México, de la militarización al militarismo, alarma ante la extraordinaria ‘liberación’ en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos

El Bestiario

Al cumplirse dos años del Gobierno de López Obrador el proceso de militarización, que tanto criticó como candidato, no solo sigue avanzando, sino que comienza a desdoblarse además en una política militarista. ¿Está la democracia constitucional mexicana preparada para encarar las consecuencias de semejantes desafíos? La militarización es un proceso en el que las Fuerzas Armadas intervienen cada vez más en seguridad pública cuando la policía, las agencias de inteligencia, y el sistema de justicia no son confiables, o capaces, para enfrentarse a las organizaciones criminales o grupos armados. En América Latina el caso paradigmático de militarización es Colombia, una democracia desde 1958 donde las Fuerzas Armadas han tenido una participación muy intensa en la seguridad interior. La militarización de la seguridad pública es indeseable en una democracia. Sin embargo, en algunas circunstancias puede ser inevitable y el dilema es justo cómo lograr que esa intervención no rompa el marco constitucional. El colombiano es un buen ejemplo en ese sentido. Como uno de nosotros muestra en un libro reciente, por casi tres décadas su Corte Constitucional ha contribuido a regular el uso de la fuerza letal y a poner límites a la extensión y funcionamiento de la jurisdicción militar. En un proceso de militarización el objetivo de utilizar a las Fuerzas Armadas para enfrentar retos de seguridad internos es restaurar el estado de derecho, proteger la democracia, hacer uso legítimo de la fuerza del Estado en contra de los actores ilegítimos que buscan debilitarlo o derrocarlo.

El militarismo, en contraste, es un proyecto en el que las Fuerzas Armadas se convierten en un actor político que asume tareas no solo de seguridad interior sino relativas a otros ámbitos que corresponden a grupos o instituciones civiles. Algunos ejemplos de militarismo en América Latina incluyen la noción profundamente enraizada en la historia constitucional brasileña de las Fuerzas Armadas como el “poder moderador” que garantiza la estabilidad del sistema político. Otro ejemplo es Chile, donde las Fuerzas Armadas fueron parte de la columna vertebral del sistema político desde la irrupción de los militares en 1925. Ese papel quedó al descubierto en el golpe de 1973, en los años de gobierno militar y todavía sobrevive hasta hoy, en el legado y entramado institucional de la Constitución de 1980 redactada y promulgada por los militares. Tanto Brasil como Chile siguen lidiando con el militarismo, los brasileños fortaleciéndolo bajo el liderazgo de Bolsonaro, los chilenos tratando de extirparlo mediante la creación de una nueva Constitución.

Desde 1946 en México se le puso freno al proyecto militarista de los generales triunfantes en la Revolución mediante el llamado pacto civil-militar, en el que las Fuerzas Armadas obtuvieron una muy extensa autonomía (que todavía existe hasta el día de hoy) a cambio de su lealtad al nuevo régimen. La naturaleza civil de nuestro régimen autoritario de partido hegemónico fue una excepción notable en la región. Pero el descontento social, los cambios socioeconómicos, y los movimientos guerrilleros en las décadas de 1960 y 1970, junto con el crecimiento de los cárteles de la droga en las décadas de 1980 y 1990, impulsaron un proceso gradual, pero creciente de militarización que llegó a niveles sin precedentes en los años 2000, especialmente después de que el entonces presidente Felipe Calderón declarara su “guerra contra el crimen organizado” en el 2006. Los niveles de violencia y homicidios se dispararon enormemente desde entonces.

Santiago J. Santamaría Gurtubay

El presidente López Obrador no solo le dio continuidad a ese proceso de militarización, sino que lo profundizó impulsando una reforma constitucional para crear un nuevo cuerpo militar, la Guardia Nacional. Al mismo tiempo, ha optado por aumentar la participación y el poder de las Fuerzas Armadas en muchas tareas. Sus argumentos para hacerlo indican una deriva hacia el militarismo: “las Fuerzas Armadas son la institución más confiable en el país”, “son incorruptibles”, son “el pueblo en uniforme”. Incluso algunos partidarios del presidente, como por ejemplo el historiador Lorenzo Meyer, argumentan que no se puede quedar “dormida” una fuerza de más de 270,000 activos y un abultado presupuesto que no hace más que crecer (cuando en otros muchos rubros se achica). Estos alegatos no corresponden a los de una solución pragmática y temporal para enfrentar un reto mayúsculo, indican una definición ideológica donde las Fuerzas Armadas son clave en el entendimiento del país a partir del cual está gobernando el presidente…

“La democracia constitucional mexicana está acercándose a un punto de no retorno que no es exagerado calificar como existencial. La extraordinaria detención en Estados Unidos del General Salvador Cienfuegos, y su también extraordinaria liberación en el plazo de un mes, encienden todas las alarmas. La extensa autonomía de las Fuerzas Armadas se ha transformado en una nula rendición de cuentas. Ya sea que el General Cienfuegos sea investigado o no, sea encontrado culpable o inocente, el riesgo de poner todos los huevos en la canasta de las Fuerzas Armadas es simplemente demasiado alto. El apoyo mayoritario que todavía tiene el presidente, tanto en el Congreso como entre la población, ha desactivado en la práctica buena parte de los controles políticos de los que depende el buen funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos. A dos años de gobierno, López Obrador no solo ha redoblado la militarización, sino que avanza por una nueva senda militarista que puede terminar dándole un significado muy distinto a la promesa de ‘transformación’ que lo llevó al poder…”, analizan Carlos Bravo Regidor, profesor en el programa de Periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ubicado en la capital mexicana y Julio Ríos Figueroa profesor en el departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

