación política no se limitan al tema de la obra pública, sino también al transporte, pues choferes del Sindicato Tiburones del Caribe aseguran que, junto con el empresario Carlos Caballero Pantoja, se quedó con alrededor de 100 concesiones de taxi. Por lo pronto, todo indica que el hoy occiso, Heber H., quedará como otra de las incontables víctimas de la violencia y el descontrol gubernamental en uno de los lugares más inseguros y violentos del país; de mayor y peor turismo, mayor consumo de drogas y mayor libertad para el ‘narco’ dedicado a ellas y a la extorsión, para no hablar de colonización irregular, indigencia y marginalidad expansivas, inversiones depredadoras corruptas y de nulo rendimiento fiscal, vertiginoso abatimiento y contaminación de zonas de reserva ecológica, y destrucción sistemática y masiva en uno de los entornos bióticos más ricos, frágiles y abandonados a su suerte y a los peores empresarios y autoridades públicas del planeta, cuyos escenarios naturales de incomparable belleza debían ser fuentes de financiamiento para su conservación y para el sostenimiento de un equilibrio muy productivo entre altos ingresos tributarios, armonía urbana, seguridad pública, y paz y bienestar sociales, es decir: exactamente todo lo contrario de lo que en realidad ocurre: corrupción, anarquía, violencia, y degradación institucional, social, moral, ambiental y de todo tipo. Porque, como en todo el Caribe mexicano, a las majestuosidades naturales y escénicas únicas y del más alto potencial de progreso, las contrasta la más ruinosa banda de liderazgos políticos y ‘servidores públicos’ incompetentes, inciviles y rapaces del mundo entero. Donde la complejidad estructural demanda iniciativas de la mayor vanguardia y superior dinamismo creativo y visionario, gobiernan la mayor ineptitud, codicia, ceguera y pobreza ética.
Javier Ramírez
El pasado 5 de agosto, en pleno centro de la cabecera municipal de Tulum, se registró un ataque armado que habría pasado como otro más de los que se han vuelto cotidianos en esa ciudad, de no ser porque la víctima fue el escolta del director general de Ordenamiento Ambiental, Urbano y Cambio Climático del Ayuntamiento, y extitular de la ya desaparecida Secretaría estatal de Infraestructura y Transporte, Jorge Portilla Manica, quien resultó ileso.
Desde que el actual alcalde Víctor Mas Tah asumió el cargo en 2016, con su contribución –de acción o de omisión, por complicidad activa o pasiva- Tulum se ha convertido en uno de los Municipios más violentos no sólo de la entidad sino también del país, superando en 2019 el índice de criminalidad por número de habitante de cualquier otra ciudad mexicana.
Y todo indica que la estadística aumentará este año, pues el Semáforo Delictivo del Estado tiene registrados ya 25 homicidios de enero a junio, casi el doble que los asentados en el mismo periodo del año pasado.
¿Confundieron a escolta?
Los primeros reportes del homicidio del escolta de Portilla Manica destacaban que dos sujetos habían intentado ‘levantar’ o ejecutar al referido funcionario municipal en sus oficinas de la Dirección General de Ordenamiento Ambiental, Urbano y Cambio Climático, en la Plaza Andador, ubicada en la Avenida Cobá con Calle Okoot, en pleno Centro de Tulum, y que el hoy occiso había repelido la agresión.
Sin embargo, poco a poco se fue revelando más información y videos que demostraban que Portilla Manica, quien al momento de los hechos era festejado por sus compañeros con un pastel de cumpleaños, no estuvo en riesgo.
En un video tomado por cámaras de seguridad cercanas al sitio, se observa que el atacante se acerca por la espalda al hoy occiso, identificado como Heber H.R., para dispararle en la cabeza. Tras el disparo, el asesino se planta aparentemente frente a un restaurante ubicado a un costado del sitio y hace otras detonaciones, hiriendo a dos personas, identificadas como Marco “N” y Fernando “N”, trabajadoras de la empresa Cancún Raxa.
En entrevistas posteriores, Jorge Portilla lamentó la muerte de su escolta y chofer, expresando su molestia por la falta de veracidad de algunos medios.
“Mi compañero y amigo siempre me esperaba afuera para cualquier cosa, siempre estaba afuera; atrás de mi oficina hay un restaurante y él estaba bajo un árbol cubriéndose del sol, así que, lamentablemente, estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada, pues el acto criminal no fue nada dirigido a mi persona. Desafortunadamente, yo creo que lo confundieron con algún escolta o cuidador de alguien que iban a ver a los asesinos dentro del restaurante, y la forma de actuar es desactivar al posible peligro para ellos”, aseveró al noticiario Pulso AM.
Fallido candidato
Si bien Portilla Manica asegura ser una “persona de trabajo”, que no se mete con nadie ni tiene enemigos, lo cierto es que desde hace varios años ha sido acusado de cometer diversas irregularidades, principalmente cuando fungió como titular de la Secretaría estatal de Infraestructura y Transporte (Sintra), hoy dividida entre el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) y la Secretaría de Obras Públicas (Seop) del Gobierno del Estado.
Portilla, oriundo de Tabasco y empresario de la industria de la construcción y con participaciones en el sector inmobiliario y en el mediático –ha sido concesionario televisivo y radiofónico y se le asocia en negocios con el exgobernador Joaquín Hendricks, uno de los hombres más ricos de la entidad y con mayores capacidades de capitalización empresarial de los recursos y facultades que tuvo como gobernador y que ha ejercido detrás de sus socios privados en el acaparamiento de grandes extensiones estratégicas de tierras de uso urbano, y en la operación de concesiones portuarias y de los sectores residencial y hotelero, además de radiofónicas y periodísticas-, comenzó su carrera política en Quintana Roo de la mano del entonces alcalde interino de Tulum, Martín Cobos Villalobos, quien lo designó secretario del Ayuntamiento. Posteriormente, con David Balam, fue director de Turismo municipal.
