>Son cinco candidatas que ya tienen asegurada su magistratura en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuatro por aparecer en las listas de los tres poderes públicos y una por aparecer en dos
>Tres son juzgadoras, pero con no más de 3 años en funciones, y una es funcionaria del Poder Judicial, sin participación en funciones jurisdiccionales, mientras que la quinta tiene como principal distinto la experiencia en los asuntos inmobiliarios desde el gobierno del estado
>La mayoría cumple la formalidad de habilitar perfiles en Facebook, pero no realizan una campaña real
>A una exdiputada federal de Morena le tocó jugar el papel de candidata de “relleno”
Por Francisco Javier Hernández
CHETUMAL.- Un grupo de cinco abogadas ha sido favorecido con la designación como magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo (TSJE), al que ya tienen el acceso asegurado desde que cuatro fueron postuladas por los tres poderes del estado y otra por los poderes Ejecutivo y Judicial.
En la elección de magistraturas del Poder Judicial de Quintana Roo no habrá la más mínima competencia, y sus perfiles profesionales indican que todo fue “amarrado” para que ingresen los abogados y las abogadas más cercanos a los intereses notariales, empresariales, inmobiliarios y políticos del norte de la entidad, una designación que sólo será legalizada con la simulada elección del próximo domingo 1 de junio.
Entre las próximas magistradas del TSJE hay una mayoría de funcionarias del Poder Judicial, con dos experimentadas en la labor jurisdiccional, pero sin más de 3 años de desempeño en la administración de justicia; mientras que resalta la premiación de una funcionaria que ha permanecido en la administración pública desde el sexenio de Félix González Canto, con un pobre y cuestionado desempeño actual como responsable de la atención a las víctimas del delito en la entidad, pero que tiene amplia experiencia en la atención de asuntos inmobiliarios desde el gobierno de la entidad.
Magistradas seguras por ser candidatas de los tres poderes públicos
Wendy Fabiola Barrera Ucán:
Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), con menos de un año de experiencia como Jueza de Ejecución Penal, pues inició en el cargo en julio del 2024, y antes fue directora del Instituto de Investigaciones Judiciales por un año.
Tiene antecedentes dentro del Poder Judicial desde el 2002 como auxiliar de asesor jurídico, defensora pública, actuaria, secretaria de acuerdos, secretaria de estudio y cuenta y coordinadora de la Unidad para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal.
Hasta antes del 29 de abril no tenía habilitada su cuenta en la red social Facebook, donde ayer apenas subió dos imágenes, sin ningún mensaje, además de que no puso a disposición de la ciudadanía su enlace en el micrositio Conóceles del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), demostración de que no tiene que hacer un esfuerzo para promocionarse, por ya tener el cargo asegurado.
Elena Esmeralda González Flores:
Egresada de la Universidad de Valladolid Yucatán (UVY), es jueza familiar oral en funciones de jueza tradicional desde hace apenas 2 años, con experiencia previa de unos meses como secretaria de acuerdos de la Segunda Sala Familiar, un año como secretaria de amparo de la Sala Constitucional y Administrativa, 5 años como proyectista en la Segunda Sala Familiar, y 2 años como actuaria de juzgado mercantil.
Además tiene antecedentes en el Poder Judicial desde el 2013, iniciando como oficial de partes y secretaria auxiliar de juzgado penal.
Ella por lo menos ha activado un promocional en su perfil de Facebook, aunque tiene asegurado su ingreso al TSJE y su campaña y la votación serán mero trámite, pero no tiene los vínculos en su perfil del Sistema Conócelos, sino dentro de su currículum.
Teresa de Jesús Villa Velasco:
Veracruzana de nacimiento, residente de Playa del Carmen, también abogada por el ICO, es la actual magistrada unitaria para Adolescentes del Poder Judicial del Estado desde el 2022.
Antes de eso, su experiencia profesional fue como delegada de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Municipio de Benito Juárez desde el 2018, mismo cargo que ocupó en Solidaridad de 2016 a 2018, además de haber sido dos años secretaria auxiliar en el TSJE a inicios de su carrera.
Confiada en su pase directo al cargo de magistrada, no ha activado redes sociales para darse a conocer.
Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz:
Egresada del instituto Cultural del Oriente (ICO), es la actual directora del Instituto de Investigaciones Judiciales desde el 2024, y con breves antecedentes administrativos previos en el Poder Judicial de apenas desde el 2022, como titular de la Unidad de Derechos Humanos y jefa de Departamento de Asuntos de la Mujer y de Género, cargos que ocupó por períodos de sólo un año.