El principio jurídico in dubio pro reo también goza de rango constitucional en México, cuyo Tribunal Supremo estableció que cuando se imputa al justiciable, eventualmente el general Salvador Cienfuegos, la comisión de un delito, narcotráfico y lavado de dinero, no corresponde a este la carga probatoria de su inocencia: es el Estado quien debe acreditar los elementos constitutivos del delito y la responsabilidad criminal del imputado. En la hermenéutica de la norma, si los elementos aportados por la parte acusadora, Estados Unidos, no resultaran suficientes para acreditar la culpabilidad, la absolución es obligada y permanente. Nada que objetar a las garantías procesales, salvo que el poder judicial mexicano es un fiasco. En el marco del desolador naufragio de los derechos humanos, con matanzas y fechorías sin persecución ni castigo, el Estado afronta el reto de demostrar que la Fiscalía General de la República y los agentes del ministerio público serán capaces de investigar y juzgar, si procede, al exministro de Defensa entregado por EE UU con un dosier de 743 páginas y miles de mensajes telefónicos y datos que documentan sus servicios al hampa. No obstante, las pruebas de la DEA no son palabra de Dios, pues frecuentemente son obtenidas mediante la manipulación de testigos, amenazas y sobornos. Aunque la agencia antidrogas viole soberanías y competencias en las naciones que lo toleran, se equivoca muchísimo menos que las fiscalías federales, y policías adscritas, de México, donde el derrotismo reclama la horca mientras el ahorcado no demuestre su inocencia. Si nos atenemos al 95% de impunidad en la impartición de justicia, cabe suponer que se apliquen al incriminado general la opacidad, razones de Estado y jurisprudencia inducidas por el Gobierno y el Ejército; en último caso, los derechos de la locución latina.

La entrega libre de cargos retribuye la tardanza del presidente López Obrador en felicitar a Joe Biden, otra chaladura de Donald Trump

Pero el carpetazo, la invalidación de la carga probatoria del Departamento de Justicia sería suicida, pues evidenciaría el porqué de la desconfianza de Estados Unidos en la decencia del vecino. El hombre arrestado en Los Ángeles es pieza mayor: atesora información sobre logística militar que afecta a la seguridad nacional, y su testimonio comprometería a políticos, funcionarios, compañeros de armas y generales del alto mando de la Defensa que trabajaron con él o a sus órdenes. Sospechoso desde sus años de comandante de la novena región, resulta escandaloso que El Padrino llegara a ministro sin una reválida de probidad. Su entrega libre de cargos retribuye la tardanza del presidente López Obrador en felicitar a Biden, y su presión sobre la Casa Blanca aprovechando la chaladura del inquilino saliente y la baza de la imprescindible colaboración de México contra el narcotráfico, el terrorismo y la porosidad fronteriza. Reclamar transparencia en la investigación del jefe militar es pedir peras al olmo, pero si sirve para desmantelar mafias castrenses habrá merecido la pena.

Salvador Cienfuegos, un general ‘pacifista’, detenido por la DEA en Los Ángeles, en da en plena ‘cohabitación’ entre AMLO y Trump. “La violencia no se resuelve con balazos”, fue una de sus frases más célebres del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018. Sebastián Cienfuegos se atrevió a afirmar que el Ejército debe volver a los cuarteles, desempeñar las funciones que le corresponden y no batirse en las calles contra el crimen organizado… Este jueves, 15 de octubre del 2020, fue detenido en Estados Unidos. Le acusan de “transporte y distribución de droga” y será procesado en la misma Corte de Nueva York donde se juzgó a ‘El Chapo’ Guzmán y se lleva a cabo el proceso contra Genaro García Luna. Se trata del golpe más importante al Ejército mexicano desde la detención de Jesús Gutiérrez Rebollo en 1997, considerado el zar antidrogas del Gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo, condenado en 2007 a 40 años de prisión por vínculos con el crimen organizado. El presidente y el canciller de México, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard no sabían nada…

La DEA cree que Cienfuegos, tiene cuentas pendientes que saldar “por transporte y distribución de droga”, y lo quería juzgar en Nueva York

El héroe de mil batallas de las que siempre salió con vida, ha vuelto a los titulares cuando solo pensaba en pasar unos días con su familia en California. Lo ha hecho al ser arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles a petición de la DEA, la todopoderosa agencia antinarcóticos de Estados Unidos, que considera que Cienfuegos, el exjefe del Ejército mexicano, tiene cuentas pendientes que saldar “por transporte y distribución de droga” y que lo hará en la misma Corte de Nueva York donde se juzgó a El Chapo Guzmán y se lleva a cabo el proceso contra Genaro García Luna. Su detención, sin embargo, trasciende sexenios, países y gobiernos. Es un misil también para el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho del Ejército uno de los pilares de su política. Las Fuerzas Armadas, a diferencia de los partidos, son un cáliz que se maneja al margen del fango político diario y hasta de esta última batalla Cienfuegos había salido indemne. Salvador Cienfuegos Zepeda, de 72 años, encarna a cabalidad lo que se espera de un militar: cordial, seco y muy respetado por la tropa. Durante su gestión se comportó lealmente con Peña Nieto a pesar del triste papel encomendado: hacer de policías locales para frenar la sangría de casi 80 muertos diarios. En esa dirección contuvo la violencia e hizo todo lo posible por ocultar los abusos de los militares, como la matanza extrajudicial en Tlatlaya o la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sobre la que se negó a colaborar a pesar de que sus hombres tuvieron un papel importante como testigos.

