Puerto Morelos, el Municipio más joven de Quintana Roo, se ha convertido en cuestión de cinco años en una de las joyas más buscadas por empresarios y autoridades que no piensan dejar pasar la oportunidad que representa, para los primeros, la cercanía con el polo turístico más importante del país, Cancún, y, para los segundos, los miles de votos que están a la deriva en las colonias irregulares. Desde que asumió por primera vez la presidencia municipal de Puerto Morelos en 2016, Laura Fernández Piña ha realizado cambios de uso de suelo a discreción para favorecer la construcción de complejos hoteleros y residenciales en áreas naturales protegidas o destinadas a la producción agrícola. Mientras tanto, los portomorelenses pagan más impuestos sin que vean mejoras en su ciudad. Quienes sí han disfrutado de más servicios públicos e inversión en infraestructura son los habitantes de las colonias irregulares, patrocinados por las mismas autoridades, sabedoras de que son votos fáciles. Este segmento “cautivo” permitió que Fernández Piña se reeligiera en 2018 y ayudará sin duda en sus planes en 2021, para los que ha comenzado a preparar terreno pese a los errores en su gestión -como el brutal desalojo de manifestantes en junio pasado- y las múltiples irregularidades detectadas en el Programa de Inversión Anual (PIA) 2020, entre ellas la “inflación” de facturas para cobrar 16 mil pesos por metro cuadrado de pavimentación (cuando el costo promedio es de sólo 260 pesos) y el hecho de que se pagaron mil 595 pesos por cada metro cuadrado de piso de cemento dentro del programa Piso Firme. Pese a estas serias anomalías, Fernández Piña se alistó para asegurar con orgullo, dentro de su penúltimo informe de actividades, que acabó con un rezago de años en cuanto a guarniciones y banquetas.
Armando Galera
En los últimos cinco años, la administración de Laura Fernández Piña cambió los usos de suelo en Puerto Morelos para el mayor beneficio de su liderazgo. Terrenos que se ubicaban en áreas naturales protegidas ahora son explotados por funcionarios y allegados a la presidencia municipal.
Asimismo, modificó las tablas catastrales para aumentar la recaudación, por lo que el portomorelense paga hasta 300 por ciento más por concepto de Impuesto Predial. La alcaldesa justificó este cambio con el argumento de que era necesario para poder llevar más obra pública y servicios a la gente.
Pero quienes pagan impuestos no ven mejoras en sus calles ni en el alumbrado público. Denuncian que, irónicamente, los más beneficiados con este tipo de obras son aquellos que viven en los asentamientos irregulares, pues ahí sí han pavimentado, colocado luminarias y construido parques y demás obras, pero no con el propósito del desarrollo social que se defiende en los discursos, sino con el fin de ganar votos.
La ambición por el paraíso
Con un acelerado crecimiento económico y poblacional, impulsado por la actividad turística y su vecindad con Cancún, Puerto Morelos se convirtió no sólo en la nueva joya turística del Estado sino también en objetivo de la codicia de funcionarios y empresarios.
En junio de 2015, por ejemplo, la administración estatal del hoy preso Roberto Borge Angulo mandó reubicar por decreto la Escuela Federal Técnica Pesquera Número 7 “Primero de Junio”, fundada en 1971, hacia las afueras del pueblo de Puerto Morelos por una razón: esa escuela se ubicaba en un predio junto al Mar Caribe, en una de las zonas más privilegiadas de acceso, que ya había sido vendido por el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE) a un tercero de nombre Gabriel Castilla y al precio ridículo de 3.6 pesos el metro cuadrado.
Esa operación fue sólo una más de la cadena de despojos multimillonarios de bienes públicos cometidos por la administración estatal a través de la institución que debía cuidarlos, y que Claudia Romanillos Villanueva -quien hoy es señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber participado en un lavado de dinero por 900 millones de pesos- dirigió, en cambio, como si fuera corredora de bienes raíces de su entonces jefe, y como si el IPAE fuera una agencia inmobiliaria de remates para prestanombres de Borge Angulo, antes jefe de la antes también priista y ahora verde-ecologista presidenta municipal de Puerto Morelos.
En el Plan de Desarrollo Sustentable aprobado en 2017 se cambió el uso de suelo para el terreno donde estaba la referida Secundaria Técnica y así permitir la construcción de un complejo turístico de hasta tres plantas.
En su primer periodo como alcaldesa (2016-2018), Laura Fernández aprobó tres cambios de uso de suelo para permitir igual número de construcciones de unidades hotelero-residenciales; una de ellas, Punta Arena, perteneciente a Banca Interacciones y que incluyó un desarrollo inmobiliario, en una superficie de 13 hectáreas, sobre las que se urbanizarían 384 lotes.
Esa zona era considerada agrícola por el anterior Plan de Desarrollo Urbano, pero la administración de Fernández Piña hizo los ajustes necesarios para que en menos de un mes fueran realizados los estudios de impacto ambiental a fin de justificar el cambio de suelo a residencial.
Otra de esas unidades fue la de Playa Senator, propiedad del grupo hotelero español de Francisco Rossell y que desde el 2006 tenía el proyecto de construir dos mil 844 habitaciones en dos etapas: la primera con mil 594 cuartos y la segunda con mil 250, sobre una superficie de 21 hectáreas en la Bahía Petempich.
La cadena hotelera había comprado predios al Ejido de Puerto Morelos, pero no fue sino hasta la llegada de Laura Fernández que logró concretar el cambio de uso de suelo para empezar los trabajos de construcción del complejo.
