Oportunista y resuelto como es, Ricardo Anaya usa la estrategia de Andrés Manuel y se lanza con toda anticipación y por segunda vez, en busca de la Presidencia de México

4

El queretano Ricardo Anaya, excandidato presidencial panista y perredista, anda en campaña de nueva cuenta, ahora rumbo a los comicios presidenciales del 2024. Con un expediente penal que pudo ponerlo tras las rejas y que la cobardía del entonces presidente Peña Nieto se negó a usar –pese a los ataques recibidos del grupo salinista detrás de la candidatura de Anaya por no suscribir dicho proyecto sucesorio y optar por uno propio, como fue José Antonio Meade postulado por el PRI-, el panista se propone defenderse políticamente y en todos los foros posibles de la opinión pública, de cualquier posible acusación penal promovida por quien tanto lo identifica como delincuente y gran objetivo de su guerra contra la corrupción, el actual presidente de la República, y, al mismo tiempo que coronar sus sueños de grandeza, revertir los pesos de la balanza del poder y ser él quien persiga y acabe con el odiado liderazgo de López Obrador y todo lo que representa en el país y para los intereses de grupos de la oligarquía como el de Anaya. Y así, luego de varios meses de protagonismo en las redes sociales contra el Gobierno federal de Andrés Manuel, el candidato presidencial panista y perredista en las elecciones de 2018 anunció su regreso a la política para buscar la Presidencia de la República en 2024, ahora tratando de emular la exitosa estrategia lópezobradorista de recorrer el país y posicionarse entre la población. Su problema mayor, sin embargo, es su antipatía asociada a su pésima reputación; no sólo por haber sido derrotado estrepitosamente hace casi tres años, sino también porque en repetidas ocasiones ha sido expuesto en denuncias por enriquecimiento ilícito y por haber estado involucrado en los ilegales negocios cometidos por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, durante la administración de Peña Nieto, concretamente durante la aprobación de la reforma energética operada para privatizar Pemex y favorecer a un puñado de grandes mafias inversoras. De modo que Anaya, como el gran oportunista que es, pretende ‘madrugar’ la candidatura de Acción Nacional antes de que nadie más aparezca en el tablero, tanto para enfrentar una posible persecución penal como para anticiparse a los tiempos y los movimientos sucesorios del presidente de la República y líder político más popular de todos los tiempos.

Javier Ramírez

Tras sus esporádicas apariciones en Twitter, donde se encargaba de refutar todas las acciones emprendidas por el Gobierno federal, Ricardo Anaya decidió finalmente que dejaría las redes sociales para salir a la calle y buscar nuevamente ser candidato presidencial en las elecciones de 2024.

Para ello, se encargará de tomar un papel similar al que tuvo Andrés Manuel años antes de convertirse en candidato presidencial por tercera vez consecutiva, recorriendo todo el país para conocer a las personas y apuntalar un proyecto de Gobierno que dé solución a los problemas de la población, es decir: haciendo propaganda de posicionamiento directo, y antes que ningún otro, entre todos los potenciales electores.

A Anaya no parece preocuparle que más de la mitad de los mexicanos no sólo desprecie su persona y todo lo que su partido representa. Le importa defenderse de la posibilidad de ser aprehendido por las investigaciones que la Fiscalía General de la República mantiene en contra de los involucrados por el caso Odebrecht, y al mismo tiempo ganar espacio y tiempo para su más grande causa personal. Entiende y ejerce la divisa de que la mejor defensa es el ataque.

Declina la plurinominal

En diciembre del año pasado muchos vieron con extrañeza que Ricardo Anaya había mantenido relativo silencio en sus cuentas de redes sociales, luego de que semanas antes estuvo muy activo acusando al Gobierno federal de implementar una mala política ante la contingencia sanitaria.

Se especulaba que este mutis podía deberse a dos cosas: a que estaría alistándose para una eventual candidatura del PAN a una diputación federal, o a que estaba a la espera de una orden de aprehensión como parte de las investigaciones del caso Odebrecht, en el que lo involucró Emilio Lozoya Austin.

No fue sino hasta el pasado 18 de enero cuando el mismo Anaya, por medio de un video, se encargó de aclarar las cosas: que sí había sido “invitado” por el PAN para buscar una candidatura plurinominal, pero que iniciará una nueva etapa para buscar la nominación presidencial en el 2024.

En ese sentido, aseguró que próximamente comenzaría a recorrer sus primeros mil Municipios, ya que ahora está convencido de que su papel debe ser otro “para ayudar a que las cosas mejoren”.