Cienfuegos no entraba en los planes de este Gobierno, no estaba en su radar. Los militares habían quedado al margen de la caza y captura de la Cuarta Transformación. Prueba de ello, es que su detención en California no fue comunicada en una mañanera, sino a través del canciller Marcelo Ebrard, que a su vez había sido previamente informado por el embajador de Estados Unidos Christopher Landau. Tan descolocado estaba que el propio López Obrador se enteró de la detención minutos antes de las nueve de la noche después de que lo hiciera la periodista Ginger Thompson. La detención del general Cienfuegos forma parte de los mitos que se caen cada mañana. Un día el todopoderoso Emilio Lozoya llega detenido desde España; otro García Luna es juzgado en una corte de Estados Unidos y otro al partido de Felipe Calderón se le prohíbe formalizar su inscripción. Cada día, una torre del viejo régimen se cae, en muchas ocasiones gracias a la colaboración, o decisión, de Estados Unidos, que hace el trabajo que tanto se le ha reclamado siempre a México. Es la primera vez que Estados Unidos apunta tan alto. El arresto de Cienfuegos no es baladí, se trata del máximo responsable del Ejército del vecino del sur durante todo un sexenio, la misma persona, no obstante, a la que el Pentágono premió por su carrera hace dos años. Sobreactuar frente a Estados Unidos en época electoral puede traer terribles consecuencias y quedarse de brazos cruzados ante la detención de un general de División afectará a la tropa y a la institución.

Las investigaciones en Estados Unidos contra miembros del Ejército mexicano comenzaron tras la fuga de Joaquín Guzmán Loera

Sin especificar los delitos ni las razones, la noche de este jueves el canciller Marcelo Ebrard confirmó que fue detenido en Estados Unidos Salvador Cienfuegos Zepeda. Se trata de uno de los generales en retiro de mayor trayectoria, que fue el encargado del Ejército durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, y al que se le identifica con el ala dura de las Fuerzas Armadas. Las investigaciones en Estados Unidos contra miembros del Ejército mexicano comenzaron tras la fuga de Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, porque identificaron a jefes de Zonas militares que les proporcionaron protección al líder del Cártel de Sinaloa. La periodista estadounidense Ginger Thompson adelantó en exclusiva, a través de Twitter, que Propublica supo de esta captura por parte de “las autoridades estadounidenses cuando arribó al país a última hora de la tarde en un viaje con su familia”. Trece minutos después, Ebrard soltó: “He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California”. Hasta el momento ninguna agencia seguridad de Estados Unidos ha emitido algún comunicado oficial sobre la detención. El canciller reconoció que desconocía los detalles, y sería la consul mexicana en la ciudad californiana, Marcela Celorio Mancera, la que le informaría de las acusaciones, además le brindarían asistencia legal.

Al igual que varios exintegrantes del gabinete del expresidente, Enrique Peña Nieto, el general de División Salvador Cienfuegos Zepeda dejó su cargo en medio de diversos cuestionamientos de su administración, principalmente sobre la probable participación de militares en actos de corrupción y de protección al narcotráfico. Incluso por las omisiones cometidas por los militares en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Formado en la Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa habría reconocido ante el entonces presidente Peña Nieto, días después de los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014, que un elemento de inteligencia militar en activo estaría entre los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Sin embargo, la información fue revelada tiempo después. Sobre el mando militar, nacido en la Ciudad de México el 14 de junio de 1948, quien también se desempeñó como comandante del Cuerpo de Cadetes, también se hicieron señalamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación sobre su gestión al frente de la Sedena, por inconsistencias en adquisición de la dependencia a empresas no acreditadas, así como compras a sobreprecio en la obra referente al aeropuerto que se construía en Texcoco. Antes de asumir la titularidad de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, también fungió como oficial Mayor de la institución; inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea; comandante de la VII Región Militar, en Chiapas; comandante de la I Región Militar, en la CDMX; comandante de la IX Región Militar, en Guerrero; así como comandante de la V Región Militar, en Jalisco… “Por su trayectoria y formación militar, a Cienfuegos Zepeda se le identifica como una de las alas duras y conservadoras de las Fuerzas Armadas…”, destacaban los periódicos estadounidenses.

Terremoto para la política mexicana y cuestiona a las fuerzas de seguridad del Estado por sus posibles vínculos con el crimen organizado

Estados Unidos ha sacudido México con la detención. El general Salvador Cienfuegos ha sido arrestado este jueves por la noche en el aeropuerto de Los Ángeles a petición de la Agencia de Drogas Estadounidense (DEA), según han confirmado las autoridades mexicanas al periódico español EL PAÍS. El exsecretario, fue capturado mientras viajaba con su familia. Está siendo investigado, supuestamente por vínculos con el crimen organizado, por la misma corte de Nueva York que lleva el caso de Gerardo García Luna, exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón y que sentenció a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Se trata del golpe más importante al Ejército mexicano desde la detención de Jesús Gutiérrez Rebollo en 1997, considerado el zar antidrogas del Gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo, condenado en 2007 a 40 años de prisión por vínculos con el crimen organizado. “He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el exsecretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido informó el canciller Marcelo Ebrard en Twitter el mismo jueves por la noche. Las autoridades mexicanas aseguran a los ‘mass media’ que no tenían constancia de ninguna investigación y ha sido el canciller el que ha informado al presidente Andrés Manuel López Obrador. No se han hecho públicos todavía los cargos de los que se le acusan, pero la orden emitida por la DEA apunta a que su captura tenga alguna relación con el narcotráfico.

