La isla de Holbox tuvo que ceder 53.87 hectáreas de reserva ecológica a Desarrollos Inmobiliarios Xunaan S.A.P.I. de C.V., de la cual se ostenta como representante legal Carlos Álvarez de Alba, por una resolución de la Justicia Federal, publicada en el Decreto Oficial de la Federación el pasado primero de septiembre.
Por su parte, la empresa privada Xunnan, a través de otra de sus empresas, Stella Holdings, de manera inmediata comenzó a solicitar a través de su página de internet a invertir en los próximos desarrollos turísticos, nivel ‘Premium’, que se habrán de construir en el lugar.
Cabe destacar que dicho acuerdo fue firmado por el ex secretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Semarnat) Víctor Manuel Toledo Manzur, quien hace unos días renunció a su cargo por supuestos problemas de salud.
De esta manera, Holbox tuvo que entregarle a la inmobiliaria 54 hectáreas en la zona conocida como Isla Grande, que anteriormente era considerada una reserva ecolóca.
Textualmente, el DOF establece: “se deja insubsistente el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de mayo de 2016, por el que se destinó al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 538 mil 762.20 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, ubicada en Isla Grande, Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, para uso de protección, sólo en relación con la moral quejosa Desarrollos Inmobiliarios Xunaan, SAPI de CV,, exclusivamente en la parte en que existe traslape entre los predios identificados como parcelas 19, 20, 21, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 205 y 214, ubicadas en la zona uno del ejido Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo”.
De esta manera, la justicia federal resolvió favorable para el empresario regiomontano el amparo en revisión 709/2019 que promovió en contra de actos de la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, Cámaras de Diputados y Senadores, Semarnat, SCT, Secretaría de Turismo, Zofemat y Ambientes Costeros que declararon como público un predio de su propiedad, por lo que el juez ordenó al Gobierno Federal resarcir el daño y declararlo como propiedad privada.
