Si algo saber hacer bien la alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, es no escatimar en gastos a la hora de promover su imagen. Por ello, en las últimas semanas se ha encargado de que su nombre aparezca en las primeras páginas de los motores de búsqueda de internet, con notas que presumen su supuesto buen desempeño al frente del Ayuntamiento. Esto, claro, con el propósito de afianzar una candidatura el próximo año, cobijada por el partido más prostituido de la política mexicana, el Verde Ecologista. Pero las presuntas buenas transparencia y capacidad financiera con las que asegura maneja al Municipio no sirven de mucho cuando no arrojan beneficio alguno para los habitantes, quienes hoy le reclaman el encarecimiento de obras públicas y la mala planeación urbana, que no sólo ha sobredensificado la zona sino también generado la contaminación de dos de los ecosistemas más importantes no sólo del Estado sino de la Península de Yucatán.
Javier Ramírez
Desde que inició el presente mes, Laura Fernández Piña comenzó a promocionarse en los medios de comunicación para presumir dos informes que, en teoría, son relevantes para el Ayuntamiento de Puerto Morelos que encabeza: haber obtenido la calificación más alta en cuanto a transparencia entre los Municipios de Quintana Roo y tener una valoración positiva de su capacidad crediticia.
Sin embargo, ninguno de estos dos reconocimientos otorgados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la calificadora HR Ratings de México, respectivamente, son sinónimos de que la alcaldesa esté realizando un buen trabajo al frente del Municipio más joven -y probablemente más rico- de la entidad.
El ecocidio que durante sus dos periodos al frente del Ayuntamiento ha promovido y/o consentido en la parte de la llamada “Milla de Oro” que le corresponde a Puerto Morelos, que a su vez ha contaminado el Parque Nacional Arrecifes y el Gran Acuífero Maya, así como el oscuro manejo de los recursos presupuestales, serán sin lugar a dudas las principales herencias de la munícipe que hoy aspira a una diputación federal.
Transparencia a medias
La pasarela mediática de Laura Fernández comenzó el 27 de noviembre pasado, cuando en un boletín de prensa que pagó para que se publique en varios medios estatales y nacionales destacó que de acuerdo con el Barómetro de Información Presupuestal 2020, realizado por el IMCO, Puerto Morelos había recibido una calificación de 85 por ciento, la más alta de entre todos los Municipios de la entidad, debido al “cumplimiento puntual y eficiente” de los datos financieros de la Comuna en la página oficial del Ayuntamiento.
El tesorero municipal, Eligio Sierra Peña, aseguró que esta calificación “conlleva un reconocimiento al desempeño de Laura Fernández, por el buen manejo y aplicación de recursos, y sobre todo, la claridad y el rendimiento de cuentas”.
Posteriormente, el 3 de diciembre, fue la misma munícipe quien daba a conocer que la calificadora HR Ratings de México había otorgado por segundo año consecutivo la calificación de “HR A con Perspectiva Estable” al Ayuntamiento.
“Me da gusto compartir esta noticia, porque en este contexto en que el país y el mundo enfrentan serios problemas económicos, que impactan también a Puerto Morelos, tenemos la satisfacción de ser calificados con una posición estable en finanzas públicas, que significa un estatus de confiabilidad ante las instituciones financieras”, expresó.
Ambas calificaciones sí deberían representar un logro para cualquier Ayuntamiento. Pero para el caso de Puerto Morelos, estas sirven de muy poco si, para empezar, mucha de la información que aparece en la página de Transparencia del Ayuntamiento no especifica en qué se está gastando el dinero.
Y es que amén de que no desglosa el presupuesto del Ayuntamiento por dependencia y no distingue las remuneraciones base de las remuneraciones adicionales y/o especiales, por poner dos ejemplos, tampoco informa el destino de las deudas contraídas. La última de ellas, concretada el 19 de mayo de este año con el Banco Mercantil del Norte, S.A., por un monto de 23 millones de pesos, pagadero a un año con una tasa de interés mensual de 2.5 por ciento, tiene en su descripción que se trata de una obligación contraída por “insuficiencia de liquidez de carácter temporal”.
HR Ratings menciona en su reporte que el buen historial de Puerto Morelos se debe en parte a la creación del Derecho por el Servicio de Protección y Saneamiento Ambiental, el cual es cobrado a los turistas en convenio con el sector hotelero, mismo que en 2019 representó la entrada de 30.3 millones. A esto se suma el incremento en el Impuesto Predial, derivado de la actualización de los valores catastrales.
Es decir, en resumidas cuentas, es gracias a sus contribuyentes y no al trabajo de Fernández Piña, que las finanzas de Puerto Morelos están, por el momento, a salvo.
El daño ya está hecho
Desde que Laura Fernández se convirtió en la primera presidenta municipal de Puerto Morelos en 2016, se dedicó a realizar cambios de uso de suelo a discreción para favorecer la construcción de complejos hoteleros y residenciales en áreas naturales protegidas o destinadas a la producción agrícola.
Y mientras los portomorelenses comenzaron a pagar más impuestos sin ver mejoras en su ciudad, quienes sí estaban disfrutando de más servicios públicos e inversión en infraestructura fueron los habitantes de las colonias irregulares, las cuales Laura Fernández permitió y hasta promovió, a sabiendas de que esto le haría obtener más votos tanto para su primera reelección en 2018, como para buscar el próximo año una diputación federal.
Laura aprovechó que Puerto Morelos se quedó con casi la mitad de la llamada “Milla de Oro” para comenzar a sobredensificar la zona, utilizando el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) y el Plan de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Benito Juárez, que data de 2014, y nunca se interesó en actualizarlo sino hasta ahora, justo a unos meses de dejar el cargo.
Y es que como se informó en la edición 697 de esta revista, diversas organizaciones civiles y científicas denunciaron que la munícipe había comenzado un proceso para actualizar el PDU, pero sin seguir sin los lineamientos de desarrollo urbano de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano (Sedatu), eligiendo de manera discrecional a personas no representativas del Municipio para trabajar en la actualización.
Tras esta denuncia, Fernández Piña dio a conocer que en la elaboración del nuevo PDU participarán ambientalistas, empresarios y organizaciones civiles, además de que se sometería a consulta pública del 23 de noviembre al 14 de diciembre.
Estos es un avance, pero luego de más de cuatro años el daño ya está hecho, como se puede observar en las inundaciones que se registran en la cabecera municipal y en la zona hotelera, así como en la destrucción de selva, manglar y arrecifes para construir complejos turísticos, lo que al final ha terminado por dañar los arrecifes y el Gran Acuífero Maya.