La detención de Cienfuegos supone un terremoto para la política mexicana y vuelve a poner en jaque a las fuerzas de seguridad del Estado por sus posibles vínculos con el crimen organizando. La captura en diciembre, también en Estados Unidos, de Genaro García Luna, evidenció las primeras grietas por las que se introdujo el narco en los anteriores gobiernos. El que fuera secretario de Seguridad Pública en la Administración de del panista Felipe Calderón (de 2006 a 2012) está acusado de colaborar con el Cartel de Sinaloa durante los años de la guerra que emprendió el entonces presidente mexicano tras su llegada al poder. Aunque en la última audiencia de la semana pasada se declaró inocente, la justicia estadounidense lo señala como el brazo del Gobierno que permitió al cartel más poderoso del mundo, a cambio de sobornos millonarios, operar con total impunidad en México.

Los operativos castrenses han sido señalados por el alto índice de letalidad que producen por el uso excesivo de la fuerza

Salvador Cienfuegos fue titular de Defensa entre 2012 y 2018, una cartera clave en la continuación de la guerra contra el narcotráfico que siguió el priista Enrique Peña Nieto hasta el fin de su mandato y unos años antes de abandonar el cargo se mostró crítico con la militarización del país. Antes de su nombramiento en 2012, entre la terna de generales que se debatía el puesto, Cienfuegos destacaba como un general considerado uno de los militares más influyentes del Ejército y el más experimentado en la diplomacia militar internacional. Nació en Ciudad de México en 1948 y comenzó su carrera en 1964. Fue también inspector y contralor general del Ejército y la Fuerza Aérea y comandante de las cuatro regiones militares más azotadas por el narcotráfico. Cuando se cumplían 10 años de violencia de la guerra que comenzó Felipe Calderón en 2006 y las cifras de asesinados escalaban a más de 100.000 —además de cerca de 30.000 desaparecidos y 35.000 desplazados— Cienfuegos dijo estar a favor de que el Ejército dejara las calles. “¿Quieren que estemos en los cuarteles? Adelante. Yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”, dijo el general en 2016 al recordar que el ministerio que encabezaba fue creado para la seguridad exterior y que la seguridad interior estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación.

El general Cienfuegos habló entonces con franqueza sobre la incertidumbre en la que se mueven los soldados mexicanos, comisionados por el presidente Felipe Calderón para combatir a los cárteles desde el 11 de diciembre de 2006. Desde entonces, los operativos castrenses han sido señalados por el alto índice de letalidad que producen por el uso excesivo de la fuerza y por reiteradas violaciones de derechos humanos. “¿Qué queremos? Que las fuerzas armadas tengan un marco [legal] que los respalde cuando tengan que actuar, que no seamos señalados por cuestiones que son propias de las operaciones que realizamos… Nos encantaría que la policía hiciera su tarea para lo que está”, afirmó. Estas palabras resuenan ahora tras los mandatos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la militarización del país. La creación de la Guardia Nacional, un cuerpo que defendió desde poco después de tomar el poder en 2018, está compuesto en su mayoría por soldados y también agentes de la policía federal, y las organizaciones de derechos humanos han criticado que su papel deja en manos del Ejército la seguridad pública de un país con las cifras más homicidas de la historia. Salvador Cienfuegos afirmó que el Ejército debe volver a los cuarteles, desempeñar las funciones que le corresponden y no batirse en las calles contra el crimen organizado. “No pedimos estar aquí, no nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando”, señaló al término de un desayuno con la prensa mexicana. El titular de Defensa instó a los legisladores mexicanos a emitir un marco legal que atienda las necesidades de las fuerzas armadas para trabajar en cuestiones de seguridad interior. “Nuestros soldados ya se lo están pensando si le ‘entran’ por el riesgo de ser acusados de violar derechos humanos”, ha dicho.

Los militares no se sienten cómodos con el papel impuesto a ellos por el anterior presidente Felipe Calderón y su ‘guerra contra el narco’

Cienfuegos también cuestionó a las autoridades estatales y municipales por no proteger al ciudadano de delitos cotidianos, a ras de calle, como los asaltos, las extorsiones y los homicidios. “La estrategia para combatir estos problemas debe coordinarse entre las instancias federales y locales, y el Ejército debe ocuparse de otras cuestiones”, recalcó. El Ejército realiza tareas de policía que “no es nuestra vocación, no nos sentimos a gusto haciendo funciones de policía”, aseguraba y añadía que en esta responsabilidad “los costos han sido altos, pero han valido la pena”, en una entrevista que concedió al periódico mexicano El Universal. “Los militares no se sienten cómodos con el papel impuesto a ellos por el anterior presidente del PAN, Felipe Calderón, ante su ‘guerra contra el narco’…”. Cienfuegos Zepeda aclaraba por qué el Ejército, a pesar de que no quiere, realizaba tareas de policía y planteaba cuál es la visión que los militares tienen de las actuales policías del país y proponía lo que deberían de hacer las autoridades civiles en el nivel federal, estatal y municipal para mejorar los cuerpos de la policía y permitir que el Ejército regrese a sus cuarteles. La tarea “está ordenada por el comandante supremo, que es el presidente de la República, pero estamos conscientes de que, de no hacerlo nosotros, en este momento no hay quien lo pueda atender”, afirmaba el general secretario, pero planteaba que “necesitamos cuerpos policiacos más capacitados, mejor preparados, mejor armados, y que se les atienda en la parte de seguridad social”. Agregaba que el tema “se ha dejado de lado y que se requiere atender a los policías no nada más en la parte de la capacitación, sino de su seguridad social”. “Contando con buena seguridad social, los cuerpos de policía serán mejores y podrán atender a sus responsabilidades”, y afirmaba que “a nosotros nos urge que esto se dé para que sean ellos los que asuman las tareas que legalmente les corresponden”. El general reconocía que en esta tarea “hay un desgaste mediático, hay un desgaste de personal, de material, pero tratándose de nuestro país no es un costo que tengamos que poner en duda, habrá que seguir haciéndolo hasta el momento en que sea requerido”.

