Por Francisco Hernández
CHETUMAL.- La desactivación de los operativos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para desalojo y aseguramiento de predios en Mahahual, así como el compromiso de establecer una mesa de diálogo para atender temas puntuales de los colonos de los asentamientos irregulares afectados por litigios legales, fueron los compromisos asumidos por el subsecretario de Gobierno del estado de Quintana Roo, Nabil Eljure Terrazas, con los que obtuvo que se levantara el bloqueo en la carretera a la Costa Maya ayer mismo en la tarde.
Sin embargo, al parecer intereses económicos muy relacionados con el poder se encuentran detrás de esta ola de operativos de la FGE para desalojar terrenos, coincidentemente activados cuando está en puerta una importante inversión de la naviera Royal Caribbean, nueva propietaria del muelle de cruceros Costa Maya, pues parece que otros grupos empresariales de fuera y dentro del estado consideran que es la oportunidad de hacer efectivo el uso de los predios adquiridos a un presunto dueño que dudosamente ha tenido dominio efectivo sobre los inmuebles, ocupados por otros posesionarios y por colonos que dicen haber pagado por ellos.
El miércoles en la tarde, el subsecretario de Gobierno tuvo que firmar una minuta de 21 puntos ante el alcalde de Mahahual, Fernando Hernández Peña, y una comisión de colonos, en donde se incluyó el compromiso de solicitar a la FGE que no se realicen más desalojos sin investigaciones previas ni sustento legal, a fin de evitar nuevas tensiones.
Asimismo, se dijo que el subsecretario de Gobierno se comprometió a dar acompañamiento a las personas que enfrentaron desalojos, y que aquellos que acrediten la propiedad recibirán el respaldo del estado, con análisis especial de cuatro casos de personas que mantiene litigios con particulares por la propiedad de los predios.
Se firmó que la próxima semana se instalará la mesa de diálogo para atender la problemática, iniciada desde el pasado 10 de julio cuando la FGE llegó a realizar el primer desalojo en el rancho costero Punta Tam y otros más aledaños.
Una semana después, los ministeriales llegaron a asegurar los terrenos ocupados por el asentamiento humano irregular La Esperanza, que se encuentra al noreste de Punta Tam y al sur de la localidad de Mahahual, con accesos desde la calle Mantarraya y la carretera estatal a Xcalak, donde los colonos cerraron el paso a los elementos de la FGE.
Diario Cambio 22 dio a conocer estos casos y desde el primer desalojo informó que están involucrados empresarios de Nuevo León y Chetumal, los cuales compraron derechos y propiedad a Agustín Jaime Villanueva Souza, cuñado y exsocio del fundador del Partido Acción Nacional (PAN) en Chetumal Laura Pallares Rodríguez.
En el 2012 Villanueva Souza formalizó la compra del rancho Punta Tam después de que el entonces Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) desalojó de él a María Judith Alpuche López, hermana de un conocido defraudador inmobiliario ya fallecido, Benjamín Alpuche.
Villanueva entregó en 2021 un poder legal para ejercer actos de administración y dominio sobre el terreno a Adrián Martínez Garza, socio de la empresa inmobiliaria MGT Land Capital, de Monterrey, Nuevo León, un tipo de trato que se usa para esconder operaciones de compra-venta o para acompañar promesas de compra-venta.
Sin embargo, desde febrero del presente año, Villanueva Souza aparentemente había roto sus tratos con Adrián Martínez Garza, pues entonces le revocó el poder legal para actos de administración y dominio sobre el terreno.
Posteriormente, en el mes de abril, Agustín Jaime Villanueva Souza vendió el predio de Punta Tam a una empresa de Chetumal denominada Roe Capital, representada por Enrique Arturo Perex Contreras y Miguel Augusto Peón Mier y Terán, originarios de Yucatán y residentes de Chetumal.
Esta empresa tiene como socia al taller mecánico Starcom, que ha sido proveedor de servicios de instituciones públicas, como el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo).
Sin embargo, ambas dicen tener el mismo domicilio, en el amplio patio trasero de la plaza comercial Capital Center, en la calle Industrial del Ensamble entre las avenidas Erick Paolo Martínez y Maxuxac, pero donde sólo se observa el taller mecánico, quien resulta que además fue quien pagó la compra en dos transferencias desde su cuenta bancaria.
La operación de compra del rancho de se realizó en la notaría pública 109 de Chetumal, de Manuel Chejín Pulido, en 10 millones 950 mil pesos por 5.03 hectáreas, y está dada de alta en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Chetumal.
Lo llamativo del caso es que desde el 2021, después de obtener el poder legal de manos de Agustín Jaime Villanueva Souza, los empresarios regiomontanos pusieron la demanda legal por despojo sobre Punta Tam, según el número de expediente que consta en los carteles de aseguramiento que fijaron los agentes ministeriales en el lugar el pasado 10 de julio, pero fue hasta después de 4 años, ya que se rompió el trato que tenían con Villanueva Souza y éste vendió el rancho a otros empresarios chetumaleños, que en la FGE se “activó” la carpeta de investigación y acudieron a realizar el desalojo del lugar, donde nuevamente la antigua posesionaria, María Judith Alpuche López, había metido trabajadores para ocuparlo.
Por su parte, los colonos afectados por los operativos de la FGE aseguran que los mismos empresarios regiomontanos estarían detrás del aseguramiento de los terrenos del asentamiento irregular La Esperanza, cercano a Punta Tam, y que ahora pretenden posesionarse de los predios porque quieren concretar sus inversiones turísticas, ante las expectativas que ha abierto la llegada de la naviera estadounidense Royal Caribbean para operar el muelle de cruceros y establecer un centro de diversiones y esparcimiento llamado Perfect Day México, expectativas que se tienen aunque no será un espacio abierto a cualquier turista, sino sólo a los cruceristas que lleguen en los barcos de la propia naviera.
Además, los colonos, que afirman haber pagado por los lotes que ocupan, han señalado que los terrenos habían sido anunciados a la venta por el agente inmobiliario extranjero John Fleming, que ha operado las inmobiliarias Raíces Mahahual y Nu Vista Real State, ha sido denunciado hasta por clientes estadounidenses a los que defraudó con ventas de terrenos en la Costa Maya, y en 2020 obtuvo permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar un proyecto denominado Cocovillas en el kilómetro 7.1 del tramo El Uvero-El Placer, al norte de Mahahual.
Cabe destacar que la tregua en los operativos de desalojo y aseguramiento de terrenos emprendidos por la FGE la lograron los habitantes de Mahahual a la fuerza, luego de un bloqueo de alrededor de 6 horas en la carretera de acceso al destino y a Xcalak, debido a que el pasado 19 de julio el fiscal Raciel López Salazar no cumplió el compromiso de recibir en audiencia a los colonos de La Esperanza y los desalojados de Punta Tam, que acudieron a sus oficinas en Chetumal acompañados de alcalde de Mahahual, Fernández Hernández Peña, pero se les canceló la reunión acordada sin explicación de motivos y con groserías de un subordinado.
Ahora, además de recoger los escombros y el sargazo que los manifestantes aventaron sobre la carretera para reforzar el bloqueo ayer, las autoridades del gobierno del estado están comprometidas a mediar entre los colonos y los que reclaman posesión en estos terrenos al sur de Mahahual, un polvorín con una corta mecha que en cualquier momento se vuelve a encender.
Tan es así, que el levantamiento del bloqueo se realizó bajo la advertencia clara de que si los compromisos no se cumplen, las protestas volverán y serán más intensas y prolongadas.