Designada en 2017 para ocupar por siete años la titularidad de la entonces recién creada Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, perteneciente a la Fiscalía General del Estado, Rosaura Villanueva Arzápalo, llegó con la misión de ayudar al “Gobierno del cambio” a poner tras las rejas a los principales orquestadores de uno de los más grandes saqueos a las arcas estatales registrados en el país, permitido por quien fuera calificado como uno de los rostros del “nuevo PRI” de Enrique Peña Nieto, Roberto Borge Angulo. Sin embargo, salvo contadas excepciones, éstos delincuentes de cuello blanco han conseguido librar la cárcel, no tanto por hacer uso de una gran defensa legal, sino por la pésima forma en la que los expedientes en su contra fueron armados. Así, prácticamente todos de los que en su momento fueron investigados y/o detenidos hoy están en completa libertad, incluso dándose el lujo de postularse como candidatos en los comicios pasados. Hoy, irónicamente, esta fiscalía, que se ubica como una de las peores a nivel nacional en su ramo, no es la que demanda sino la demandada. Y todavía restan tres años para que vea un cambio de titular.
Javier Ramírez
Reprobada en un estudio efectuado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey como una de las peores en materia de autonomía y resultados, la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo ha tenido magros resultados desde su creación hace ya cuatro años.
Y es que desde el principio las expectativas fueron elevadas, debido a la gran cantidad de exfuncionarios de la pasada administración borgista que se enriquecieron y/o ayudaron mediante una esquema de corrupción dirigida por el hoy preso Roberto Borge Angulo con la ayuda de su antigua mano derecha, el exsecretario de Finanzas y Planeación Juan Pablo Guillermo Molina, quien permitió el mal manejo de recursos en instituciones como la Comisión de Agua Potable y la Secretaría de Desarrollo Rural, así como en la empresa VIP Saesa. Más de 16 mil millones de pesos fueron saqueados de las arcas estatales durante ese sexenio.
Su titular, Villanueva Arzápalo, quien se ha defendido dando avances del dinero recuperado, que es una mínima parte, y asegurando que requiere más recursos para que la dependencia a su cargo trabaje en “las condiciones necesarias” -aunque prácticamente todo su presupuesto se va al pago de funcionarios-, recibió en agosto dos golpes que acabaron por demostrar lo inútil de su trabajo.
Los patos le tiran a las escopetas
A principios de agosto, la fiscal anticorrupción Rosaura Villanueva se llevó una sorpresa cuando una de las exfuncionarias a quien investigó durante años demandó a la institución que encabeza por los delitos de daño patrimonial y moral.
Se trataba de la exdirectora de la Comisión de Agua y Alcantarillado (CAPA), Paulina González Cetina, quien convocó a los medios de comunicación para anunciar que había interpuesto una demanda en contra de Villanueva Arzápalo y de los jueces Felipe Ortiz Magaña, Gonzalo Segovia Herrera y Eduardo del Valle García, por supuestamente haberle causado daño moral por la difusión mediática del caso, en el que la acusaron de haber ayudado a transferir mil 55 millones de pesos de las cuentas de CAPA a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), encabezada por Juan Pablo Guillermo Molina.
La exfuncionaria, quien estuvo presa en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal de enero a abril de 2018, y que luego mantuvo prisión domiciliaria otros ocho meses, aseveró que las acusaciones en su contra fueron por cuestiones políticas y que resultaba lamentable que los dos jueces referidos se prestaran para ello.
Apuntó que su demanda servirá para sentar un precedente y que los funcionarios respondan por su mal actuación, pues el Estado debe hacerse responsable de la actuación indebida de éstos.
En este sentido, su abogado, mencionó que cuando su defendida fue sentenciada, se le dio toda la publicidad posible al hecho, pero cuando fue absuelta pasó totalmente inadvertido.
Doble revés
La demanda de González Cetina fue solo el comienzo pues días después la Fiscalía Anticorrupción recibió un revés cuando falló, por segunda vez, en poder llevar ante la ley al extesorero José Marrufo Roldán, a quien acusó de los delitos de corrupción y desvío de recursos.
Y es que en agosto del año pasado, Marrufo Roldán fue traído desde Yucatán para ser llevado a la prisión de Chetumal acusado del delito de peculado, luego de que se le acusara de probable daño a la Hacienda estatal. Sin embargo, no tardó ni un día encerrado, gracias a que contaba con un amparo federal.
Marrufo Roldán había sido imputado por presunto peculado de más de tres mil 430 millones de pesos, en agravio de la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca (Sedarpe) durante los últimos meses de la gestión de su jefe Borge Angulo. Además, la Secretaría de la Contraloría Estatal (Secoes) acreditó irregularidades por mil 850 millones 184 mil pesos correspondientes a participaciones federales durante el 2016, destinadas para el impulso del sector agropecuario, así como irregularidades en más de mil 580 millones de pesos, liberados para apoyos a productores diversos.
Sin embargo, las investigaciones contra el funcionario continuaron hasta que este año un juez de Control determinó que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Fiscalía del Estado habían ofrecido suficientes pruebas para determinar su culpabilidad, por lo que resulta imposible vincularlo a proceso.
Su abogado, Ángel Francisco Torres Fritz, quien anteriormente también había conseguido revertir acusaciones de las fiscalías en contra del aún preso exmunícipe de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, aseguró que los organismos encargados de investigar la corrupción en Quintana Roo “solo buscan chivos expiatorios, pero no saben siquiera lo que están haciendo. Por eso hacen ocurrencias como judicializar las carpetas de investigación que no tienen ni pies ni cabeza”.
Una dependencia con magros resultados
En enero de este año, Villanueva Arzápalo compareció ante el Congreso del Estado para presentar su tercer informe de actividades. Ante los pocos diputados presentes, expresó que se ejercitó acción penal en contra de 58 servidores públicos; que se obtuvieron 41 vinculaciones a proceso, quedando pendientes 20 por fijar fecha y resolver.
Como resultado de esto, aseguró, se incrementó en 480% las judicializaciones y en 720% las vinculaciones a proceso, dándose por cumplido el reto que se fue impuesto.
Sin embargo, un estudio efectuado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) denominado “Fiscalías Anticorrupción, un ejercicio de transparencia y acceso a la información sobre su autonomía y resultados”, arrojó que la de Quintana Roo obtuvo una de las calificaciones más bajas de entre las 33 fiscalías del país, al conseguir sólo 4 de 12 puntos en materia de autonomía, pues carece de libertad para despedir a la actual fiscal, así como para la autorización de su presupuesto, en la implementación del servicio profesional de carrera y en la exigencia de nivel de estudios mínimos de sus funcionarios.
Además, recibió el color rojo en el semáforo de medición de acceso a la información, debido a que es muy poca transparente en el ejercicio de sus funciones.
La fiscal asegura que necesita más recursos para obtener mejores resultados en las investigaciones, pero lo cierto es que aunque su presupuesto es de cerca de 50 millones de pesos, destinar alrededor de 30 millones tan solo en cubrir salarios y viáticos.
Desde su creación, la Fiscalía Anticorrupción ha logrado 14 vinculaciones a proceso, pero sólo dos personas han recibido la prisión preventiva.