El general de Peña Nieto seguraba que si el Ejército no hubiera intervenido “no podríamos asegurar cuál sería la situación del país. Si algo se ha avanzado en seguridad y en la contención del crimen y de los líderes de estas organizaciones criminales ha sido básicamente por la intervención de las Fuerzas Armadas”, y añadía estar seguro de “que la gente está consciente de que si no lo hacemos nosotros no hay quien lo haga en el país, por el momento. De eso la gente está convencida y hay una gran disposición…”. El general secretario pensaba que todavía era difícil precisar cuándo el Ejército dejará las funciones de policía porque “diría que no veo esfuerzos decididos en algunos estados, en la gran mayoría, no veo esfuerzos decididos por que estas policías avancen. Deben ser problemas quizá de presupuesto, pero el compromiso está y quisiéramos que esto avanzara más rápido”, a lo que detallaba, “quiero dejar en claro que nosotros en cuanto se nos ordene vamos a hacer las actividades para las cuales nos preparamos, para lo cual llegamos a nuestras escuelas, que es para la guerra, para la defensa del país”.

Paradójicamente los ‘capos’, entre ellos ‘El Chapo’, hacen referencia a esos derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas

El mensaje es claro y está dirigido a la sociedad, pero sobre todo a los civiles responsables del gobierno. De ellos depende que el Ejército regrese a sus cuarteles. Para Salvador Cienfuegos, el tiempo del retorno a los cuarteles ha llegado. Nuestro ‘Comandante en Jefe’ no puedo hacer oídos sordos. Tampoco los representantes políticos, democráticamente elegidos por los ciudadanos.  Tienen que tomarse muy en serio el problema de la inseguridad, mejorando ostensiblemente sus servicios de inteligencia y contrainteligencia. El Estado Derecho debe imponerse en la reconversión necesaria en las policías, fiscalías, juzgados, cárceles…, respetando escrupulosamente los derechos humanos. Paradójicamente los ‘capos’, entre ellos ‘El Chapo’ Guzmán, hacen referencia a esos derechos universales reconocidos por las Naciones Unidas. Aunque ellos no los apliquen en su devenir narcoterrorista, los ciudadanos exigen, en su mayoría, que se erradique la tortura de nuestras comisarías, “no podemos actuar como el crimen organizado”…

La controversia sobre violaciones de derechos humanos a manos del Ejército se disparó durante la legislatura 2006-2012 de Felipe Calderón, que decidió sacar a los militares a la calle para combatir al crimen organizado. El presidente Enrique Peña Nieto dio continuidad a esa medida. Entre 35.000 y 45.000 soldados patrullan por el espacio público e intervienen contra la delincuencia organizada. Cienfuegos defendía que las quejas contra militares habían bajado un 60% desde el 2012 y preveía que, a corto plazo, el Gobierno no retiraría el Ejército de la lucha contra el crimen debido a las limitaciones de los cuerpos policiales: “Estamos conscientes de que de no hacerlo nosotros, en este momento no hay quien lo pueda atender”. Son tiempos de innovaciones empresariales, los organismos encargados de velar por la tranquilidad y seguridad de la población tienen que reciclarse. El Ejército, a los cuarteles. Estas declaraciones de Salvador Cienfuegos llegaban apenas unos días después del llamamiento realizado por Enrique Peña Nieto a “la unidad de los mexicanos” ante los retos de la era de Donald Trump. “Nuestra historia nos recuerda que cuando no hemos estado unidos, el país ha sufrido desastres que dejan cicatrices dolorosas”, decía el presidente mexicano en un mensaje a la nación. Ha llegado el momento de la unidad. Apeló a sus ciudadanos a superar sus “diferencias y agravios” para afrontar esa puerta incierta que se llama futuro. En un mensaje con motivo del cuarto aniversario de su llegada al poder, Peña Nieto centró en la unidad (12 veces repitió el concepto) su respuesta ante el enorme y agotador desafío que Donald Trump supone para México e insistió en su intención de establecer una “relación constructiva con Estados Unidos”.

La ‘realpolitik’ en un escenario de pasividad mexicana frente a los movimientos de migrantes y los aranceles norteamericanos

Durante el discurso, de apenas siete minutos, no hizo mención expresa al magnate. Tampoco hacía falta. La llegada del vociferante republicano a la Casa Blanca, trastocó todos los planes de México. Sus promesas de construir un muro y estrangular económicamente a su vecino del sur despertaron el recuerdo de las peores crisis. No hay día en que el peso no se tambaleara y los analistas ya advertían del riesgo de recesión. Mucho más que un espectro o una pesadilla, el magnate estadounidense era ya una realidad asfixiante para México. Un monstruo que amenaza con devorar años de lenta prosperidad. Ante este escenario, el presidente se exhibió firme y seguro. Sobre un fondo de banderas estatales, Peña Nieto dirigió a sus ciudadanos un discurso emotivo, que buscó la fibra patriótica, la fuente natural del valor mexicano. “Nuestra historia nos recuerda que cuando no hemos estado unidos, el país ha sufrido desastres que dejan cicatrices dolorosas. La desunión provocó la pérdida de la mitad de nuestro territorio. La desunión condujo a la imposición de un emperador extranjero, ajeno a nuestra vocación republicana. La desunión ocasionó una revolución de años, que causó un millón de muertes y una destrucción que tomó décadas recuperar”, dijo.