En 2016 intentó competir por la Presidencia Municipal de Tulum con la alianza PAN-PRD, pero fue ‘bajado’ de la candidatura, tomando su lugar el expresidente del Concejo Municipal, Víctor Mas Tah, quien perdió contra la candidata del PRI-PVEM-Panal, Romalda Dzul Caamal, hermana del cacique taxista y exalcalde Marciano Dzul Caamal, que gobernaba detrás de ella. Sin embargo, Portilla fue llamado para formar parte del gabinete del gobernador Carlos Joaquín González como titular de la Sintra.
A su paso por esa dependencia -donde estuvo acompañado por Alejandro Ramos, director enfocado en el sector del transporte, cual cuota de poder de la exinfluyente familia perredista Ramos Hernández, de los desaparecidos cacicazgos políticos cancunenses de la arqueología priista- fue denunciado en diversas ocasiones de corrupción, pues habría colocado a allegados en puestos estratégicos de la misma (a su ahora exchofer y exescolta lo hizo delegado de la dependencia en Tulum, por ejemplo)-, además de que, según versiones, obligaba a trabajadores a fungir como prestanombres y adjudicaba obras a empresas constructoras de su propiedad.
También fue señalado de vivir lujosamente en Cancún, con todos los gastos pagados por el erario, mientras atendía sus negocios. Lo que quiere decir que, además de corrupto, es tacaño.
En 2018 renuncia a la Sintra (misma que meses después se divide en el Imoveqroo y la Seop) y busca nuevamente el Ayuntamiento de Tulum, pero al aparecer entre los propietarios de las cajas de seguridad incautadas por la PGR en Cancún en octubre de 2017 y provocarse aquel escándalo de evidencias de corrupción de personajes públicos y empresariales ligados, algunos, al ‘narco’, termina siendo coordinador de campaña de Víctor Mas Tah. Y tras la victoria de este último, fue ‘premiado’ con la Dirección de Desarrollo Municipal.
Al año siguiente busca la candidatura a la diputación del IX Distrito Electoral local bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero finalmente perdió frente a Euterpe Gutiérrez.
Amenazado de muerte
El pasado 5 de junio, policías de Tulum localizaron colgada una narcomanta en el tramo de la carretera Playa del Carmen-Tulum con el siguiente mensaje: “Ubicados en Villas Tulum, Yaaxtulum y las Palmas Primera y Última llamada no hay marcha atrás para los taxistas Cacerola, Buky, Sculo, Soga, Harry, Foster, Willy, Irán tienen los días contados devuelvan lo que es del trabajador. Tienen una semana si no voy a exterminar a sus familias. Portilla deja de patrocinar a Cacerola, El Italiano, al Chivero, Pit Wilson, Harry por extorsion. Golfos, Pelones, Jaliscos, esta lucha no es de ustedes atte: ACJJF”.
Pese a la referencia escrita de su apellido en la narcomanta y sus intereses en el negocio, el funcionario rechazó que la amenaza fuera en contra de él, y que no era más que un pleito interno en el sindicato de taxistas Tiburones del Caribe, de Tulum.
El pleito sindical y sus negocios en el gremio, empero, son todo, menos asuntos excluyentes. Y los del ‘narco’, mucho menos. De hecho el mercado de las drogas, de la extorsión, del turismo, del taxismo y de la política siempre van de la mano en Tulum, aunque depende de qué mano de la delincuencia organizada caminen y de qué grupo criminal; y de los cambios de mano dependen los balazos, los muertos y la imposibilidad de preservar el orden público, el Estado de derecho y la paz social.
En enero de 2019, choferes del referido sindicato acusaron a Jorge Portilla y a Carlos Caballero Pantoja, tesorero del gremio, de haber obtenido cerca de 100 concesiones de taxi por medio de prestanombres. Y si ese no es un negocio criminal, que en un pueblo sin ley es sinónimo de bandas en conflicto que se disputan el poder político, entonces, diría Manuel Buendía, “un pato ha dejado de parecerse a otro pato”.
Wilbert Zavaleta Jiménez, uno de los quejosos, pidió esa vez el apoyo del gobernador del Estado, recordándole la promesa que hizo a las familias de los taxistas, de que no habría más concesiones para recomendados.
Desde entonces, los taxistas han mantenido sus quejas en contra de Portilla Manica, quien sigue negando cualquier acusación.
Municipio letal
El ahora exescolta, examigo y excolaborador de Portilla es la última de las víctimas fatales registradas en Tulum, donde en lo que va de este año el número de muertos está por superar las cuatro decenas.
Porque a pesar de que el Gobierno municipal de Víctor Mas Tah niega lo contrario, Tulum se ha convertido en el Municipio del país más letal en cuanto a víctimas por número de habitantes.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Quintana Roo tiene tres Municipios entre los más violentos del país: Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, siendo este último el que más destaca a nivel nacional, pues al contar con menos de 33 mil habitantes -según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)-, en 2019, con sus 79 ejecuciones y 12 fallecimientos por accidentes de tránsito, se convirtió en el Municipio más violento -por víctimas per cápita- del país, con una tasa de 241.48 por cada 100 mil habitantes, poco más del doble que Tijuana, Baja California, que es el que más homicidios (2,136) y muertes por accidentes (184) registró ese año.
Por lo pronto, el Semáforo Delictivo estatal, al corte de junio pasado, tenía registrado 25 homicidios, siendo febrero el más ‘activo’, con nueve. El año pasado reportó 34 en total.