Tras el error que presentó a principios de este año, en su reporte de daños por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -en el que aseguró que estos ascendían a más de 330 mil millones de pesos- y que le generó un enfrentamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo calificó como “falso” y “tendencioso”, la Auditoría Superior de la Federación presentó el primero de tres informes sobre la Cuenta Pública 2020, correspondiente al segundo año de la actual administración, destacando que encontró un daño patrimonial de más de 466 millones de pesos en diversas obras realizadas por dependencias federales y estatales. Las presuntas irregularidades no son pocas en instituciones claves, principalmente la SCT y Pemex, con cantidades que abarcan más del 60 por ciento del presupuesto por comprobar. Aun así, la vista está concentrada en los próximos informes, a entregarse en octubre próximo y en febrero de 2022, en los que se revisarán los avances de las megaobras emprendidas por el presidente, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre otras más, pero también en los resultados de las posibles sanciones a 37 funcionarios por las irregularidades expuestas, pues aunque la ASF asegura que su tarea es primordialmente otorgar herramientas para tomas medidas preventivas y correctivas, es urgente que también se aplique la ley a quienes la trasgredan. De lo contrario, las corruptelas que tanto ha denunciado el presidente de la República nunca tendrán fin y se perderá la mayor oportunidad que haya tenido el país para obtener el cambio prometido.
Javier Ramírez
Recientemente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó su primer informe de resultados de la Cuenta Pública, que corresponde al año 2020, en el que destacó haber hallado decenas de irregularidades y un presunto daño patrimonial en 15 instituciones públicas, tanto federales como estatales.
Los montos más grandes fueron encontrados en operaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en el área de Exploración y Producción de Pemex, pero las observaciones incluyen a dependencias como la Conagua, Conapesca y obras de Gobiernos estatales de Jalisco, Tabasco, Yucatán y Chiapas, entre otros.
La imagen de la ASF resultó dañada cuando calculó los daños de no construir el aeropuerto de la administración peñista en 331 mil 991 millones de pesos, y al final, tras el regaño presidencial, aceptó que fue de 113 mil 237 millones y removió al auditor que revisó los datos de la cancelación. En esta ocasión no ha habido reclamo alguno sobre los datos entregados a la Cámara de Diputados.
SCT y Pemex, con más irregularidades
El total del presunto daño patrimonial asciende a un total de 466 millones 244 mil 634 pesos, repartidos entre 15 instituciones públicas federales y estatales. Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Pemex Exploración y Producción (PEP) concentran los montos mayores, con 108 millones 838 mil pesos y 159 millones 501 mil 62 pesos, respectivamente, tan solo en dos obras denominadas: “Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la zona metropolitana de Guadalajara” e “Ingeniería, Procura y Construcción de un Oleogasoducto y un Oleoducto hacia la Plataforma PP-Ayatsil-C a Instalarse en el Golfo de México”.
En la primera, la ASF realizó siete pliegos de observaciones por diversos montos, que van desde los 466 mil 357 pesos, hasta los 61 millones de pesos por presuntos pagos indebidos en el desarrollo de varias partes de la obra de Guadalajara, incluyendo la construcción del Viaducto 1, siete estaciones elevadas, la adecuación urbanística en Zapopan, así como la instalación de elevadores y escaleras eléctricas.
En cuanto al proyecto de PEP, la auditoría practicada detectó la falta de entrega de documentación comprobatoria que sustente la aplicación de penas convencionales al contratista de la obra, la empresa “J. Ray Mcdermott de México, S.A. de C.V.”, ya que no concluyó los trabajos conforme a los alcances estipulados en la cláusula 5 del contrato 640858812.
Además, la auditoría concluyó, en términos generales, que Pemex Exploración y Producción incumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, como la deficiente programación y presupuestación de los recursos financieros asignados al proyecto y la autorización indebida del pago por conceptos de tiempos de espera.
El Banco del Bienestar, ¿cómplice?
El presunto desvío de recursos también se observó en la auditoría a otras instancias menores. En la Comisión Nacional Acuacultura y Pesca (Conapesca), la ASF encontró que por deficiencias en la actualización de su padrón de beneficiarios, dentro del Programa de Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores se efectuaron pagos por un total de 295 mil 200 pesos a 41 personas reportadas como fallecidas entre los años 2013 y 2020.
Con 30 de las personas fallecidas, Conapesca y el Banco del Bienestar intentaron justificar el pago con copia de credencial de elector y recibos de pago con firmas ilegibles. Con otros 10, Conapesca se justificó informando que el Registro Nacional de Población no los tiene identificados como fallecidos, pero no proporcionó documentación que lo demostrara, mientras que de uno más no se encontró su CURP en el sistema.
Asimismo, la ASF detectó que 226 beneficiarios se quedaron sin cobrar, tras descubrir diferencias entre el presupuesto ejercido y los apoyos entregados: de los 8 millones 5 mil pesos erogados, Conapesca y el Banco del Bienestar aclararon el destino de 6 millones 377 mil 800 pesos, pero no aclaró el millón 627 mil pesos restantes, que debieron entregarse a 226 beneficiarios.
Tras varias visitas de campo realizadas para constatar la existencia de los beneficiarios del referido programa, la ASF determinó que la Conapesca “carece de mecanismos suficientes de comunicación para dar a conocer de manera directa a los beneficiarios cuáles son las fechas en las que les depositaron los recursos del programa, o bien, que les fueron emitidas órdenes de pago en Telecomm, lo que dificulta asegurar que los beneficiarios planeen la disposición de los recursos”.
Sanciones alcanzarían a 37
Esta primera entrega de la Cuenta Pública sólo incluyó revisiones no complejas, destacó el titular de la ASF, David Colmenares, quien recordó que la vocación de la fiscalización superior es la mejora de la gestión pública y la prevención del desvío de recursos, precisando que si bien las sanciones tienen una función relevante en el proceso de fiscalización superior, las medidas preventivas y correctivas tienen un mayor calado en términos del aprovechamiento de los recursos públicos y de la mejora de los servicios a la ciudadanía.
Detalló que el total de auditorías programadas para la Cuenta Pública 2020 es de mil 523, y que en la presente primera entrega se da cuenta de 125 informes individuales que contemplaron 104 auditorías de cumplimiento, cuatro auditorías de desempeño, una auditoría combinada de cumplimiento y desempeño, y 16 auditorías de cumplimiento inversiones físicas.
Respecto a las acciones u observaciones, señaló que se emitieron 190 recomendaciones, 46 pliegos de observaciones, siete promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, y 37 posibles sanciones por responsabilidades administrativas.
Recordó que será en los dos próximos informes, que se prevé sean entregados en octubre de este año y en febrero de 2022, cuando se conozcan los resultados de las auditorías más robustas, es decir, a obras de infraestructura como el Tren Maya, y programas sociales como las becas a los ‘ninis’.
Cabe recordar que con esta entrega se restablece la presentación de auditorías, luego de que el año pasado la pandemia frenó los trabajos correspondientes.