Frente a este panorama trágico, Enrique Peña Nieto ofreció una mirada optimista al porvenir y se comprometió a defender la dignidad de los mexicanos “donde quiera que residan o se encuentren”, en una clara alusión a los millones de compatriotas que viven y trabajan en Estados Unidos. “Hasta el último día seguiré trabajando al lado de todos ustedes para que cada mexicano pueda construir su propia historia de éxito”, concluyó. Su discurso, breve y elaborado, marcó la línea que siguió el Gobierno ante el vendaval que se avecinaba… Por un lado, el intento de negociar con Trump para evitar males mayores, y por otro, apelar a la cohesión interna frente a la presión exterior. El éxito de la tarea dependió en gran medida del futuro presidente de Estados Unidos. Un político tan imprevisible como explosivo. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, la ‘realpolitik’ alcanzada en un escenario de pasividad mexicana frente a los movimientos de migrantes centroamericanos y las amenazas del actual presidente republicano de sancionar a su socio con aranceles de productos que llegan a los mercados  norteamericanos.

El despliegue del Ejército ha sido seriamente cuestionado por casos como el de Tlatlaya o la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Hijo de una costurera y un coronel que murió cuando él tenía dos años, Salvador Cienfuegos, nació el 14 de junio de 1948 en la Ciudad de México. La primera vez que se acercó al Colegio Militar de Mixcoac ni siquiera tenía la edad para entrar. Finalmente fue admitido con 15 años y en la institución ha desarrollado toda su vida desde el primer batallón en Jalisco a Guerrero o Chiapas al frente de la región militar. La detención no fue llevada a cabo de forma coordinada con Estados Unidos, lo que abre incógnitas sobre la colaboración entre los dos países. “Hasta ahora los militares eran intocables, y más aún un secretario de la Defensa. Es un golpe duro en lo institucional y en lo simbólico porque se trata de un general. La detención tendrá consecuencias y los militares seguramente están sorprendidos e indignados con esta detención”, dice Eunice Rendón, experta en Seguridad, que trató en distintas ocasiones con Cienfuegos. Como buen militar, guardó siempre silencio y caminó un paso detrás del presidente Peña Nieto. Una de las pocas veces que se salió del guión reconoció que estaba deseando devolver a los cuarteles al Ejército, que estaban realizando tareas “que no les correspondían” porque la clase política había sido incapaz de formar a las policías locales que debían controlar la delincuencia y poner fin a la presencia militar en las calles. Desde que llegó al cargo pidió un marco legal para saber en qué condiciones podía actuar en la calle. Pero ese marco legal no llegó hasta ocho años después y fue para decir que los militares seguirían por tiempo indefinido en la calle. Él estaba ya pensando en la jubilación y en pasar los días que le quedaban haciendo breves escapadas con la familia a California.

La Cámara de Diputados analizaba una iniciativa que buscar reglamentar las tareas de las Fuerzas Armadas en México en materia de seguridad interior. Desde que el ex presidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico y sacó a los militares a las calles a combatir al crimen, sus tareas no han estado reguladas por un marco legal. El despliegue del Ejército ha sido seriamente cuestionado por casos como el de Tlatlaya o la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde los soldados observaron los ataques a los jóvenes, pero se mantuvieron pasivos. Los organismos internacionales han denunciado como práctica ordinaria las torturas y los abusos. La propuesta legislativa presentada plantea la posibilidad de disponer de la totalidad del Ejército, Armada y Fuerza Aérea para hacer frente a las amenazas a la seguridad Interior, como delincuencia organizada, portación y tráfico ilícito de armas de fuego, terrorismo y hasta corrupción.

“El culatazo dio en la ventanilla del Jeep Cherokee gris. “¡Abre o mueres!”. Dos ojos rojos le miraban. El conductor tenía que decidir. Estaba en el corazón burgués de la Ciudad de México. Había peatones a menos de dos metros, coches por delante y por detrás, y un atracador de 26 años a pocos centímetros de su cara empuñando una pistola. La duda duró menos que el miedo. El conductor bajó la ventanilla e inmediatamente pasó a formar parte de un variopinto grupo al que ese día también pertenecían un padre desvalijado cuando paseaba con sus hijos, una extranjera de pelo dorado raptada y violada, cuatro estudiantes torturados y una decena de campesinos baleados. Un día como tantos otros en México en que se denunciaron 45,000 delitos y quedaron en la sombra otros 400,000. Un día en que, una vez más, creció esa masa informe y terrible que igual roba, viola o mata y a la que se define como inseguridad…”, escribe en una crónica sobre el terror urbano en Latinoamérica el periodista mexicano Jan Martínez Ahrens. “El concepto es débil y difuso. Se sabe que la inseguridad prolifera en las ciudades y que se dispara con el tráfico de drogas. A partir de ahí, es imprevisible. Muta rápidamente y se adapta a casi cualquier ambiente. Hubo un tiempo en que se vinculó a la pobreza. Hace mucho que esta teoría quedó alicorta. Demasiado lineal. La miseria no es causa suficiente. Y a veces ni siquiera necesaria. América Latina es un buen ejemplo para entenderlo. El área registra una de las mayores tasas delictivas del mundo. Más de un millón de asesinatos entre 2000 y 2010. En 11 de sus 18 países, los homicidios tienen estatus de epidemia, es decir, superan los 10 casos por cada 100,000 habitantes. Hay ciudades como Caracas, Acapulco, San Pedro Sula o San Salvador donde este índice es 10 veces mayor. Ahí no se trata de una epidemia, sino de puro terror…”.

