El juicio en contra del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, está programado para iniciar en Nueva York hasta dentro de 10 meses, el 24 de octubre del próximo año, aunque las autoridades estadounidenses han indicado que podría extenderse hasta 2023. Tras su detención en el vecino país en diciembre de 2019, García Luna ha permanecido preso y su caso se vio detenido un largo tiempo a consecuencia de la pandemia de Covid-19, lo que ha dado a su defensa para prepararse y contraatacar tanto en Estados Unidos como en México, como sucedió a mediados de este mes, cuando su abogado aseguró, durante la primera comparecencia presencial, rechazó que existan pruebas que vinculen a su cliente con el Cártel de Sinaloa. Mientras tanto, en México, donde las autoridades mantienen una investigación por “simple” enriquecimiento ilícito, su defensa impugnó el fallo de un juez federal que desechó el amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Javier Ramírez
El caso del ex secretario de Seguridad Genaro García Luna encendió los focos rojos entre los fiscales de la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde será juzgado con todas las previsiones que se requiere para un capo de alta peligrosidad.
Y es que en octubre pasado, en un memorando dirigido al fiscal Breon Peace se argumentó que el exfuncionario mexicano representa serias amenazas al caso, por lo que se ha solicitado que no sean revelados públicamente los nombres de los miembros del jurado y que éstos sean escoltados cada mañana y cada noche de sus casas a la corte.
El fiscal indicó que los nombres, direcciones y lugares de trabajo de los integrantes del jurando no serán informados ni a las partes ni a la prensa, además de que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos resguardará a los miembros del jurado y los apartará del público cada día del juicio.
Esto, porque el Cártel de Sinaloa, con el que presuntamente está involucrado García Luna, tiene una larga e histórica injerencia en el proceso judicial en México y cuentan con los medios para hacer lo mismo incluso en Estados Unidos
Y como el Gobierno estadounidense espera que numerosos testigos con un historial de participación en esta conducta violenta en nombre del Cártel de Sinaloa testifiquen que pagaron al acusado por su asistencia fundamental, las autoridades determinaron que, al igual que durante el juicio de ‘el Chapo’ Guzmán, se proceda con cautela en el proceso.
“Al gobierno le preocupa que el acusado y sus co-conspiradores puedan emprender una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias”, destaca el documento entregado por el fiscal Breon Peace.
Evidencia de sus nexos con el narco
En mayo de este año, fiscales del Distrito Este de Nueva York, en donde Genaro García Luna está detenido, informaron que habían recabado hasta ese momento más de un millón de pruebas en contra del exfuncionario mexicano, quien está acusado de asociación delictiva para el tráfico de cocaína, participación en una organización criminal, falso testimonio y otros delitos cometidos mientras era el encargado de la seguridad nacional de México.
Estas pruebas, indicaron, consisten en registros financieros, fotografías rescatadas del servicio Google Earth y metadata de dispositivos electrónicos de García Luna, documentos aportados por los Gobiernos de México y Colombia, así como un video -tomado el 29 de diciembre del año pasado- en el que éste platica con otro reo de la cárcel neoyorkina en donde está, con el que aparentemente habla sobre sus negocios.
Además, también tienen registros de propiedad, documentos financieros y grabaciones de conversaciones del acusado.
De acuerdo con los fiscales, Genaro García Luna recibió enormes cantidades de dinero del Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, a cambio de permitirle traficar cocaína por todo el territorio mexicano, por lo que tras terminar el periodo de Calderón en 2012, se trasladó a Miami, Florida, donde se hizo residente permanente de los Estados Unidos y posteriormente, en 2018, solicitó la ciudadanía.
Pide México su extradición
Las autoridades mexicanas mantienen su propia investigación en contra de García Luna. El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, señaló que es investigado por enriquecimiento ilícito, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda encontrara que el exsecretario de Seguridad incrementó su patrimonio de manera ilegal en más de 27 millones de pesos como servidor público.
Por esa razón, la Fiscalía aseguró tres inmuebles de García Luna, dos de ellos ubicados en la Ciudad de México y el otro en el Estado de Morelos.
Además, ha solicitado al Gobierno estadounidense su extradición para que pueda ser juzgado en México.
Rechaza acusaciones
El pasado 15 de los corrientes, durante la primera comparecencia presencial de García Luna en Estados Unidos, su abogado, César de Castro, aseguró que no existen pruebas que vinculen al secretario de Seguridad Pública con el Cártel de Sinaloa, indicando que en la mayoría de las “millones de páginas” del expediente, no se menciona el nombre de su cliente.
“No hemos visto ninguna evidencia de criminalidad o vínculos con narcotraficantes”, señaló antes de solicitar acceso a los numerosos documentos confidenciales que obran en poder de la Fiscalía.
El juez Breon Peace tomó de plazo hasta el 3 de mayo del 2022 para otra sesión con las partes, en la que se estudie el posible acceso de la defensa a esos documentos confidenciales, según el Acta de procedimiento de información clasificada, para lo cual necesita escuchar las recomendaciones de la fiscalía.
Según la Fiscalía, “el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios” y agregó que tiene previsto llamar a testificar a “numerosos testigos” que han sido partícipes de la violencia ejercida por este cartel mexicano para “protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperaran con las fuerzas de seguridad”.