El tercer proyecto fue el perteneciente al Grupo Inmobiliario Village, denominado El Petén. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) preveía la “edificación de un fraccionamiento turístico de tipo mixto hotelero-habitacional, para el cual se urbanizará un predio de 17 hectáreas sobre el que se proyectan mil 160 cuartos hoteleros o 464 residencias turísticas”.
El monto de la inversión previsto en la MIA fue de 794 millones 300 mil pesos. Mientras estaba en fase de evaluación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el cambio de suelo se logró unos meses después de que Fernández asumiera la Presidencia Municipal.
Sólo por estos tres complejos se contemplaba una inversión de alrededor de tres mil 840 millones de pesos, de acuerdo con las Manifestaciones de Impacto Ambiental. Los cambios de uso de suelo fueron aprobados por la vía del ‘fast track’ –o ‘madruguete’, en la jerga de los negocios políticos, y en el caso un madruguete que supone el ‘convencimiento’ de los aliados o la conversión de los opositores mediante módicas regalías o concesiones- por la alcaldesa y el Cabildo, a pesar de que varias secciones de los complejos estaban en terrenos forestales protegidos por la Procuraduría federal de Protección al Ambiente, por encontrarse ejemplares de manglar blanco, especie listada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT- 2010 con categoría (A), de amenazadas, por lo que corrían el riesgo de ser clausuradas, como sucedió el 13 de septiembre de 2016 en un terreno de tres mil 400 metros cuadrados, propiedad de la empresa Chang Construcciones, en los límites entre Cancún y Puerto Morelos, cerca de la ‘Milla de Oro’, por lo cual se impuso una sanción de 50 mil salarios mínimos a la constructora, pero nada se hizo, en cambio, contra el Ayuntamiento, que permitió el cambio de uso de suelo. Los vecinos del lugar señalaron que las obras volvieron a reanudarse cinco meses después.
Más impuestos, menos beneficios
Estosdías, en su número 486, informó que el Ayuntamiento de Puerto Morelos planeaba aplicar un ajuste para que el valor catastral de las viviendas aumentara en 18 por ciento, entre 20 y 150 por ciento el de los terrenos con uso comercial, y hasta en 300 por ciento el de los lotes baldíos.
Un mes después del reportaje de este semanario, el Congreso del Estado, por iniciativa de la alcaldesa Laura Fernández, elevó el Impuesto Predial en el Municipio hasta en 300 por ciento, al aprobar el cambio de las Tablas Catastrales, que son la base para el cobro de contribuciones por concepto de uso de suelo y construcciones.
Aunque supuestamente el ajuste de los valores catastrales no fue modificado para el 70 por ciento de la población, el 30 por ciento restante sí pagó de más en su Impuesto Predial. Y si se habla de que Puerto Morelos tenía en ese entonces más de 30 mil habitantes, resultaron afectados más de nueve mil.
La excusa empleada por la munícipe para atacar la economía de los portomorelenses fue que durante muchos trienios se beneficiaron pagando precios irrisorios, y por eso ahora debían pagar más.
Sin embargo, esto no se tradujo en mayores beneficios para los ciudadanos que pagan impuestos. De 2016 a 2018 sólo dos obras se habían realizado en la zona urbana: la rehabilitación de la Avenida Zetina Gasca -que apenas dos años antes ya había sido pavimentada- y la remodelación del malecón y el Parque Central de ese destino turístico, los cuales también habían recibido mantenimiento en la pasada administración del Consejo Municipal.
Estosdías presentó un escrito de solicitud de información de los términos bajo los cuales se realizó la licitación de dichas obras, así como la empresa encargada de las mismas y la inversión realizada, pero el Ayuntamiento no emitió respuesta alguna. Se supo, por la información oficial, que las obras tuvieron una inversión conjunta de casi 85 millones de pesos.
Obras electoreras
Mientras eso sucedía, la zona urbana de Puerto Morelos enfrentaba un rezago de 75 por ciento en infraestructura urbana y social, según denunciaron empresarios y organizaciones civiles, basados en el Informe de Pobreza y Evaluación en el Estado de Quintana Roo 2016, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), disponible en http://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/QuintanaRoo/Paginas/principal.aspx.
Irónicamente, la administración de Laura Fernández se dedicó a pavimentar calles y dotar de servicios en las colonias irregulares, donde no pagan impuestos, con una clara estrategia electoral.
“Nosotros pagamos impuestos pero nuestras colonias aún carecen de servicios como calles dignas, luminarias y drenaje. En cambio, Laura Fernández destina recursos para los asentamientos irregulares, los cuales son producto de invasiones promovidas por los propios políticos como generadoras de votos”, dijo en entrevista para este semanario Juan Carlos González Uribe, fundador de la organización Latitud 21, principal promotora de la creación del Municipio de Puerto Morelos.
Añadió que personal del Ayuntamiento ayudó a todos los habitantes de las colonias irregulares para que registraran su cambio de domicilio al Municipio de Puerto Morelos, pues la mayoría aún tenía sus credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) con residencias en Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto y hasta Yucatán.
“Es claro que ella estaba buscando la reelección, ésa es su tirada; estaba pensando en el 2018. Por eso se ha metido a las colonias irregulares que ellos mismos han propiciado, porque ahí tienen a familias cuyo voto es fácil de manipular”, expresó.
El censo levantado en 2015 estimaba que alrededor de tres mil 100 personas vivían en los 19 asentamientos irregulares que estaban dentro de los límites de Puerto Morelos, la mayoría heredados por Benito Juárez.
En los primeros dos años de la gestión de Laura Fernández el número de invasiones aumentó en nueve colonias irregulares, albergando a dos mil 400 personas. En total, casi tres mil personas de estos asentamientos se sumaron al padrón de Puerto Morelos para votar en las elecciones del 2018, lo que le permitió reelegirse.