El crimen ha aumentado en un contexto regional de crecimiento dinámico y de mejoras notables en indicadores sociales

Pero en este territorio no todo ha ido mal. Por el contrario, Latinoamérica experimentó en la década pasada uno de los mayores desarrollos económicos de su historia. El desempleo descendió de forma sostenida, 70 millones de ciudadanos salieron de la pobreza y el crecimiento agregado fue del 4,2% anual. Un sueño para cualquier economista. No para un policía. Con la bonanza, la criminalidad también aumentó. Homicidios y robos alcanzaron tasas delirantes. La bienintencionada correlación (menos pobreza-menos delito) encalló. La inseguridad demostró tener una genética más compleja. Detrás del delito latían fuerzas poco estudiadas. La paradoja, devastadora para las charlas de café centroeuropeas, ha sido analizada con detenimiento por el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). En un informe referencial se constató que la singularidad se mueve en aguas profundas. Ni siquiera hay una relación estrecha entre ingreso y crimen. Honduras y El Salvador presentan las tasas de homicidio más altas, pero sufren la misma pobreza que Bolivia y Paraguay, con los menores índices de homicidios de la región.

Otro tanto sucede con la desigualdad y el desempleo. Su reducción en la década prodigiosa no trajo consigo, según los expertos de la ONU, un descenso de las muertes y los robos. “Tomadas por separado, la pobreza, la desigualdad de ingresos y el desempleo no parecen explicar satisfactoriamente los niveles de inseguridad en la región. Por el contrario, el crimen ha aumentado en un contexto regional de crecimiento dinámico y de mejoras notables en indicadores sociales. Entender esta particularidad requiere aceptar que la violencia y el crimen no tienen explicaciones simples”, señala el informe del PNUD. Derribados los tópicos, emerge como posible factor causal algo profundamente enraizado en América: las grandes organizaciones criminales, especialmente las dedicadas al narcotráfico. Su capacidad de corrupción, su penetración en los aparatos estatales y su letalidad las convierten en un candidato explicativo de primer orden. Pero nuevamente la inseguridad se escapa a reduccionismos. “El narcotráfico dinamiza el delito, pero no es el origen, su desaparición no cambiaría radicalmente el panorama, siempre habría mercados ilícitos, negocios sucios, diversificación criminal. Legalizar la droga no es la varita mágica”, afirma Gema Santamaría Balmaceda, profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México y asesora principal del informe del PNUD.

El narcotráfico exacerba hasta la caricatura los ideales consumistas de la sociedad en que vivimos: coches, mujeres y armas

Visto así, el narco es más una consecuencia que una causa. Hay un caldo de cultivo previo, cuyo origen es multifactorial y, por tanto, difuso. Como cualquier concepto débil, la inseguridad vive en continua transformación y es poroso al cambio social. Influyen factores como las expectativas sociales, la calidad del empleo, los entornos urbanos masificados y, desde luego, las drogas y las armas. “No hay una evidencia fuerte de correlación entre la pobreza y la desigualdad con el delito, pero sí que hemos advertido la importancia cardinal que tiene el crecimiento de la sociedad de consumo. Se forman enormes mercados ilegales de coches, teléfonos, comida, animales… sostenidos por altísimas demandas que paradójicamente responden a una mejora de los ingresos de las clases medias bajas”, explica Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Tres de Febrero, en Argentina. Estas nuevas tipologías, agrupadas en el denominado “delito aspiracional”, representan uno de los fenómenos más disruptivos. Y su explicación no es sencilla. Los estudios muestran que la franja social rescatada de la pobreza durante la década áurea no ha entrado directamente en la clase media, sino que tiene un pie dentro y otro fuera. Al menor vendaval puede volver al pozo. Forma el llamado “grupo vulnerable” y es la clase más numerosa de Latinoamérica: un 38% de población. Sus empleos son de escasa calidad, viven expuestos a la informalidad económica y su movilidad social es mínima. El desarrollo económico, por tanto, no ha creado una barrera fuerte frente al delito. Justo al revés. Las ansias de consumo se han disparado, pero no los medios para satisfacerlas. El problema no es la pobreza, sino la falta de expectativas. “Las personas en situación de pobreza no son necesariamente las que delinquen, sino que lo hacen quienes muestran aspiraciones para alcanzar las metas prescritas por la sociedad (ropa de marca o celulares de última generación), pero que tienen desventajas para materializarlas con malos empleos y sueldos bajos”, señala el informe del PNUD.

Junto a la insatisfacción social, otro detonante silencioso es el entorno. No hay zona más urbanizada del mundo que Latinoamérica. El 80% de la población vive en ciudades. Y no son paraísos. Un paseo por la periferia de la capital de México, una megaurbe de 23 millones habitantes, lo explica. En colonias como Desarrollo Urbano Quetzalcóatl (68.000 habitantes) no hay una sola biblioteca, pero sí 450 establecimientos de venta de alcohol. El barrio, con el 70% de desempleo juvenil, ostenta el dudoso honor de ser el que más presos aporta a las cárceles del Distrito Federal. Es en espacios así donde bulle la sopa prebiótica de la violencia. Mundos sin memoria de mejoras, con empleos de ínfima calidad y derrotas por doquier. Todo listo para el último ingrediente: el tráfico de drogas. “El narcotráfico exacerba hasta la caricatura los ideales consumistas de la sociedad en que vivimos: coches, mujeres y armas”, explica Andreas Schedler, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y autor de ‘En la niebla de la guerra: Los ciudadanos ante la violencia criminal organizada’. En los arrabales, el narco actúa como ascensor social. Ofrece lo que el sistema niega. Pero exige el uso de armas. Y a nadie se le escapa el impacto que tiene un balazo. Un solo asalto con revólver causa miedo; decenas de miles, terror social. En América Latina, entre un tercio y la mitad de los robos son perpetrados con armas de fuego. Una media que sube al 78% en el caso de los homicidios. En Brasil, Chile o Argentina más del 60% de los presos reconocen que tuvieron su primera arma de fuego antes de los 18 años. Eso es la inseguridad.