Así, dijo que se dedicará a contribuir no desde una tribuna o desde una oficina, sino desde la calle, en las comunidades y con la gente. Comentó que además apoyará decididamente a los candidatos panistas, porque urge que exista un contrapeso real en el Congreso de la Unión para “hacer frente a este Gobierno incapaz y mentiroso” de la Cuarta Transformación.

Tranzas inmobiliarias

El expresidente nacional del PAN, quien tras la derrota propinada por Andrés Manuel en 2018 se mudó a los Estados Unidos y se dedicó a dar cátedra, habría adoptado esta nueva estrategia para que cualquier intento que la Fiscalía hiciese para detenerlo, pudiera ser visto como una táctica del Gobierno federal de impedir su candidatura.

Eso podría pensar uno si no se tratara de la misma persona que en varias ocasiones ha sido expuesto por incrementar ilegalmente su patrimonio y el de su familia política en su natal Querétaro.

Porque, como se recordará, en 2009, siendo secretario particular del gobernador queretano Francisco Garrido Patrón, Ricardo Anaya conformó una fundación denominada Por Más Humanismo A.C. con la finalidad de favorecer a empresarios panistas locales. Un año después recibió en la cuenta bancaria de dicha fundación un depósito de un millón 650 mil pesos del empresario Abraham Jaik Villarreal, dueño de JV Construcciones Civiles, cantidad con la que adquirió un terreno donde construyó un edificio que en 2016 se vendió en 7 millones 854 mil pesos a la empresa Agacel Agregados Asfaltos, copropiedad de Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Coparmex Querétaro. Desde entonces, la fundación había servido para encubrir una triangulación de recursos que dejó a la familia de Anaya millonarias ganancias.

Anaya aceptó haber realizado la referida compra pero aseguró que dejó la fundación en 2014 y desde entonces ignoraba lo que había sucedido. Acusó a Enrique Peña y al PRI de haber iniciado una guerra sucia en su contra, ante la desesperación de que el entonces precandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña no levantaba en las encuestas.

Enriquecimiento ilícito

Antes de que Anaya laborara para el gobernador de Querétaro y de contraer matrimonio con Carolina Martínez, su familia contaba con seis inmuebles con un valor total de 21.9 millones de pesos. Pero a partir del 2003 las propiedades se multiplicaron, al comprar otras 27, incluida las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. El negocio más rentable fue la transmisión accionaria de un inmueble denominado Plaza Juriquilla, que cuenta con 120 locales. De este modo, la familia de Anaya Cortés poseía, en 2018, 17 empresas con un valor de 308 millones de pesos, una suma que no cuadraba con los cargos que había ocupado anteriormente.

Cuando la noticia salió a la luz, con el apoyo del PRD y el Movimiento Ciudadano integró el llamado “Frente ciudadano por México”, cuya primera acción fue bloquear durante casi una semana la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con el pretexto de exigirle al PRI que dictaminase una iniciativa que frenara el pase automático de Raúl Cervantes como fiscal general de la República.

Sobornado por Odebrecht

Cuando el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, fue extraditado desde España el año pasado, ste llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la República para garantizar su libertad. A cambio, soltó toda la información que tenía con respecto a los casos por los que había sido detenido: la compra de la inservible Agro Nitrogenados y los sobornos de la empresa Odebrecht en México.

De acuerdo con la FGR, Lozoya “intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias, particularmente cuando era coordinador de campaña presidencial del 2012” cuyo candidato era Enrique Peña Nieto.

Odebrecht era dirigida en México por Luis Alberto Meneses Weyll, quien constantemente se reunía con Lozoya para pedirle orientación en la estructuración de programas en diversos Estados del país, Veracruz e Hidalgo, principalmente.

Entre 2013 y 2014 Odebrecht entregó 80 millones de pesos a senadores del Partido Acción Nacional para que se aprobara la llamada Reforma Energética. Entre los beneficiados estuvieron Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda de Felipe Calderón; los actuales gobernadores de Tamaulipas y Querétaro, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, respectivamente; y, entre varios otros, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, quien habría recibido 6.8 millones de pesos.

De todos los funcionarios nombrados, Ricardo Anaya fue el único que negó tajantemente haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética de Peña Nieto, y acusó que los señalamientos en su contra formaban parte de una estrategia para golpearlo de cara al proceso electoral de este 2021, donde preveía una candidatura plurinominal.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.