Antes su experiencia fue en cargos directivos en la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), el gobierno del estado y el Ayuntamiento de Solidaridad, y un año fue litigante al inicio de su carrera profesional.
Apenas ayer 29 de abril habilitó un perfil de Facebook para difundir dos fotos y un video promocional, sin mayor esfuerzo para hacer campaña porque ya tiene asegurada su magistratura, pues inclusive puso un vínculo fallido en el Sistema Conóceles, que buscó corregir con un enlace que se tiene que copiar y pegar para ingresar a su perfil.
Por cierto, será la única magistrada que pasó en una ocasión por aulas de la Uqroo, no como egresada de la carrera de Derecho, pues hizo allí una Maestría en Acceso a la Justicia en Derechos Humanos.
Magistrada asegurada por ser candidata de los poderes Ejecutivo y Judicial
Landy Beatriz Blanco Lizama:
Es abogada por la UADY y actual titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, de cuestionado desempeño y resultados en esa función, especialmente por su patente desinterés.
Antes fue consejera Jurídica en el cierre del gobierno de Carlos Joaquín González, en cuya administración la mayor parte del tiempo fungió como secretaria técnica de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo); y también estuvo una década como coordinadora de Patrimonio Estatal en el desaparecido Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (Ipae) desde el 2006, después de iniciar su carrera en el Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad (Infovir).
Por lo anterior, la mayor parte de su trayectoria profesional lo hizo teniendo como jefes directos a Francisco Garibay Osorio y Claudia Romanillos Villanueva, operadores de los negocios inmobiliarios desde el poder de los exgobernadores Joaquín Hendricks Díaz y Roberto Borge Angulo, con el destacado resultado de que éste último se encuentra hasta hoy en la cárcel sometido a dos juicios federales por los atracos que se le imputan con patrimonio del estado.
No obstante, Landy Beatriz Blanco Lizama fue rescatada para el joaquinismo por la exalcaldesa panista de Isla Mujeres Alicia Ricalde Magaña, que la llevó como su cercana colaboradora a la Apiqroo en diciembre del 2016, puesto desde donde saltó a Consejera Jurídica del gobernador Carlos Joaquín en enero del 2022, cuando Jesús Antonio Villalobos Carrillo fue promovido a presidente del ahora extinto Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo.
Esta trayectoria y sus relaciones profesionales exponen que la funcionaria carece tanto de experiencia judicial como de litigio en su carrera de abogada, pero conoce del sector inmobiliario, sobre todo de lo que se entreteje en las oficinas públicas, tanto como los otros magistrados que llegarán al TSJE por su relación con las notarías de Cancún.
Ahora que inició el período de campañas, la funcionaria tienes perfiles en las redes sociales Facebook e Instagram, pero en ninguna ha difundido promoción de campaña, sino mantiene sólo publicaciones de situaciones sociales, confiada en que su aparición en la lista del Poder Ejecutivo le tiene asegurada una magistratura.
Candidata sin chance, por venir en la lista de sólo un poder
Entre las candidatas a magistraturas, la que le tuvo que jugar el papel de “relleno” fue una exdiputada federal suplente de Morena por el distrito electoral 02 con cabecera en Chetumal, por si alguna señal faltaba del papel que le toca jugar al mayoritario morenismo de la entidad en esta simulación de elección judicial.
Elba Ileana Tun Campos, candidata del Poder Legislativo:
Licenciada en Derecho por una institución que no da a conocer en su currículum, su cargo más importante fue ser diputada federal suplente de Anahí González Hernández por Morena en el 2024, y antes, la dirección de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Como también es Mercadóloga y Administradora de Empresas, la mayor parte de su desempeño profesional ha estado vinculado a la iniciativa privada, en la que fue secretaría general de la Canaco Chetumal, mientras que en la administración pública también fue Jefa del Departamento de Zona Federal y Multas Federales en Othón P. Blanco, pero no tiene experiencia judicial ni en el litigio.
Ella tiene un perfil de Facebook recién creado para promoverse, pero su campaña será meramente testimonial, al aparecer nada más en la lista del Poder Legislativo.
Estas son las abogadas que se sumarán a cuatro abogados para convertirse en los 9 nuevos magistrados y magistradas del TSJE a partir del 1 de septiembre, candidaturas condicionadas por las autoridades del gobierno del estado para que sean simplemente legitimadas por los ciudadanos en una simulada elección de mero trámite, sin muchos méritos profesionales de por medio, pero si mucho influyentismo como carta a favor.