La policía, las fiscalías, el Estado son, en grandes zonas de América Latina, entes ineficaces o están penetrados por el narco

Frente a esta marea, las barreras de contención son pocas. A veces, esto no se entiende en Europa y Estados Unidos. La policía, las fiscalías, el Estado son en grandes zonas de América Latina entes ineficaces, inexistentes o están penetrados por el narco. No totalmente, pero sí lo suficiente como para que no tengan efectos disuasorios. La solución requerirá tiempo. A su alrededor se acumulan grandes palabras: educación, redistribución, enfoques integrales. “No hay bala de plata y depende de si los países tienen una tasa alta o baja de criminalidad, pero desde luego la inversión social y reducir la impunidad ayudan”, indica el profesor Marcelo Bergman. “Hay que cuidarse del populismo penal, la mano dura y la tolerancia cero. Quien promete remedios a corto plazo no es creíble. Pero tampoco hay que resignarse: el esfuerzo social colectivo puede lograr resultados drásticos en 5 o 10 años”, explica Schedler. Y mientras se avanza, el crimen sigue ahí. Lo saben bien los más ricos. En Latinoamérica ya hay un 50% más de vigilantes privados que agentes de policía. La vida tranquila sólo existe dentro de la burbuja. El lobo anda por las calles. Cualquiera puede ser la próxima víctima. Da igual ir en un buen coche o por una calle respetable. La violencia puede llamar a su ventana. Un culatazo, dos ojos enrojecidos y usted tendrá que decidir. Bajar o no bajar el cristal.

“La violencia no se resuelve con balazos”, insiste Salvador Cienfuegos, un general valiente. En una rueda de prensa “fuera de lo común”, el secretario de Defensa de México, explicó que “el Ejército debe volver a los cuarteles y desempeñar las funciones que le corresponden”, que no son otros que la defensa de la nación”; no tuvo reparos en admitir ante los sorprendidos periodistas, en diferentes foros, que el 2020, en plena pandemia del COVID-19, no ha sido un año nuevo para el país por los altos niveles de violencia e inseguridad y ha cuestionado el papel actual de sus tropas en el combate a estos problemas; el presidente de la República, AMLO, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, integradas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, tenía hasta  ahora la palabra, ante los ‘órdagos’ del general… “No pedimos estar aquí, no nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando”, no se callaba el jefe Cienfuegos. Hoy, los estadounidenses le han hecho un favor, queriendo o sin querer, al presidente mexicano. El general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido por autoridades federales de Estados Unidos a su arribo al aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, como resultado de una investigación de corrupción por narcotráfico que desde hace unos años venía llevando a cabo el Departamento de Justicia. Bajo el título ‘Operación Padrino’, la investigación del gobierno estadounidense data de por lo menos hace diez años, antes de que  Cienfuegos asumiera como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con fuentes fidedignas del Departamento de Justicia que habían narrado la pesquisa a la revista mexicana Proceso.

Las investigaciones sobre el caso del general Cienfuegos y otros altos mandos del Ejército mexicano en el sexenio de Peña Nieto iniciaron luego de que la Administración Federal Antidrogas (DEA) empezó a recopilar evidencias para fundamentar los casos de narcotráfico en contra de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, procesado y sentenciado en una corte federal en Nueva York. Entre tanto, en México funcionarios del Gabinete de Seguridad señalaron estar sorprendidos de este anuncio, toda vez que en no había en marcha ninguna investigación en contra del ex titular de la Sedena durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. “El Cónsul en Los Ángeles me estará informando próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo informados”, subrayó Marcelo Ebrard, artífice de las “magníficas relaciones diplomáticas y personales”, la utópica ‘cohabitación’ entre AMLO y Trump, cuya reelección se decidirá en apenas un par de semanas, el ya histórico 3-N.

A las 20:47 horas del jueves de esta semana la exjefa de las oficinas en México de The New York Times, Ginger Thompson, informó de la detención del ex secretario de Defensa a través de su cuenta de Twitter. Ebrard y AMLO no se enteraron de la ‘fiesta’ hasta pasadas a las 9 de la noche. No fueron cinco minutos, como cantaba Víctor Jara en ‘Te recuerdo Amanda’, en las calles ensangrentadas de Santiago de Chile, durante el derrocamiento de Salvador Allende por su traidor ministro de Defensa, el general Augusto Puinochet, con el asesoramiento de Henry Kissinger, ex Secretario de Estado de los Estados Unidos, quien sigue ‘trabajando’ todavía hoy a sus 97 años, sino trece minutos… “La vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena. De vuelta al trabajo. Y tú caminando. Lo iluminas todo. Los cinco minutos. Te hacen florecer. Te recuerdo Amanda. La calle mojada. Corriendo a la fábrica. Donde trabajaba Manuel…”.

@SantiGurtubay

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