Ley del cannabis se aplaza a septiembre; no se logró consenso en el Senado

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CIUDAD DE MÉXICO.- Fracasó la regulación de cannabis, porque el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, anunció que ante la carencia de acuerdos entre los grupos parlamentarios y en el interior de Morena, por las “inconsistencias” jurídicas de la Cámara de Diputados al modificar la minuta, la nueva ley de mariguana se postergará hasta septiembre, ya en la LXV Legislatura.

“¿Cuándo la sacaremos? Vamos a seguir deliberando sobre esta ley y sobre las inconsistencias que, desde nuestro punto de vista, tienen cuando se modificó en Cámara de Diputados.

¿Cuándo? Pues tenemos todos estos meses, hasta el 1 de septiembre, que inicia un nuevo periodo de sesiones y que la podemos retomar. Yo sí creo que debemos aprobarla, pero no cualquier ley, porque si no, entonces no tendría ningún objeto ni ningún sentido que no satisfaga a la sociedad o a la mayoría esta ley tan importante de regulación de cannabis”, dijo Ricardo Monreal Ávila.

La Mesa Directiva del Senado envió una petición formal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar una nueva prórroga para aprobar esta nueva legislación, que es producto de una orden judicial emanada de un amparo indirecto, a partir de información confirmada con integrantes de los órganos de gobierno; sin embargo, Ricardo Monreal aseguró que no es verdad que hayan mandado la petición, pero aclaró que sí lo harán.

El Senado presentará la solicitud de prórroga “en estos días, antes del día último de abril”, dijo Ricardo Monreal.

A raíz de la alerta planteada por el perredista Miguel Ángel Mancera, que aprobar la nueva regulación de mariguana con la confesión expresa que se trata de una ley que viola los derechos humanos y es inconstitucional, implicará inhabilitación y consignación ante el juez, Excélsior detalló que esas disposiciones están contenidas en la Constitución y en la Ley de Amparo.

En ambos instrumentos legales se establece que existe el delito de “incumplimiento de sentencia” que aplica a quienes no satisfacen a cabalidad una orden judicial emanada de un amparo indirecto, y que consiste en destitución del cargo, inhabilitación hasta por 10 años y consignación ante un juez, pero ayer Ricardo Monreal aseguró que al Poder Legislativo no le aplica esta regla.

Fuente: Excélsior

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